El golpe judicial y las limitaciones de la transición española

Hay que promover la más amplia movilización popular en defensa de la soberanía popular, los derechos y libertades democráticas y la adopción de medidas eficientes que garanticen unas condiciones de vida dignas para la mayoría social.

Mediante una insólita e inédita resolución la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional  irrumpe en sede parlamentaria para impedir la tramitación de una Ley, y suspende la actividad legislativa en respuesta a los recursos de amparo presentados por el Partido Popular y por Vox, que acompañaban con una solicitud de  “medida cautelarísima”. Sin escuchar a las demás partes afectadas por el procedimiento,  los magistrados de la derecha del TC, incluidos los recusados Trevijano y Narváez ^[1]según Diario.es los recusados que no se abstuvieron y que con sus votos mantienen sus puestos, Trevijano y Narváez, seguirán percibiendo emolumentos por importe de 13.300 euros mensuales el … Seguir leyendo,  resuelven admitir esta última medida e impedir la labor parlamentaria de los diputados y senadores elegidos por la ciudadanía precisamente para realizar el importante cometido de legislar. Un comportamiento que ha sido calificado como presunto delito de prevaricación por el antiguo magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.    

Las reformas legales promovidas por el gobierno de coalición atacadas ahora por la mayoría conservadora del TC, tenían como objetivo desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, caducado y prorrogado con variadas artimañas durante más de 4 años, así como la del propio Tribunal Constitucional, cuatro de cuyos miembros también tienen finalizado su mandato, entre otros el de su Presidente.

Para conseguir este propósito habría que cambiar el método de votación en el CGPJ para que en lugar de exigirse en los nombramientos de magistrados para el TC una mayoría de 3/5, bastara mayoría simple, eligiendo cada vocal un candidato y resultando elegidos los dos que más votos hubieran recibido. Así resultaba imposible el bloqueo. Como el Gobierno ya ha nombrado a los otros dos que integrarían el TC, al designarse, sin posibilidad de bloqueo, los dos restantes por el CGPJ con el nuevo método de elección previsto, no podría ya impedir el TC –la mayoría conservadora-  que tomara posesión los designados por el ejecutivo, que ahora evita con la excusa de que el CGPJ no ha votado a los dos que le corresponden.

El ejecutivo de Pedro Sánchez, con una ingenuidad imperdonable, pactó el acceso al Tribunal de Garantías de los dos miembros propuestos por el Partido Popular, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, pese al carácter ultra de ambos y su acreditado partidismo reaccionario. En el caso del segundo, además, olvidando las implicaciones con asuntos de corrupción en que se había visto investigado, y la indecencia política al ser uno de los afectados por las conversaciones con el corrupto Ignacio González para quitar de la Audiencia Nacional a un magistrado, con objeto de que volviera García Castellón, un juez bien visto por la derecha.

Pensaba el Gobierno, con el apoyo de Enrique Santiago, secretario general del PCE,  que posteriormente podría nombrar a los otros dos miembros del TC que le correspondían, aún en el caso de que el Consejo del Poder Judicial bloqueara los dos que a este órgano incumben. Por cierto, la idoneidad de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo ha sido fuertemente cuestionada.

Desde Hojas de Debate se puso de manifiesto el 14 de noviembre de 2021  que la operación era muy peligrosa para el gobierno, dado que votaba y asumía los nombramientos de dos jueces ultras, como son Espejel y Arnaldo, a cambio de una hipotética y posterior designación por parte del ejecutivo de los otros dos, y ya se ha visto el resultado: los conservadores consolidaron su mayoría en el TC, y ahora con los votos de Espejeo y Arnaldo no les faculta el acceso a este órgano impidiendo su toma de posesión, pues entiende que se han de nombrar “simultáneamente” con los dos que se niega a designar el Consejo.

Han transcurrido varios años sin una enérgica reacción del gobierno de coalición ante el bloqueo de los conservadores en el CGPJ y en el TC, lo que les ha permitido seguir nombrando todos los cargos judiciales de relevancia y asegurarse una interpretación reaccionaria de las leyes. Al mismo tiempo, el control del Tribunal Constitucional les permite declarar inconstitucionales aquellas disposiciones legales de carácter progresista que han sido o puedan a ser recurridas ante el órgano de garantías por el Partido Popular y por Vox.

En esta tesitura, el PSOE presentó en sede parlamentaria la Ley de Reforma del Código Penal con una serie de disposiciones, como enmiendas con carácter urgente, mediante las cuales modificaba el sistema de elección a que antes se ha aludido, para evitar el continuo bloqueo llevado a cabo por el CGPJ y el TC. Un procedimiento controvertido al presentarse con una reforma legal, la del Código Penal, con las que no tienen directa relación, argumento este que ha permitido al PP y a Vox promover sus recursos  junto a la solicitud de medidas cautelarísimas que finalmente han sido admitidas. De esta forma, irrumpe el TC de manera antidemocrática en el reducto de la soberanía popular, que es el Parlamento, convirtiéndose en legislador, al margen de la soberanía popular, y creando un peligrosísimo precedente para evitar siquiera la tramitación de aquellas leyes que a la derecha le resulten inaceptables.   

La gravedad de la situación es evidente: se trata de limitar la soberanía popular de una manera franca, patente, para impedir además la renovación de los órganos judiciales y asegurarse un control reaccionario tanto en el Consejo como en el Constitucional, y por ende, en el conjunto de la judicatura española.

Todo esto lo ha podido seguir el lector a través de las noticias que han ido apareciendo en los diversos medios de comunicación. Lo que no se resalta, sin embargo, es que ha sido la debilidad mostrada desde hace décadas por los dirigentes del PSOE ante la serie ininterrumpida de maniobras orquestadas por las fuerzas de derecha, políticas y estatales, las que han permitido precisamente llegar ahora a esta situación extrema.

Por ejemplo, el nombramiento de Roberto García Calvo para el Tribunal Constitucional, realizado con la connivencia del PSOE en 6 de noviembre de 2001. Un personaje que era el gobernador civil franquista de Almería cuando la policía mató a Javier Verdejo Lucas, de 19 años de edad,  mientras hacía una pintada en aquella ciudad, pidiendo “trabajo y libertad”. El que se aceptara el nombramiento de un ultra, que actuó sin descanso hasta el último momento para que sobreviviera el franquismo y no hubiera derechos y libertades democráticas en España, nada menos que como intérprete de la Constitución de 1978, revela la falta de firmes convicciones democráticas en el aparato de dirección  del PSOE. Como la cabra tira al monte, afortunadamente el personaje tuvo que dimitir, tras encañonar con su pistola a un ciudadano tras una disputa de tráfico.

Similar impotencia se manifestó con la aceptación del nombramiento de Enrique López, otro juez sin mayores méritos especiales que su vinculación extrema con el PP, de una  trayectoria ultra reaccionaria. También en este caso aconteció cierta justicia poética, pues tuvo que dimitir como miembro del TC tras ir conduciendo una moto por  el Paseo de la Castellana en Madrid, ebrio,  sin casco y saltándose los semáforos en rojo. Detenido por la policía municipal el día 1 de junio de 2014 y dando positivo en un control de alcoholemia, lo que no le impidió ser posteriormente nombrado consejero por Isabel Díaz Ayuso. 

Los nombramientos de magistrados extremistas para el TC, a instancia del PP, y aceptados sin rechistar por el PSOE, han sido muchos, hemos citado a dos de los casos más relevantes, tanto por su pasado, común a muchos otros, como por sus abruptos ceses.

Pero no solo se manifiesta esta flaqueza con la aprobación de nombramientos inaceptables para los altos cargos judiciales. El episodio más reciente de entreguismo ha sido protagonizado por una afiliada del PSOE, Meritxell Batet, presidenta de la cámara baja, asumiendo el trágala del Tribunal Supremo relativa al cese e inhabilitación  del diputado canario Alberto Rodríguez, pese a una serie de cualificados informes jurídicos que señalaban la ilegalidad de tal medida. Se creó con este asunto un precedente sobre una falta de firmeza parlamentaria para defender unas competencias derivadas de la soberanía popular que fueron otorgadas por la ciudadanía mediante elecciones, sobre todo respecto de la interferencia de los tribunales en la actividad del Congreso de los Diputados y del Senado. 

Y así hemos llegado a esta situación, que se hubiera podido evitar si el gobierno, en vez de aceptar con mansedumbre la permanente tomadura de pelo a que lo han sometido reiteradamente el PP y la derecha judicial negándose a la renovación del CGPJ y del TC con mandato caducado, hubiera por el contrario efectuado al inicio de su mandato las modificaciones legales mediante un proyecto de ley o proposición de ley que ahora improvisa con urgencia y mediante un controvertido procedimiento de enmiendas. Entonces lo hubiera hecho sin prisas, con aplomo, basándose en la mayoría de la que dispone en el Congreso, de tal manera que hubieran resultado inatacables por un aparato judicial deseoso de observar la menor apariencia de defecto de forma para obstruir la labor legislativa progresista.

A ese aparato judicial, heredado del franquismo con la “ejemplar transición” que también conocemos, carente de ruptura democrática, hay que enfrentarlo no solo con medidas legales, bien necesarias, como sería la de acabar, por ejemplo, con la discriminación para los sectores populares en el sistema de acceso a la carrera judicial, generalmente solo al alcance de quienes pueden costear los gastos de varios años de preparación de la oposición tras acabar la carrera de derecho. Medidas que busquen un juez democrático con sentido común y capacidad de argumentación, y no solo capaz de aprenderse cientos de artículos y recitarlos de memoria ante un Tribunal de Oposición. Hoy por hoy y a la vista del carácter reaccionario de la mayor parte de la judicatura española, su permanente invasión sobre las competencias del poder legislativo, dejando la tan cacareada separación de poderes en un recuerdo, hay que promover, además, la más amplia movilización popular, la explicación a la ciudadanía de lo que está ocurriendo por las diferentes organizaciones sociales, especialmente las entidades sindicales, mediante una intensa campaña informativa en los centros de trabajo y en la calle –¡menos redes sociales y más actividad política presencial!- para que de manera enérgica se evite la destrucción de las pocas concesiones que la derecha franquista se vio obligada a hacer durante la transición, y que hoy, a la vista está, quiere revertir.

Una movilización que debe arrancar desde abajo hacia arriba y en la que los dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos tendrían una magnífica oportunidad para recuperar la confianza que en buena parte han perdido de las clases populares, cumplimentado con el máximo rigor e inmediatez los compromisos adquiridos en el pacto de coalición de diciembre de 2019, y de forma muy especial y con urgencia la derogación de la ley mordaza y la despenalización del derecho a la protesta pacífica integrándola en los derechos fundamentales de reunión y manifestación. Sin olvidar, desde luego, la adopción de medidas urgentes y eficaces en defensa de unas condiciones de vida dignas para la mayoría social, así como la necesidad de recurrir las decisiones adoptadas por el TC y el eventual ejercicio de acciones judiciales por presunto delito de prevaricación.

Movilización social  aún más imprescindible teniendo en cuenta la nueva propuesta del ejecutivo de promover en sede parlamentaria una proposición de ley por vía urgencia, que recibirá toda clase de ataques de la derecha judicial y política con una magnitud aún superior a la que ahora hemos conocido.

Por cierto, para coordinar todos estos distintos sectores, políticos, judiciales, mediáticos contra la soberanía popular y los derechos y libertades democráticas, hace falta una organización, tal  y como demostró el caso de la LOGIA P2 en Italia. ¿Se atreverá alguien a nombrar en el Parlamento Español al Opus Dei en alguna ocasión?