El Gobierno cambia su posición sobre la reforma de pensiones, pero mantiene sus planes de apoyo a los fondos de pensiones privados y retrasa los recortes de las pensiones hasta 2040

El actual Gobierno incumple la Ley 21/2021, en especial dos de las disposiciones propuestas por los  pensionistas, la realización de una auditoría, que deje  constancia de la sostenibilidad del sistema, y el mantenimiento de la tasa de reemplazo que obliga a que las pensiones públicas futuras sean al menos iguales,  no menores, que las pensiones actuales.

El Gobierno se ha visto obligado a retirar sus propuestas de rebajar las pensiones futuras a los trabajadores  ahora activos y retrasar sus ansias de recortes hasta el  año 2040. Escrivá ha tenido que ceder ante la resistencia que en defensa de las pensiones públicas y el  régimen de reparto han opuesto los pensionistas, organizando plataformas como la COESPE, y numerosos  sindicalistas, que han llevado a sus organizaciones a pronunciarse por la realización de una auditoría que demuestre la falsedad de  los discursos y argumentos de Escrivá sobre la «falta de  sostenibilidad» de nuestra Seguridad Social y la necesidad de recortar las pensiones y facilitar su privatización abriendo la puerta del sistema público de pensiones  a  los bancos y al capital financiero a través del estímulo a  los fondos de pensiones.  

En qué consiste el cambio que asume el Gobierno 

El cambio consiste en que, por ahora, no se aumentará el  número de años para el cálculo de la base reguladora de  la pensión, y ese aumento de años para el cómputo de las  pensiones se retrasa 16 años, a 2040, a pesar de que desde  hace años insistía el ministro en que era imprescindible.  

El procedimiento que propone ahora es que el periodo  de cómputo pueda elegirlo el trabajador entre los últimos 25 años (como estaba hasta ahora) o bien 27 de los últimos 29 años cotizados. Es totalmente rechazable que el  Gobierno insista en mantener el aumento de años de cotización a 29 años cotizados, a partir de 2040. Es decir, se  aplaza el recorte que afectará a trabajadores activos que en la actualidad ven lejana la edad de jubilación.   

El Gobierno, estando pendientes de concluirse los efectos de la reforma de 2011 (del gobierno Zapatero) y buen conocedor de sus efectos, insistía en prolongar los años de  cálculo, poniendo como ejemplo la conclusión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AI ReF) sacaba en 2018 sobre las reformas de 2011 y 2013:    «se orientan fundamentalmente a la contención del gasto, diseñando una serie de medidas  que dificultan el acceso a la jubilación con el  objetivo de atrasar la edad en la que los individuos dejan de trabajar y, posiblemente, reducir las pensiones que reciben, como se muestra en  los trabajos de La Fuente y Doménech (2012),  en el que estas reformas reducirán el gasto en  hasta un 1,4% del PIB una vez pasado el período de transición.» [1]Evaluación de impacto de  la reforma del Sistema de pensiones de 2011 en  los nuevos pensionistas: Periodo 2013-2015.  Documento de Trabajo DT/2018/04. 

Otros cambios 

El Gobierno reconoce que los problemas financieros de  los que tanto le gusta hablar no son causados por las excesivas prestaciones del sistema sino por fallos en la administración de los ingresos por cotizaciones y su derivación  hacia gastos de la Administración Central del Estado. Podría haber cogido el camino de realización de la auditoria  de la caja de la Seguridad Social y reposición del saqueo,  pero ha preferido cerrar los ojos al atraco de las cuentas  de la Seguridad Social y aumentar las cotizaciones sociales incrementando las bases máximas de cotización, es decir,  destopando las bases máximas e imponiendo una cuota  de solidaridad a las cotizaciones de los asalariados de mayor remuneración. Cuota que se llama «de solidaridad»  porque no implica ningún aumento de la pensión futura. También se incrementan las cotizaciones que nutren el  mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Si bien  hay que preguntarse por qué es necesario recortar las pensiones a partir de 2040, como si el sistema necesitara recortes «para garantizar su sostenibilidad» cuando no se ha  hecho la auditoría que demostraría justo lo contrario. Las propuestas sobre la cobertura de lagunas de cotización de la mujer y las pensiones mínimas parecen  relevantes, pero hay que esperar a conocer la amplitud… 

La resistencia de pensionistas, trabajadores  y sindicalistas 

Desde el Gobierno, acompañado por el Banco de España, la banca y los partidarios de los fondos de pensiones, se ha sembrado todo tipo de dudas sobre el futuro de  las pensiones públicas. Por todas partes se  defendía que  la economía española no podría soportar el peso de las pensiones que proporcionaba el régimen de reparto en que se asienta nuestra Seguridad Social, y contra esta posición los propios pensionistas, ante la actitud diletante de las direcciones de los sindicatos, organizaron un  movimiento de resistencia constituyendo plataformas en  todo el Estado, denunciando que la aparente carencia  de recursos en la Seguridad Social era consecuencia del  desvío de los excedentes hacia gastos del Ministerio de  Hacienda, ajenos a la Seguridad Social.   

La asunción  de esta realidad y la exigencia de una  auditoría a las cuentas de la Seguridad Social lanzada por la COESPE fue apoyada por cientos de ayuntamientos en sus Plenos, por cientos de miles de trabajadores  firmantes de exigencias a los diputados, por el pronunciamiento de congresos de las centrales sindicales y por miles  de concentraciones en centenares de pueblos y ciudades  de toda la geografía española. Un movimiento que culminó  en una ley aprobada en Cortes que incluía la auditoría,  a finales de diciembre de 2021, y que dio el mensaje de alerta  a toda la clase obrera contra los planes de Escrivá. Qué duda cabe de que las movilizaciones de Francia, basadas en la unidad de las organizaciones obreras, contra  las reformas de la Seguridad Social emprendidas por  un gobierno de derechas, creaban en España un paralelismo muy molesto para el «gobierno de progreso» en  vísperas de elecciones.  

Este conjunto de circunstancias, junto a la resistencia  a los planes del capital que se ha manifestado en todas  las formas posibles, ha obligado al Gobierno a cambiar  y aplazar sus propuestas. La lucha debe continuar.  

Las reivindicaciones que aparecen aceptadas por el  Gobierno han constituido y seguirán siendo el entramado de la resistencia organizada en defensa de la Seguridad Social y el régimen de reparto: el destope de  las bases máximas de cotización, el incremento de las  cotizaciones sociales, el respeto y creación de las reservas del sistema, el rechazo a aumentar los años de  cotización, la cobertura de las lagunas de cotización  para eliminar la brecha de género, el aumento de las  pensiones mínimas, etc. Estas fueron muchas de las  reivindicaciones que se les plantearon por parte de las organizaciones de pensionistas a los representantes  de todos los grupos parlamentarios de izquierda del Congreso tras la masiva movilización estatal del 15 de  octubre último en Madrid. Y muchas de ellas siguen  vigentes, como la exigencia de que se cumpla la ley  y el Gobierno autorice una auditoría del Tribunal de Cuentas a la Seguridad Social y también sigue vigente  el rechazo a los planes de privatización mediante la  implantación de pensiones privadas que sustituyan a  las pensiones públicas, que ceden parte de su espacio  gracias a los recortes, objetivo éste al que el Gobierno, según Escrivá, no renuncia.  

Nada se dice de la realización de la auditoría  y de la privatización de la Seguridad Social.

El problema es que el régimen de reparto en que se asienta nuestra Seguridad Social ha sido y sigue siendo víctima de los incumplimientos legales de los Gobiernos, incluido el actual. Gobiernos anteriores incumplieron tanto la ley destinando parte del patrimonio de la Seguridad Social para otros fines (lo que el propio Tribunal  de Cuentas denomina «gastos impropios»),  como la legislación presupuestaria por medio de manipulaciones contables;  pero el actual Gobierno incumple la Ley 21/2021, en especial dos de las disposiciones propuestas por los  pensionistas, la realización de una auditoría, que deje  constancia de la sostenibilidad del sistema, y el mantenimiento de la tasa de reemplazo que obliga a que las pensiones públicas futuras sean al menos iguales,  no menores, que las pensiones actuales. La lucha por  la auditoría que permita limpiar las cuentas públicas  de manipulaciones y saqueos sistemáticos a las cotizaciones sociales es una exigencia democrática irrenunciable.

Sacar a la luz pública que las cuantiosas reservas del  sistema se utilizaron para otros gastos permite exigir al  Estado las compensaciones necesarias para mantener el  nivel de prestaciones actuales para los futuros pensionistas, subir las mínimas y eliminar la brecha de género. El incumplimiento de la ley que hace el Gobierno solo  tiene por objeto cubrir a los anteriores Gobiernos y que Escrivá aplique su plan de privatización y recortes basándose en la propaganda de los bancos sobre la supuesta crisis de la Seguridad Social. Así protege a todo el entramado de las altas instituciones del Estado dispuestas  a retrasar, a evitar y desnaturalizar la auditoría pública para así cubrir las prácticas antidemocráticas y corruptelas que falsifican las cuentas y protegen a sus actores.  

Más que nunca, la exigencia de una auditoría de las  cuentas permite realizar la unidad entre los trabajadores activos y pensionistas, y sus organizaciones.   

Juan Miguel Fernández

Fuente: Información Obrera. 

12 de marzo de 2023 

Notas

Notas
1 Evaluación de impacto de  la reforma del Sistema de pensiones de 2011 en  los nuevos pensionistas: Periodo 2013-2015.  Documento de Trabajo DT/2018/04.
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