La dirección de Unidas Podemos a remolque de un PSOE cada vez más neoliberal y belicista

¿Es útil la presencia en un gobierno de coalición en la que el socio mayoritario es tan descaradamente neoliberal, belicista y sumiso al imperialismo, como lo son los ejecutivos de Rishi Sunak en el Reino Unido, de Macron en Francia, de Olaf Scholz en Alemania o de Meloni en Italia?

La reforma laboral de Yolanda Díaz dejó sin derogar muchas de las medidas importantes que impuso el PP en el año 2012, muy dañinas a los intereses de la clase asalariada. La nueva normativa vigente contiene modificaciones mínimas e insuficientes que han permitido la continuidad de las decisiones más lesivas de la reforma de Rajoy. Hasta tal punto que el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, manifestaba en su día que la regulación laboral del gobierno de coalición daba «libertad de empresa, seguridad jurídica y paz social»  y ofrecía «estabilidad, buen clima, distensión y una imagen impecable frente a las instituciones europeas… la esencia de la reforma laboral de 2012 se ha preservado intacta.»

Para paliar de alguna manera esta desafortunada actuación del gobierno PSOE-UE, Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG promovieron en sede parlamentaria una proposición de ley que planteaba la recuperación de determinados derechos laborales que fueron suprimidos por el gobierno de Rajoy y mantenidos por el ministerio de Yolanda Díaz.

La proposición de ley defendida por estas organizaciones políticas planteaba el aumento de las indemnizaciones por despido a los importes previos a la reforma del 2012, la recuperación de los salarios de tramitación, la restauración de la autorización administrativa en los despidos colectivos, el fortalecimiento de la negociación colectiva, una regulación restrictiva de los EREs y otras medidas que afectaban al ámbito de la subcontratación y la precariedad.  

En la sesión del Congreso de los Diputados del pasado día 14 de marzo se debatió esta proposición de ley «para la recuperación y ampliación de los derechos laborales», presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu. En su día, estos grupos parlamentarios votaron en contra de la convalidación del acuerdo de reforma laboral propuesto por Díaz y pactado con la patronal y los dirigentes de CCOO y UGT. La nueva reforma laboral fue aprobada gracias al error de voto del diputado del PP, Alberto Casero, en la actualidad imputado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Ahora, en sede parlamentaria, la proposición de ley de Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG recibió los votos en contra de PP, PSOE, Vox, Ciudadanos y PNV. Los diputados y las diputadas de Unidas Podemos se abstuvieron en la votación con un resultado de 275 votos en contra, 30 a favor y 35 abstenciones.

El voto favorable de Unidas Podemos no hubiera sido suficiente para alterar el resultado final del escrutinio, dada la posición del socio mayoritario, aliado con la derecha y la extrema derecha. Pero sin duda este comportamiento, contrario al acuerdo de coalición de diciembre de 2019, que recogía, entre otros extremos, la derogación completa de la reforma laboral del PP, coloca una vez más a UP, de forma visible y ante sus votantes, a remolque de un PSOE inequívocamente neoliberal y belicista, al mismo tiempo que la inhabilita para promover una movilización social que favorezca procesos de transformación social progresista. Incluso la predispone, como ha ocurrido en no pocas ocasiones, a frenar la protesta social en equivocada solidaridad con su socio mayoritario.

En materia de indemnizaciones por despido, la proposición de ley rechazada en sede parlamentaria restablecía la anterior cuantía de «cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades», así como el derecho del trabajador a «una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarare la improcedencia», quedando obligado el empresario, en este caso, a mantener en alta a la persona trabajadora en la Seguridad Social durante el periodo correspondiente al devengo de los salarios de tramitación.

Hasta la reforma laboral de Rajoy, los salarios de tramitación constituían una medida disuasoria que frenaba en muchas ocasiones el despido de los trabajadores, especialmente de aquellos con antigüedades laborales inferiores a dos años en donde el importe de la indemnización resultaba ser incluso inferior a  la cuantía devengada por los salarios de tramitación que, en la práctica, no bajaban del importe de tres mensualidades de retribución. Un derecho muy importante que contribuía a la estabilidad en el empleo de los trabajadores precarios.

En materia de despido nulo, es decir, aquellos en los que el empresario no puede sustituir la obligación de readmisión por el abono de la indemnización, la proposición de ley introducía un nuevo supuesto dirigido a combatir el fraude en la contratación temporal, al señalar que constituirá despido nulo «el de las personas trabajadoras que hayan suscrito un contrato de duración determinada, respecto de aquellos contratos concertados al margen de las razones justificativas previstas en las disposiciones legales, y, en concreto, de las referidas en el artículo 15, cualquiera que sea la causa alegada para la extinción.»

Trabajadores de Torraspapel de Motril en lucha contra un ERTE de guerra.

En materia de despido colectivo -EREs- la proposición de ley defendía una nueva regulación de las causas para los cierres parciales o totales de los procesos de producción. En concreto, planteaba que «concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa continuada», entendiéndose que concurre esta causa en supuestos de «existencia de pérdidas actuales, no meramente estimadas, o cuando se constate de forma fehaciente una disminución grave y persistente de su nivel de ingresos ordinarios que puedan afectar a su viabilidad.»

La redacción vigente del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores estima causa suficiente para justificar un ERE la mera «existencia de pérdidas actuales o previstas» sin ningún tipo de condicionante.

Además, en los procedimientos de los EREs, la proposición de ley restauraba la necesidad de previa autorización de la Administración Laboral en estos expedientes tan traumáticos para los trabajadores,  y disponía que «el empresario que tenga la intención de efectuar un despido colectivo deberá solicitar autorización para la extinción de los contratos de trabajo conforme al procedimiento de regulación de empleo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo reglamentario».

En la actualidad, la reforma laboral de Yolanda Díaz permite la clausura de los centros de trabajo, incluidos los supuestos cada vez más numerosos de las deslocalizaciones, sin que la Autoridad Laboral pueda intervenir evitando decisiones patronales contrarias a derecho que no solo dañan a los asalariados afectados de manera injusta, sino también al conjunto del tejido productivo del país.

Lo ocurrido el pasado 14 de marzo en sede parlamentaria invita a los militantes y a los votantes de Podemos y de Izquierda Unida a la siguiente reflexión: ¿es útil la presencia en un gobierno de coalición en la que el socio mayoritario es tan descaradamente neoliberal, belicista y sumiso al imperialismo, como lo son los ejecutivos de Rishi Sunak en el Reino Unido, de Macron en Francia, de Olaf Scholz en Alemania o de Meloni en Italia? ¿No es posible cerrar el paso a la derecha y a la extrema derecha sin necesidad de pagar tan alto peaje mediante el apoyo parlamentario a un gobierno de otro signo solo en todo aquello que signifique una mejora en las condiciones de vida de la mayoría social? ¿No es acaso positivo que las organizaciones de izquierda, con plena autonomía, accedan a las instituciones para ser fieles altavoces de las demandas populares y dejar de ser apéndices de socios que ejecutan políticas contrarias a la mayoría social?

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One thought on “La dirección de Unidas Podemos a remolque de un PSOE cada vez más neoliberal y belicista

  • 21 de marzo de 2023 en 10:12
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    Es posible sacar esa conclusión en una legislatura,cuando durante decadas se ha ido normalizando ese modelo de gobierno?,teniendo en cuenta que tampoco queda claro que la aritmetica parlamentaria permitiera conseguir los minimo avances que se ha conseguido.

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