El Gobierno cambia su posición sobre la reforma de pensiones, pero mantiene sus planes de apoyo a los fondos de pensiones privados y retrasa los recortes de las pensiones hasta 2040
El actual Gobierno incumple la Ley 21/2021, en especial dos de las disposiciones propuestas por los pensionistas, la realización de una auditoría, que deje constancia de la sostenibilidad del sistema, y el mantenimiento de la tasa de reemplazo que obliga a que las pensiones públicas futuras sean al menos iguales, no menores, que las pensiones actuales.
El Gobierno se ha visto obligado a retirar sus propuestas de rebajar las pensiones futuras a los trabajadores ahora activos y retrasar sus ansias de recortes hasta el año 2040. Escrivá ha tenido que ceder ante la resistencia que en defensa de las pensiones públicas y el régimen de reparto han opuesto los pensionistas, organizando plataformas como la COESPE, y numerosos sindicalistas, que han llevado a sus organizaciones a pronunciarse por la realización de una auditoría que demuestre la falsedad de los discursos y argumentos de Escrivá sobre la «falta de sostenibilidad» de nuestra Seguridad Social y la necesidad de recortar las pensiones y facilitar su privatización abriendo la puerta del sistema público de pensiones a los bancos y al capital financiero a través del estímulo a los fondos de pensiones.
En qué consiste el cambio que asume el Gobierno
El cambio consiste en que, por ahora, no se aumentará el número de años para el cálculo de la base reguladora de la pensión, y ese aumento de años para el cómputo de las pensiones se retrasa 16 años, a 2040, a pesar de que desde hace años insistía el ministro en que era imprescindible.
El procedimiento que propone ahora es que el periodo de cómputo pueda elegirlo el trabajador entre los últimos 25 años (como estaba hasta ahora) o bien 27 de los últimos 29 años cotizados. Es totalmente rechazable que el Gobierno insista en mantener el aumento de años de cotización a 29 años cotizados, a partir de 2040. Es decir, se aplaza el recorte que afectará a trabajadores activos que en la actualidad ven lejana la edad de jubilación.
El Gobierno, estando pendientes de concluirse los efectos de la reforma de 2011 (del gobierno Zapatero) y buen conocedor de sus efectos, insistía en prolongar los años de cálculo, poniendo como ejemplo la conclusión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AI ReF) sacaba en 2018 sobre las reformas de 2011 y 2013: «se orientan fundamentalmente a la contención del gasto, diseñando una serie de medidas que dificultan el acceso a la jubilación con el objetivo de atrasar la edad en la que los individuos dejan de trabajar y, posiblemente, reducir las pensiones que reciben, como se muestra en los trabajos de La Fuente y Doménech (2012), en el que estas reformas reducirán el gasto en hasta un 1,4% del PIB una vez pasado el período de transición.» [1]Evaluación de impacto de la reforma del Sistema de pensiones de 2011 en los nuevos pensionistas: Periodo 2013-2015. Documento de Trabajo DT/2018/04.

Otros cambios
El Gobierno reconoce que los problemas financieros de los que tanto le gusta hablar no son causados por las excesivas prestaciones del sistema sino por fallos en la administración de los ingresos por cotizaciones y su derivación hacia gastos de la Administración Central del Estado. Podría haber cogido el camino de realización de la auditoria de la caja de la Seguridad Social y reposición del saqueo, pero ha preferido cerrar los ojos al atraco de las cuentas de la Seguridad Social y aumentar las cotizaciones sociales incrementando las bases máximas de cotización, es decir, destopando las bases máximas e imponiendo una cuota de solidaridad a las cotizaciones de los asalariados de mayor remuneración. Cuota que se llama «de solidaridad» porque no implica ningún aumento de la pensión futura. También se incrementan las cotizaciones que nutren el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Si bien hay que preguntarse por qué es necesario recortar las pensiones a partir de 2040, como si el sistema necesitara recortes «para garantizar su sostenibilidad» cuando no se ha hecho la auditoría que demostraría justo lo contrario. Las propuestas sobre la cobertura de lagunas de cotización de la mujer y las pensiones mínimas parecen relevantes, pero hay que esperar a conocer la amplitud…
La resistencia de pensionistas, trabajadores y sindicalistas
Desde el Gobierno, acompañado por el Banco de España, la banca y los partidarios de los fondos de pensiones, se ha sembrado todo tipo de dudas sobre el futuro de las pensiones públicas. Por todas partes se defendía que la economía española no podría soportar el peso de las pensiones que proporcionaba el régimen de reparto en que se asienta nuestra Seguridad Social, y contra esta posición los propios pensionistas, ante la actitud diletante de las direcciones de los sindicatos, organizaron un movimiento de resistencia constituyendo plataformas en todo el Estado, denunciando que la aparente carencia de recursos en la Seguridad Social era consecuencia del desvío de los excedentes hacia gastos del Ministerio de Hacienda, ajenos a la Seguridad Social.
La asunción de esta realidad y la exigencia de una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social lanzada por la COESPE fue apoyada por cientos de ayuntamientos en sus Plenos, por cientos de miles de trabajadores firmantes de exigencias a los diputados, por el pronunciamiento de congresos de las centrales sindicales y por miles de concentraciones en centenares de pueblos y ciudades de toda la geografía española. Un movimiento que culminó en una ley aprobada en Cortes que incluía la auditoría, a finales de diciembre de 2021, y que dio el mensaje de alerta a toda la clase obrera contra los planes de Escrivá. Qué duda cabe de que las movilizaciones de Francia, basadas en la unidad de las organizaciones obreras, contra las reformas de la Seguridad Social emprendidas por un gobierno de derechas, creaban en España un paralelismo muy molesto para el «gobierno de progreso» en vísperas de elecciones.
Este conjunto de circunstancias, junto a la resistencia a los planes del capital que se ha manifestado en todas las formas posibles, ha obligado al Gobierno a cambiar y aplazar sus propuestas. La lucha debe continuar.
Las reivindicaciones que aparecen aceptadas por el Gobierno han constituido y seguirán siendo el entramado de la resistencia organizada en defensa de la Seguridad Social y el régimen de reparto: el destope de las bases máximas de cotización, el incremento de las cotizaciones sociales, el respeto y creación de las reservas del sistema, el rechazo a aumentar los años de cotización, la cobertura de las lagunas de cotización para eliminar la brecha de género, el aumento de las pensiones mínimas, etc. Estas fueron muchas de las reivindicaciones que se les plantearon por parte de las organizaciones de pensionistas a los representantes de todos los grupos parlamentarios de izquierda del Congreso tras la masiva movilización estatal del 15 de octubre último en Madrid. Y muchas de ellas siguen vigentes, como la exigencia de que se cumpla la ley y el Gobierno autorice una auditoría del Tribunal de Cuentas a la Seguridad Social y también sigue vigente el rechazo a los planes de privatización mediante la implantación de pensiones privadas que sustituyan a las pensiones públicas, que ceden parte de su espacio gracias a los recortes, objetivo éste al que el Gobierno, según Escrivá, no renuncia.
Nada se dice de la realización de la auditoría y de la privatización de la Seguridad Social.
El problema es que el régimen de reparto en que se asienta nuestra Seguridad Social ha sido y sigue siendo víctima de los incumplimientos legales de los Gobiernos, incluido el actual. Gobiernos anteriores incumplieron tanto la ley destinando parte del patrimonio de la Seguridad Social para otros fines (lo que el propio Tribunal de Cuentas denomina «gastos impropios»), como la legislación presupuestaria por medio de manipulaciones contables; pero el actual Gobierno incumple la Ley 21/2021, en especial dos de las disposiciones propuestas por los pensionistas, la realización de una auditoría, que deje constancia de la sostenibilidad del sistema, y el mantenimiento de la tasa de reemplazo que obliga a que las pensiones públicas futuras sean al menos iguales, no menores, que las pensiones actuales. La lucha por la auditoría que permita limpiar las cuentas públicas de manipulaciones y saqueos sistemáticos a las cotizaciones sociales es una exigencia democrática irrenunciable.
Sacar a la luz pública que las cuantiosas reservas del sistema se utilizaron para otros gastos permite exigir al Estado las compensaciones necesarias para mantener el nivel de prestaciones actuales para los futuros pensionistas, subir las mínimas y eliminar la brecha de género. El incumplimiento de la ley que hace el Gobierno solo tiene por objeto cubrir a los anteriores Gobiernos y que Escrivá aplique su plan de privatización y recortes basándose en la propaganda de los bancos sobre la supuesta crisis de la Seguridad Social. Así protege a todo el entramado de las altas instituciones del Estado dispuestas a retrasar, a evitar y desnaturalizar la auditoría pública para así cubrir las prácticas antidemocráticas y corruptelas que falsifican las cuentas y protegen a sus actores.
Más que nunca, la exigencia de una auditoría de las cuentas permite realizar la unidad entre los trabajadores activos y pensionistas, y sus organizaciones.
Juan Miguel Fernández
Fuente: Información Obrera.
12 de marzo de 2023
Notas
⇧1 | Evaluación de impacto de la reforma del Sistema de pensiones de 2011 en los nuevos pensionistas: Periodo 2013-2015. Documento de Trabajo DT/2018/04. |
---|