Del gendarme cipayo en Gaza al cerco atlantista sobre Canarias: el rol subimperial de Marruecos

El acoso permanente sobre las plazas  de soberanía española (Ceuta y Melilla) y la presión constante en la frontera sur no  buscan únicamente incidir en la política doméstica de Madrid; persiguen disputar y  neutralizar la soberanía efectiva sobre la puerta occidental del Mediterráneo.

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El análisis de las dinámicas internacionales en la actual fase de transición  geopolítica exige superar la mera crónica de los hechos coyunturales para  desentrañar la lógica estructural que los articula. En un escenario marcado por la  acelerada descomposición de la hegemonía atlantista, el centro imperialista no  actúa únicamente mediante la intervención directa o el despliegue masivo de sus  tropas; ha optado por reactivar y repotenciar estructuras intermedias de  dominación. En este esquema de división del trabajo político y militar, la satrapía de  Marruecos ha consolidado su transición teórica y práctica, dejando de ser un mero  cliente diplomático para erigirse como un Estado subimperialista y un gendarme  cipayo, subordinado de forma orgánica a las exigencias estratégicas de  Washington, la OTAN y Tel Aviv. 

La naturaleza de este rol supletorio trasciende con creces el marco regional del  Magreb. La prueba más fehaciente de esta condición de fuerza mercenaria se sitúa  hoy en el Mediterráneo Oriental. La adjudicación por parte del artificio plutocrático  de Donald Trump, denominado Junta de Paz, de contratos para la construcción de  infraestructuras militares en la Franja de Gaza —destinadas específicamente a  albergar contingentes de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes— expone la  profundidad del peaje pagado por Rabat a cambio del aval anglo-sionista sobre su  ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Tras la formalización de los Acuerdos de  Abraham, la monarquía alauita instrumentaliza las fronteras del norte de África 

mediante una administración calculada de los flujos migratorios —alternando la  contención policial con la apertura deliberada como arma de chantaje híbrido sobre  España—, mientras presta activamente su aparato armado en Oriente Medio como  fuerza de ocupación secundaria y auxilio punitivo para la contención colonial del  pueblo palestino bajo la tutela directa del régimen israelí. 

Sin embargo, este despliegue mercenario en Gaza no ocurre en el vacío  geopolítico. Coincide temporal y cualitativamente con la profunda reconfiguración  del flanco oriental, escenificada tras la firma del pacto de defensa mutua en La  Meca entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. La articulación de este eje tripartito — que aglutina capital financiero islámico, capacidad industrial militar en el ámbito de  la aeronavegación no tripulada y disuasión nuclear— altera radicalmente el  equilibrio en el Golfo y en el espacio euroasiático. Ante la emergencia de bloques  regionales con agenda propia, el eje Washington-Tel Aviv se ve en la necesidad  perentoria de blindar los extremos del corredor que conecta el Atlántico con el Mar  Rojo, depositando la tutela de los puntos de estrangulamiento táctico (chokepoints)  en manos de intermediarios plenamente adiestrados y dependientes. Es en esta precisa arquitectura geoestratégica donde el Estrecho de Gibraltar se  convierte en un objetivo de control absoluto. El acoso permanente sobre las plazas  de soberanía española (Ceuta y Melilla) y la presión constante en la frontera sur no  buscan únicamente incidir en la política doméstica de Madrid; persiguen disputar y  neutralizar la soberanía efectiva sobre la puerta occidental del Mediterráneo. Para la  planificación del Pentágono, la OTAN y el complejo militar-industrial sionista, una  soberanía estatal que eventualmente pueda cuestionar el uso de sus bases o poner  límites a la escalada bélica en Oriente Medio resulta disfuncional. La meta  estratégica consiste en sustituir progresivamente ese margen de autonomía por la  tutela de un gendarme alauita cuya supervivencia política depende en exclusiva del  patrocinio imperial, garantizando así un pasillo de tránsito militar inmune a cualquier  fiscalización democrática o legislativa. 

La materialización de este diseño cuenta con una expresión física, logística y  doctrinal incontrovertible a escasa distancia del Archipiélago Canario. El proceso de  descentralización operativa y trasvase de capacidades del Mando de Estados  Unidos para África (AFRICOM) hacia territorio marroquí, la institucionalización de las  maniobras de gran escala African Lion, y los acuerdos bilaterales suscritos para la  edificación en Tan-Tan de polígonos de tiro avanzados y centros de producción  industrial de drones, representan un salto cualitativo en la militarización del  Atlántico. Esta infraestructura beligerante se articula mediante el eje vial Tiznit-Dajla,  rebautizado por el régimen de Rabat como la «Carretera Donald Trump»: una arteria  logística de más de mil kilómetros que discurre paralela al litoral atlántico,  conectando el territorio marroquí con las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y 

militarizando de forma permanente la franja continental que mira directamente a  Canarias. 

La cercanía es aplastante: la distancia que separa el polo militar de Tan-Tan de las  costas de Fuerteventura es de apenas 130 kilómetros. Esta proximidad geográfica  implica que el Archipiélago queda situado de manera directa dentro del radio de  cobertura táctica, patrullaje y adquisición de objetivos de la aviación no tripulada,  los sistemas de misiles y la artillería interarmas desplegados por el tándem  Washington-Rabat. Sostener ante esta realidad que la seguridad e integridad del  pueblo canario pueden ser garantizadas mediante la sumisión a la disciplina  atlantista de la OTAN constituye una peligrosa distorsión de los hechos. La alianza  atlántica no actúa como escudo protector frente a las pretensiones expansionistas  del régimen alauita; por el contrario, convalida, financia e impulsa el rearme de  Marruecos como pieza central de su dispositivo regional. 

El horizonte estratégico proyectado a medio y largo plazo trasciende, además, el  mero chantaje fronterizo o migratorio. Apunta hacia un plan preconcebido de  ocupación de facto y vaciamiento de la soberanía sobre el Archipiélago Canario,  aplicando por vía indirecta el mismo esquema de subordinación funcional  desplegado en Gaza. Washington no requiere una invasión militar directa ni el izado  de su bandera sobre las instituciones locales. La estrategia pasa por instrumentar a  Marruecos como el vector de presión constante que degrade la soberanía territorial  española sobre las aguas jurisdiccionales, la plataforma continental y los  yacimientos submarinos estratégicos contiguos a Canarias. 

Este diseño de apropiación legal y territorial quedó institucionalizado cuando el  Parlamento marroquí aprobó unilateralmente en 2020 las leyes 37-17 y 38-17 de  delimitación de su mar territorial y Zona Económica Exclusiva (ZEE). Si bien el  objetivo primordial del régimen de Rabat con esta maniobra legislativa fue  consumar la anexión de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental ocupado, la  iniciativa provocó un solapamiento deliberado e inaceptable sobre las aguas e  intereses soberanos de España en Canarias. 

Esta pulsión por el control territorial adquiere una urgencia crítica en el plano  geoeconómico global. La decisión de Pekín de restringir severamente y congelar las  exportaciones de tierras raras hacia EE. UU. y sus aliados como Japón evidencia la  asfixia del suministro de insumos indispensables para la industria armamentística  atlantista (sistemas de guiado de misiles, telecomunicaciones avanzadas y aviación  no tripulada). Ante este bloqueo estructural impuesto por China, los vastos  yacimientos del lecho oceánico al suroeste de Canarias —que albergan  concentraciones masivas de telurio, cobalto y tierras raras en montes submarinos  como el Tropic o el Echo— se convierten en una presa indispensable para la  maquinaria de guerra del Pentágono.

En este punto, Marruecos actúa como el ariete y subcontratista encargado de  forzar la apropiación de estos recursos. Su función es eludir la soberanía del Estado  español y las normativas medioambientales internacionales, garantizando un  expolio desregulado en favor del complejo militar-industrial anglo-norteamericano.  Bajo este modelo de «anexión funcional», la amenaza permanente del gendarme  alauita es utilizada por el propio centro imperialista para ofrecerse como el «único  mediador e interlocutor de seguridad», exigiendo a cambio la cesión irrestricta de  los puertos, aeropuertos e instalaciones del Archipiélago para la logística operativa  del AFRICOM y la OTAN. Canarias queda así convertida en un portaviones estático,  en un protectorado militarizado de uso exclusivo atlantista que pierde cualquier  margen de autonomía política o capacidad de decisión sobre sus recursos  estratégicos y su vasto espacio marítimo. 

La gravedad de este cuadro geopolítico exige superar las posturas de resignada  integración en la maquinaria bélica occidental. La única respuesta compatible con  la supervivencia y la dignidad de los pueblos pasa por la articulación de una  conciencia crítica y una resistencia organizada. Resulta hoy perentorio exigir el  estatuto de estricta neutralidad geopolítica para el Archipiélago Canario, impedir de  forma rotunda la utilización de nuestro suelo, aguas y aeropuertos como  plataformas logísticas o de proyección ofensiva hacia África u Oriente Medio, y  vindicar la vigencia del Derecho Internacional, la desmilitarización del Estrecho y el  respeto innegociable a la autodeterminación de los pueblos frente a la lógica de  expolio del imperialismo contemporáneo.