La derrota de Macron en Francia y las pensiones
«Las urnas son importantes, pero las calles son esenciales».
La coalición que apoya al presidente francés, Emmanuel Macron, ha logrado 245 escaños, lejos de los 289 necesarios para la mayoría absoluta, según los resultados oficiales parciales de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas del 20 de junio pasado.
En segundo lugar queda la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) que promueve Jean-Luc Mélenchon y que reúne a la Francia Isumisa, a los ecologistas, al Partido Socialista y al Partido Comunista Francés, que ha logrado 131 escaños, frente a los 64 que las fuerzas progresistas tuvieron en 2017, más del doble de curules. La ultraderechista Agrupación Nacional que dirige Marine Le Pen alcanza los 89 escaños, una subida espectacular que nunca antes había conseguido. El partido conservador Los Republicanos y sus aliados han logrado 64 asientos. Entre estos y la Ensemble de Macron alcanzarían la mayoría absoluta.
Ha tenido un fuerte protagonismo la enorme abstención que ha superado el 54% del electorado. Entre los jóvenes ha sido muy importante. El 69% de entre 18 y 24 años no acudió a votar. Este porcentaje subió al 71% entre los de 25 a 34 años. Uno de estos, a preguntas de un periodista, decía con indolencia y desparpajo: «no voto y no quiero perder ni un minuto en explicarle por qué». Más de la mitad de los franceses convocados no acudió a la cita de las urnas, algo que cuestiona la legitimidad de una Asamblea Nacional elegida con tan escasa participación.
Los escaños que logra Macron se alejan mucho de los 341 que tuvo en 2017 asociado al centrista MoDem y dibujan un panorama legislativo novedoso, sin la mayoría absoluta que ahora pierde el actual Presidente de la República.
En Francia, el poder legislativo es bicameral. El Parlamento consta de la Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal y el Senado, cuyo número de miembros no podrá exceder de 348, designado mediante sufragio indirecto, quien asume la representación de las entidades territoriales de la República.
Las leyes, señala el artículo 34 de la Constitución, serán votadas por el Parlamento. Es decir, tanto por la Asamblea Nacional como por el Senado, un órgano revitalizado con la Constitución de la V República. El artículo 38 prevé la delegación del poder legislativo al Ejecutivo para que éste, mediante ordenanzas, dicte medidas que normalmente son del dominio de la ley, lo que solo es posible mediante una mayoría absoluta en la Asamblea. Una vez vencido el plazo otorgado, tales ordenanzas no pueden ser modificadas sino por una ley. Por otra parte, las leyes orgánicas sólo podrán promulgarse después de que el Consejo Constitucional las haya declarado conformes a la Constitución. Se trata, pues, de una verificación automática de la constitucionalidad.
La mayoría absoluta es de 289 votos de los diputados o de la mayoría presente en una determinada votación para el supuesto de que se produzcan ausencias en el hemiciclo.
Las materias reservadas al dominio de la ley, según el precepto constitucional indicado, son objeto de enumeración limitativa, mientras que las restantes pertenecen al cuadro del poder reglamentario. Al Parlamento incumbe, desde luego, votar impuestos y aprobar el presupuesto. Se encuentran, además, como materias de ley, las que afectan a los derechos cívicos y garantías fundamentales, a la nacionalidad, estado y capacidad de las personas, tipificación de los delitos, fiscalidad y presupuestos, nacionalizaciones de empresas y transferencias de la propiedad de empresas del sector público al sector privado y la determinación de los principios generales en materias como la defensa nacional, enseñanza, medio ambiente y las relativas al derecho laboral, derecho sindical y de la seguridad social.
El artículo 37 de la Constitución determina que tendrán carácter reglamentario todas las materias distintas de las pertenecientes al ámbito de la ley.
Desde hace años, la oligarquía francesa, las multinacionales y los grandes grupos financieros, vienen reclamando la necesidad de privatizar las pensiones públicas. Un suculento negocio destinado a incrementar la tasa de beneficio de la clase dominante, que no parece mermar con la crisis económica.
Macron, al llegar por vez primera al gobierno, dio un primer paso a finales de 2019 en esta dirección, con un proyecto de ley para la reforma de las pensiones en el que se sustituía el concepto o principio de solidaridad entre la clase trabajadora activa y los jubilados por un sistema de vejez por puntos de capitalización individualizada. Una iniciativa que le llevó incluso a plantear la posibilidad, vía artículo 49.3 de la Constitución, de aprobar por decreto el proyecto, una herramienta utilizada varias veces, por cierto, durante el gobierno del socialista François Hollande.
En España, una medida similar se plantea con los llamados planes de pensiones de empleo.
En diciembre de 2019, la iniciativa de Macron recibió una respuesta espectacular de la clase obrera francesa, los jubilados, los trabajadores en paro, los estudiantes y los profesores, movilizados y en huelgas generalizadas, incluida la de los transportes públicos de 45 días, bajo una única consigna de no capitular y rechazar con firmeza la ley de recorte de pensiones. En especial tesitura el Consejo de Estado acabó advirtiendo que el proyecto legislativo contrariaba la Constitución y el gobierno Macron sufrió un severo varapalo. No ha ocurrido así respecto a las prestaciones por desempleo en las que el gobierno neoliberal mediante un primer decretazo ha procedido a dificultar el acceso a la prestación y a reducir el importe de esta.
La primera parte de la reforma de las prestaciones de desempleo modifica el método para calcular el salario de referencia diario, que determina la cuantía de la prestación. Hasta ahora, este cálculo se basaba en el salario anual percibido por un trabajador durante sus períodos de empleo: la remuneración percibida durante los últimos doce meses se dividía por el número de días trabajados durante ese período. El nuevo sistema consiste en tener en cuenta las retribuciones percibidas a lo largo de dos años -ya no un año- y dividirlas por el número de días trabajados a los que ahora se suman los días no laborables. Contando los períodos no trabajados y ampliando en un año el período profesional, el promedio de la prestación baja inexorablemente.
La segunda modalidad modifica la necesidad de haber contribuido 4 meses en los últimos 28 meses. Con la reforma será necesario haber cotizado 6 o más meses y en un período más corto de 24 meses.
La tercera parte de la reforma prevé introducir la disminución de la prestación para los asalariados con retribuciones más altas.
El gobierno de Macron esperar ahorrar 3.400 millones de euros con esta primera reforma de las prestaciones de desempleo en la que los trabajadores en paro verán disminuida la prestación en un 17% aproximadamente de media.
La victoria popular en lo concerniente a las pensiones de jubilación ha sido posible por la unidad en una misma lucha de amplísimos sectores sociales, que hicieron posible una solidaridad de clase entre diferentes generaciones, activos y parados, jubilados y estudiantes, y todo ello pese al mezquino papel tanto de los burócratas sindicales como el de la prensa burguesa alineados con el gran capital.
El sistema de pensiones vigente en Francia para los asalariados del sector privado data de 1945. A este régimen general se adscribe el 68% de los cotizantes. El resto de los trabajadores se encuadran en el régimen de los funcionarios y en los 42 regímenes especiales existentes.
En la actualidad la edad de jubilación en Francia es de 62 años. A la pensión completa se accede con 43 años de cotización, límite impuesto desde 1993, que suprimió el anterior de 37 años.
Este sistema se basa, como hemos dicho, en el principio de solidaridad entre generaciones, a través del cual los cotizantes de hoy financian las pensiones de los jubilados.
Por el contrario, lo que pretende Macron, portavoz gubernamental de la oligarquía francesa y del gran capital, es implantar el sistema por puntos de capitalización, que permita más tarde que el conjunto de las cotizaciones pueda ser gestionado por la banca privada y otras entidades financieras como los fondos buitre: un negocio con el que moverían gigantescas cantidades de capital que hoy es público.
La reforma que intenta imponer Macron prescinde de los 171 trimestres para cobrar la pensión completa siempre que se acredite 150 horas de trabajo en cada cómputo de tres meses y se centra en calcular la pensión por el sistema de puntos. El valor del punto ascendería en principio a 0.55 euros por cada 10 euros cotizados, según la propuesta gubernamental. De esta forma, si un trabajador ha cotizado un total de 200.000 euros, por ejemplo, la pensión que le quedaría sería de algo más de 900 euros mensuales brutos sin pagas extras, muy inferior al importe medio actual de las pensiones de jubilación. Un sistema, pues, de capitalización individual por el que la pensión se determina exclusivamente por lo que cada trabajador haya podido cotizar a lo largo de la vida laboral, suprimiendo el principio de solidaridad entre trabajadores y diferentes generaciones por otro de marcada condición individualista.
Además, el vocero Macron pretende aumentar la edad de jubilación desde los 62 años actuales a los 64 años y, sobre todo, ajustar el valor del punto al equilibrio financiero modificándolo en función de la coyuntura económica de cada momento. Más tarde se abordaría la posibilidad de que entidades financieras privadas gestionaran el capital acumulado por las cotizaciones de los trabajadores para la obtención de beneficios que se deslizarían de lo público a lo privado, tal y como prevé ya los planes de pensiones de empleo aprobados en fecha reciente en nuestro país.
No es de extrañar el fuerte rechazo de la mayoría social en Francia. Con los resultados de las recientes elecciones legislativas, las movilizaciones de ayer pueden y deben recibir un mayor impulso y respaldo de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) que promueve Jean-Luc Mélenchon, en una cámara legislativa que cuenta ahora con una oposición más numerosa. Los líderes de estas luchas repiten: «las urnas son importantes, pero las calles son esenciales».
