Continúa sin aplicar el Supremo la amnistía decretada por el poder legislativo
El Gobierno, o la Presidencia del Parlamento, han debido instar a la Fiscalía General del Estado a que interponga querella por presunta prevaricación contra los responsables del alto Tribunal, pues pretenden desconocer las leyes legítimamente emanadas del Parlamento, actuando no como jueces, sino como un grupo de funcionarios del Estado con intención de torcer la voluntad del legislador.
La visita de Carlos Puigdemont a Barcelona y su posterior huida ha desencadenado todo tipo de comentarios, en los que unos ponían de manifiesto la responsabilidad de los mozos de escuadra en lo sucedido, y otros han tratado de culpar al Gobierno central por no haber capturado y detenido al ex Presidente de la Generalitat. Debemos destacar el coro mediático de la caverna, utilizando todo tipo de retorcidos argumentos, para culpar, como no, a Pedro Sánchez.
Sin embargo, han sido pocas las voces que han puesto de manifiesto que nada de esto se hubiera producido si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estuviera aplicando como es su obligación, la Ley de Amnistía, mediante la que inequívocamente se extienden sus beneficios también a Carlos Puigdemont. Se desprende que lo contrario a derecho en este asunto es el mantenimiento de la orden de detención cursada por el Juez Llarena contra una persona que debía estar ya exonerada de responsabilidad penal por los hechos del “proces”, según la voluntad del Parlamente Español, depositario de la soberanía popular.
Ya han pasado suficientes días tras la abierta negativa de dicho Tribunal en aplicar una Ley sin que haya habido la necesaria reacción ni del Gobierno de España, ni del Congreso, contra una actuación del calibre de la que estamos comentando.
El Poder Judicial, compuesto por los jueces y magistrados que lo integran, un grupo de funcionarios cuyo poder no tiene otro soporte que el respeto a la soberanía popular y su absoluta dependencia de la Ley, de cumplir y hacer cumplir la Ley, comete una desviación de los principios democráticos, contra la división de poderes, al erigirse, por el contrario, en un poder injusto, que incumple su función, y comete con ello una actividad en abierto conflicto con la soberanía popular. Creo que puede afirmarse sin ambages, dado la claridad de la Ley de Amnistía, que la negativa a aplicarla a Puigdemont podría calificarse como una presunta prevaricación.
«Ese olor a podrido … es el mismo que desprende la Sala Segunda del Tribunal Supremo en España… que ponen de manifiesto la falta de imparcialidad política de la Sala Segunda del TS y su subordinación a la estrategia política de las derechas españolas», según nos dice el profesor Pérez Royo en un artículo publicado el 6 de julio en el Diario.es., en el que señala que la interpretación que lleva a cabo el Supremo «supone una subversión del principio de legitimidad democrática en el que descansa todo el sistema político y el ordenamiento jurídico de nuestro Estado democrático, de Derecho, como el de cualquier otro digno de tal nombre… subvierte el sistema democrático de la manera más radical posible, transmitiendo con ello un mensaje a las derechas españolas de que no tienen que preocuparse de negociar ningún asunto en las Cortes Generales porque será el propio Tribunal el que decida lo que las leyes generales han aprobado… Que la mayoría aprueba lo que le dé la gana, que ya me encargaré yo de darle la vuelta… es impensable que un sistema democrático pueda operar con un poder judicial en rebeldía contra el Parlamento». El artículo de Javier Pérez Royo se publicó con el título de “Algo huele a podrido en el sistema de justicia”.
Hemos hecho tan extensa cita del mismo para insistir ante el lector en la gravedad de lo llevado a cabo por los jueces Marchena, Llarena, y los restantes que componen dicha Sala, y ante la otra cuestión inaudita como la que hasta la fecha ni el Gobierno, ni el Parlamento, hayan hecho nada para impedir ese atentado a su soberanía, que es en definitiva la del pueblo español. Correspondiendo la principal responsabilidad a los Órganos citados, llama asimismo la atención que se esté consintiendo este proceder por la Vicepresidenta Yolanda Díaz, dirigente de una organización política que se dice a la izquierda del PSOE respecto de tamaño dislate.
El Gobierno, o la Presidencia del Parlamento, han debido instar a la Fiscalía General del Estado a que interponga querella por presunta prevaricación contra los responsables del alto Tribunal, pues pretenden desconocer las leyes legítimamente emanadas del Parlamento, actuando no como jueces, sino como un grupo de funcionarios del Estado con intención de torcer la voluntad del legislador.
Pues bien, hasta la fecha ni el Presidente del Gobierno, ni la del Congreso, han ejercido la enérgica reacción que exige este asunto de tantísima trascendencia para la democracia en nuestro país.
Y estamos viendo que esta no es la única actuación de su papel por parte de ciertos jueces de los órganos judiciales superiores, sino que son ya muchas las que se han estado llevando a cabo, con luz y taquígrafos, y frente a las que únicamente ha reaccionado Pedro Sánchez cuando le han golpeado directamente en el ámbito familiar.
Sin duda esta actuación del Estado Profundo es la más grave de todas las que se han venido sufriendo en España, pero sólo es una más de una cadena fácilmente detectable, no solo a cargo del poder judicial, sino de otros poderes del Estado, respecto de los que no ha sido posible enmendar y castigar a sus responsables por parte de las autoridades democráticas. No solo pensamos en la policía patriótica, sino en la terrible sensación de que en general parte de los poderes el Estado actúa de manera prácticamente autónoma, siguiendo sus propios usos muchas veces imbuidos de comportamientos antidemocráticos, a los que el poder ejecutivo ni dirige, ni pone coto, ni sanciona. Reflexione el lector sobre los comportamientos de que muchas veces seguro ha sido testigo, o sufrido, de actuaciones administrativas o políticas estatales, acometidas en los más diversos ámbitos gubernativos o de poder, para valorar la realidad de lo que estamos denunciando. Ciertos poderes del Estado siguen su propia rutina, con frecuencia antidemocrática, al margen del color político de quien lo gobierne.
Estos hechos son sin duda uno de los mayores motivos de la desafección de muchos españoles con la democracia, y tal vez sea una de las causas que expliquen el auge de la extrema derecha, ante la sensación de impotencia que sufre el ciudadano común.