Gestión sanitaria y libertades democráticas: aclaraciones necesarias (2)

La oposición al «pase sanitario» en Francia cuenta con significativa adhesión de militantes y simpatizantes de izquierdas y de activistas sindicales.

En su explicación del voto contrario al proyecto de ley de los parlamentarios del Partido Comunista Francés, el senador Jéremy Bacchi se refirió a las restricciones de la libertad de movimientos y al riesgo de aislamiento social y de vigilancia generalizada que afectarán a amplias capas de la población y, especialmente, a las más precarizadas: «el mapa de las tasas de vacunación más bajas se solapa con el de la pobreza, el de la brecha digital y el de la necesidad de los servicios públicos». La restricción de libertades se convierte con la nueva ley en «un régimen de excepción» de duración indefinida, con  «controles de identidad que se multiplicarán a la entrada en cada uno de los lugares en los que habrá que presentar el pase sanitario. ¿Cómo se va a designar, formar y organizar a los particulares, no profesionales de la seguridad, encargados de efectuar estos controles? ¿Qué medidas se van a tomar para evitar el riesgo de desbordamiento y de discriminación?».

Para los trabajadores asalariados, a partir del pasado 30 de agosto, la no presentación del pase sanitario puede conllevar, de acuerdo con la ley, «suspensión de su contrato de trabajo o de sus funciones durante un período de dos meses y, en su caso, resolución del contrato o cese definitivo de funciones»…

Se comprende, así, la significativa participación de militantes y simpatizantes de izquierdas y de sindicalistas en las movilizaciones: contra el pase y, a la vez, contra el conjunto de las agresiones a los trabajadores que ha adoptado o prepara el gobierno (reforma regresiva de las pensiones, restricciones de la prestación de desempleo).

Dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa, si la instauración generalizada de este documento es denunciada como dispositivo de control que penaliza a los asalariados y a los empleados públicos, la participación en las protestas sabatinas ha suscitado más dudas y posiciones encontradas. La negativa a apoyarlas expresada por algunas direcciones locales del sindicato, con el argumento de no dar pábulo a la manipulación de la extrema derecha, ha suscitado críticas internas que advierten del peligro de descolgarse de las bases populares, como ya sucediera a veces con las movilizaciones de los «chalecos amarillos». A finales de agosto, el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, declaró que apoyaba las manifestaciones, con la única reserva de que no fueran compartidas con aquellos que, por ejemplo, «se refieren a la inmigración como una amenaza»: «en realidad, detrás de esta ira [contra el pase sanitario] se expresan otras muchas». 

Representantes de la profesión médica han denunciado como contrarios al juramento hipocrático los obstáculos que pone la ley a la asistencia de quienes la demanden sin presentar un pase sanitario. Propósitos amenazadores del ministro de Sanidad francés contra el derecho de huelga del personal sanitario (sujeto por la ley a vacunación obligatoria) no contribuyeron a apaciguar los ánimos. Afirmaba un representante sindical del sector: «el personal sanitario ha entregado su vida, quiere que se respete su derecho a  decidir en lo que respecta a la vacuna; a lo largo de 18 meses ha dado pruebas de su lucha contra la pandemia…». Estas voces denuncian incongruencias flagrantes: en febrero de este año «el gobierno obligaba a los [sanitarios] positivos por covid, aunque asintomáticos, a seguir trabajando, por la falta de efectivos; en marzo de 2020 nos aplaudían ¡y ahora nos amenazan con el despido!».

Sin que dejemos de insistir en el interés general que supone la vacunación y, en consonancia con él, el de una cobertura prioritaria y especialmente exhaustiva de determinados colectivos en particular  ̶ no únicamente el del personal sanitario ^[1]Por su propia protección y por la de sus pacientes: «no perjudicar» a estos es el primer fundamento invocado por una ética profesional médica. ̶ , conviene aclarar que, en Francia, como en todos los países europeos, una inmensa mayoría de los sanitarios estaban vacunados antes de que expirara el plazo que la nueva ley daba para cumplir con la obligación establecida y no sufrir sanciones (el 15 de septiembre): a 7 de septiembre, según Santé Publique France, había recibido la pauta completa en torno al 84% del personal hospitalario (el 100% en algunos de los principales hospitales del país) y de las residencias de mayores y más del 91% de los profesionales liberales; el porcentaje de los que tenían puesta una primera dosis oscilaba entre más del 88  y más del 94%, según los colectivos, y se estimaba que en las siguientes semanas estaría vacunado más del 95% del personal del sector, lo que debe de parecerse mucho al «cien por cien técnico» que se considera ya están rozando las tasas de vacunación de los sanitarios en España.

La proporción de refractarios contradice elucubraciones fantasmagóricas, ¡al revés que las de «objetores» del gremio en otros asuntos de salud pública! ^[2]Mediado el mes de septiembre de 2021, el porcentaje de población completamente vacunada contra el covid en Francia alcanzaba el 70%. En España llegábamos entonces al 75%.

(Continúa)