La financiación. ¿Cuáles son los privilegios de la Iglesia en España? (5)

En los países de nuestro entorno el dinero que llega a las Iglesias lo ponen realmente sus feligreses y no el conjunto de la ciudadanía. No como en el tramposo sistema español.

Cuando los sectores progresistas del estado español reivindican unas políticas liberadas de la tutela clerical en nuestro país, no están exigiendo nada  revolucionario, o propio incluso de regímenes especialmente avanzados, o socialistas; cuando hablamos de escuela pública, de modificar el sistema de financiación de la Iglesia, en nuestro caso, católica, de cambiar los mecanismos de socialización, se está pidiendo el que se homogenice nuestra situación con la del resto de países europeos de nuestro entorno, ni más, ni menos.

En materia de enseñanza, por ejemplo, España lidera en Europa la presencia de la oferta privada concertada en la educación. En el  informe BBVA relativo a las Cuentas de la educación en España 2000-2013,[i] se dice que las aportaciones de las administraciones públicas a la enseñanza privada representan casi el 50% de sus recursos, siendo más del 60% la destinada a educación secundaria y profesional, operando sobre todo a través de los conciertos educativos. Sorprendentemente estas aportaciones se han comportado de manera más regular que las realizadas a los centros públicos, de manera que durante buena parte de la crisis económica que arranca en 2007, mientras se ajustaban los recursos presupuestarios para la enseñanza estatal se habrían mantenido los dedicados a los concertados.

Según los datos de Europa Laica,[ii] el porcentaje de alumnos en la enseñanza primaria privada es en  Dinamarca del 15.5%, en  Suecia del 10%, en Reino Unido del 13%, en Francia del 14%  y en España del 27,9%. Menos del 10% en Italia y Alemania.

Esta oferta privada no se distribuye uniformemente en la geografía española ya que es dominante la  escuela pública en municipios con menos de cien mil habitantes. La  España vaciada nada espera de la privada.

El mayor tamaño de las localidades en que muestra su mayor presencia la privada, permite a ésta  reclutar su alumnado entre las clases media o media alta, mientras que se desentiende de las coberturas de los lugares pequeños. Así, según informan Daniel Sánchez y Ana Ordaz,[iii] el 68% de los alumnos en España asisten a centros públicos, mientras que la media europea es del 81%.

Otro elemento particular español, a que conduce nuestra estructura educativa, es que de los centros concertados el sesenta por ciento pertenecen a la Iglesia Católica.

La mayoría de estos centros exigen de una u otra manera a los padres del alumnado, diversas contribuciones económicas, por unos u otros conceptos, lo que implica un encarecimiento de la educación, y un mecanismo de discriminación en contra de las familias más desfavorecidas económicamente.

El perverso sistema que sufrimos conlleva muchas consecuencias directas e indirectas, entre ellas fortalecer la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, con hechos de tanta trascendencia como el poder que se le confiere sobre miles de españoles, de los que resulta empleadora, pero eso sí, con fondos públicos.

Es la dirección de cada centro la que selecciona al profesorado, sin otro mecanismo que su libérrima voluntad, aparte de contratar a los distintos trabajadores que cubren las otras necesidades de los centros, y los empleos indirectos que todo ello proporciona, por no hablar del profesorado de religión, designado directamente por la Curia. El poder material y social que todo esto produce, fortaleciendo el poder de la Iglesia Católica sobre la sociedad española, resulta evidente.

Como resumía Ignacio Escolar en el Diario.es[iv], todo este sistema se concreta en:

1.- España es el país de nuestro entorno con menos enseñanza pública y más privada concertada.

2.- El impulso que dio a este sistema, presuntamente de forma temporal, el gobierno de Felipe González en los años 80, ha devenido en definitivo, y las exigencias eclesiales cada día son mayores.

3.- Los conciertos, que drenan del Presupuesto Público unos seis mil millones de euros anuales, son más numerosos en las Comunidades ricas que en las pobres.

4.- Se establecen en los centros privados diversos mecanismos de pago para las familias, que los alejan de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, haciéndolos coto de las clases media y medias-altas.

5.- Con estos sistemas se segregan los niños ricos de los pobres.

6.- Una de las consecuencias más evidente del perverso sistema, es que en los colegios públicos la repetición de clase es mucho mayor que en los privados.

7.- La gran mayoría de los concertados son colegios religiosos, algunos imponiendo la segregación por sexos, sobre todo los del Opus Dei.

8.- Se financia con dinero público el adoctrinamiento religioso.

Y además, sirve toda esta dinámica a otros fines. Como nos indicó Federico Zurita Martínez,[v] «los años en que se hicieron estadísticas sobre los resultados obtenidos en la selectividad por los alumnos de la concertada y de la pública, se constataron dos hechos: el alumnado de la privada llegaba a la selectividad con notas más altas, y sin embargo, los de la pública obtenían mejores calificaciones en las propias pruebas de selectividad. Las calificaciones de la pública reflejaban mucho mejor el nivel de conocimiento».

Las connotaciones y consecuencias de todo ello no precisan de mucha explicación.

Resulta pues patente, que el pretender incrementar el papel de la escuela pública en nuestro país, su carácter laico, sus mecanismos democráticos e igualitarios, no constituye ninguna pretensión revolucionaria, sino mucho más modestamente, el homogeneizarnos con los países democráticos de nuestro entorno.

Y si nos ceñimos al asunto de la financiación de las Iglesias, verá el lector que las peticiones de que se modifique su mecanismo no constituyen ninguna petición maximalista, sediciosa, sino un intento de que, al igual que hacen los países de nuestro entorno, se impidan los abusos sectarios y los privilegios en esta materia a favor de la Iglesia Católica.

Siguiendo el esclarecedor libro «Iglesia S.A.» de Ángel Munárriz[vi], recordemos que el sistema de asignación directa de recursos presupuestarios en España se efectúa de la siguiente manera: «Los contribuyentes que así lo deseen pueden marcar una x en la casilla del impreso de declaración, correspondiente a la Iglesia lo cual obliga a Hacienda a destinar un porcentaje de la cuota íntegra resultante, que en principio fue del 0.5239%, a la institución religiosa. El mecanismo está diseñado para que el contribuyente que pone la x no tenga que añadir nada de su bolsillo». Hay que recordar que Rodríguez Zapatero lo elevó al 0.7%.

Imaginemos, señala Ángel Munárriz, «que un contribuyente no marca ninguna x, le salen a pagar 500 euros, igual cantidad que a otro que si la ha puesto. El estado recibe 500 euros de cada uno. Y ¿después?, pues de los 500 del que no ha marcado x, el estado se lo queda todo, y del otro, tiene que dar su parte a la iglesia, por lo que esta cantidad sale de la masa total recaudada, deja de ir a pagar los gastos generales del Estado, para pagar a la Iglesia». Es decir, que entre todos, laicos y agnóstico, ateos y creyentes pagamos la financiación a la Iglesia Católica.

En Alemania, por ejemplo, también existe un impuesto religioso, su porcentaje puede oscilar entre el 8 y el 10% de la cuota tributaria, pero es dinero que el contribuyente pone de más. Es una decisión individual, adulta, que exige tomar responsabilidades. Así, el dinero que llega a las Iglesias lo ponen realmente sus feligreses y no el conjunto de la ciudadanía. No como en el tramposo sistema español.

Nos indica Alejandro Torres en «La financiación de las religiones en el espacio europeo»,[vii] que el sistema indicado lo siguen además de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

En Reino Unido, EEUU, Irlanda, el estado no aporta directamente ninguna financiación. En fin, en Francia no paga, no subsidia religión alguna, salvo en Alsacia y Lorena, que estaban sujetos a Concordato antes de pasar a su soberanía, tras la Primera Guerra Mundial.

Vemos pues que las peticiones que en estos aspectos se formulan, no son nada revolucionarias, ni mucho menos, como con alarmismo y de manera periódica indica la Iglesia en España, ni conllevan ningún tipo de persecución hacia ella; por el contrario, pretenden exclusivamente asimilarnos al resto de países europeos avanzados de nuestro entorno, homogeneizándonos con las prácticas democráticas.

Por último y dado la polémica que acompaña a la Ley Celaa, por la oposición de la derecha y la extrema derecha, señalemos que los aspectos que han generado la cólera de los ultra son: la prohibición de segregación por sexos en las aulas de los centros que reciban fondos públicos, impuesta sobre todo por el Opus Dei, la apuesta por la igualdad, potenciando la presencia de hombres y mujeres de una forma equitativa en los claustros de profesores y fomentando que las alumnas estudien asignaturas tradicionalmente consideradas masculinas, la repetición de curso como algo excepcional, la eliminación de que la religión compute para la nota media, introduciendo una asignatura de valores civiles y éticos y con la pretensión de que tras un plazo de adaptación de diez años, todos los centros escolares puedan ofrecer plazas a  los alumnos que necesiten educación especial.

La nueva ley pretende, además, controlar los pagos que con diversos camuflajes exigen en los centros privados al alumnado, uno de los más eficaces mecanismos para segregar por niveles económicos, impide la cesión de suelo público para centros privados, mientras insta a ofrecerlo para crear escuelas públicas, y potencia el mecanismo de elección de colegio según el lugar de residencia de la familia, intentando que no se conviertan los centros estatales en guetos donde 9 de cada 10 alumnos pertenecen a familias desfavorecidas económicamente, como está ocurriendo en la actualidad.

Estas son las medidas, tímidas, que pretenden paliar mínimamente las excepcionalidades españolas, que provocan la desquiciada sublevación reaccionaria y que lo que realmente ponen de manifiesto es su pretensión de mantener la confesionalidad y la discriminación clasista, de hecho, en la enseñanza. Su deseo de que no entren en sus aulas los desfavorecidos económicamente y singularmente, los hijos de inmigrantes, ponen bien de manifiesto cuáles son sus propósitos reales, que pretenden camuflar con los gritos de «libertad libertad».

Por último, recordemos que poco revolucionarias pueden ser las reclamaciones de que no se continúe con la privatización de la sanidad, imparable desde hace más de un decenio, y con un crecimiento extraordinario de los clientes de las aseguradoras privadas, que no han dejado de crecer, de la mano del deterioro de la imagen y recursos de la sanidad pública, y de los continuos recortes en cobertura, alargamiento de las listas de espera, de las pruebas diagnósticas y de los tratamientos, de la mano de la infrafinanciación que viene sufriendo, con una caída que solo en 2012 ascendió al 5,3%.

No está de más que recordemos que la Iglesia es propietaria de una amplia red de centros sanitarios.

Según el diario Público, en su edición del pasado 10 de abril, tales centros compiten ventajosamente con otras empresas privadas, gracias a que al ser considerados como entidades sin ánimo de lucro, tienen grandes ventajas fiscales.

Los hospitales de la Iglesia propiamente dichos disponen de 11.627 camas, el 23.1% de la oferta privada.

Los hospitales católicos operan en un mercado muy competitivo, que maneja 36 mil millones de euros al año, más de un tercio del gasto sanitario global, y donde los conciertos con la Administración y los acuerdos con las aseguradoras son importantes fuentes de ingresos.

Tampoco parece, pues, que sea especialmente insurreccional reivindicar un fortalecimiento de la sanidad pública.

Alberto García


[i] Fundación BBVA-IVIE-2016.

[ii] Mundodiario, laicismo. org., 22 de abril de 2019.

[iii] El Diario.es,  26 de febrero de 2019.

[iv] El Diario.es, 20 de noviembre de 2019.

[v] Laicismo. org., 25 de abril de 2012.

[vi] Ángel Munárriz, Iglesia S.A., editorial Akal.

[vii] La financiación de las religiones en el espacio europeo, VI  Jornadas laicistas de Europa Laica

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