Privatizando el Estado

«En España no gobierna realmente quien la gente cree que gobierna, sino una élite muy reducida de personas que tienen unas características muy concretas, compuesta por personas fuertemente interconectadas por lazos familiares, profesionales, de statu, por la pertenencia a cuerpos de funcionarios, muy exclusivos, cuyo protagonismo no se reduce a la política, extendiéndose a los medios de comunicación, las finanzas, y a todas las instituciones desde donde se toman decisiones que dirigen la vida social».

Más allá de los protagonistas habituales de nuestra vida política y económica, que reciben la atención de los medios de comunicación,  como son  los gobernantes del país, los dignatarios estatales, los dirigentes políticos, los miembros de los gobiernos y parlamentos, vemos que  sectores de la opinión pública y algunos intelectuales empiezan a fijarse en  personajes de segundo plano, discretos,  a los que apenas conocemos, que se cuidan precisamente de no trascender ante la opinión pública y cuya actividad es esencial para el funcionamiento del statu quo, su reproducción y su perpetuación.

Huyendo con carácter general de la publicidad, su función es decisiva para el mantenimiento de los principales objetivos del sistema, de su política económica, del mantenimiento de sus valores, de la continuidad entre unos gobernantes y otros, y a poco que se reflexione se concluirá que su papel es esencial para que el Estado realice su labor básica de sostener el mecanismo de control en beneficio de los sectores que realmente lo dominan, que son los grandes poderes económicos, más allá de los cambios que se producen como consecuencia de los resultados electorales.

Estamos hablando de lo que Andrés Villena Oliver nos indica en su texto “Las redes de poder en España”, publicado en Rocaeditorial y que va por su cuarta edición. El autor analiza como una tecnoestructura estas redes de poder, desvelando que «la democracia española es una carcasa que oculta y protege los intereses de las élites que ejercen realmente el poder…» y así pone de manifiesto un fenómeno que va mucho más allá del de las puertas giratorias por las que transitan los políticos. 

Andrés Villena añade: «En España no gobierna realmente quien la gente cree que gobierna, sino una élite muy reducida de personas que tienen unas características muy concretas, compuesta por personas fuertemente interconectadas por lazos familiares, profesionales, de status, por la pertenencia a cuerpos de funcionarios, muy exclusivos, cuyo protagonismo no se reduce a la política, extendiéndose a los medios de comunicación, las finanzas, y a todas las instituciones desde donde se toman decisiones que dirigen la vida social… Su intervención no responde exactamente a determinantes ideológicos, sino a intereses, como demuestra que los apellidos de esa red se hayan encontrado siempre y se sigan encontrando en la práctica totalidad de los partidos políticos».

La defensa de los intereses económicos oligárquicos se realiza como algo natural, incluso lógico, sus miembros actúan en red y con un triple objetivo: garantizarse mutuamente la impunidad, generar un “sentido común ciudadano” y evitar a toda costa que puedan ser apartados de las fuentes auténticas de poder.

Es interesante la idea que sostiene Andrés Villena como interpretación de todo esto en el sentido de que no es del todo correcta la idea de que en España existe una constante puerta giratoria entre el espacio público y el privado…«lo que realmente parece existir es una red de personas que son ellas mismas esos dos espacios, sin solución de continuidad».

Por el libro van transitando los Morenés, Calvo Sotelo, Fernández Ordóñez, Solana, por no hablar de docenas de personas de apellidos menos floridos, pero no menos influyentes, destacando el autor que «donde se decide lo importante no hay cámaras grabando».

Se analiza en este libro lo sucedido durante los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero, (2004-2011), los conservadores de Mariano Rajoy (2011 a 2018), y el mandato de Pedro Sánchez, permitiendo observar, con nombres y apellidos, «de qué modo nuestros gobernantes terminan obedeciendo a las grandes corporaciones y otros grupos de influencia, olvidando el criterio de los electores.»

Como hemos dicho, estas redes se extienden no solo a los partidos políticos, sino a los medios de comunicación, a los poderes supranacionales europeos e internacionales, con capacidad para hacer metástasis y afectar a los miles de millones de euros que el Estado decide invertir supuestamente en distintas prioridades de acuerdo a las necesidades sociales.

Y así se va observando cómo en el primer gobierno de Zapatero el ministro Jordi Sevilla se vincula a la plena ortodoxia presupuestaria de la zona euro, siguiendo los precedentes de su maestro Pedro Solbes, para coincidir después en la gigantesca empresa de consultoría Price Water House Cooper. En esta ocuparía un destacado papel en los gobiernos de Rajoy, Luis de Guindos, seguidos en su actuación gubernamental por Magdalena Álvarez y Elena Salgado, que ya habían estado vinculadas con Solchaga. Estudia este autor el neoliberalismo obligatorio que han de profesar estos tecnócratas, retrocediendo en su estudio hasta el denominado “clan de la Dehesilla”, al que pertenecían los Solbes, Tamames, García Díez, Boyer, Mariano Rubio y esbozando las rápidas conexiones que encontraron estos influyentes personajes en la Trilateral, organización fundada por el magnate americano Nelson Rockefeller.

La creación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) como disposición estrella para permitir legalmente la defraudación fiscal de las grandes fortunas mientras se apretaban las clavijas impositivas a las clases medias y a los sectores populares, fue un producto organizado por estos destacados tecnócratas, que ha perdurado a lo largo de gobiernos de distinto signo. 

En fin, lo más simpático de este mecanismo de funcionamiento es que, al contrario de lo que ocurre con los políticos, que mal que bien sufren alguna liviana restricción de sus puertas giratorias mediante las leyes de incompatibilidades, nuestra tecno estructura funcionarial no la padece, salvo “mientras está en activo en el cargo”, por lo que al día siguiente de cesar, el recaudador fiscal puede dedicarse a ayudar a las multinacionales a evadir impuestos, y el funcionario responsable de tramitar los expedientes sancionadores  por los vertidos tóxicos pueda asesorar a los culpables de los mismos para que sus recursos alcancen éxito y sus agresiones al medio ambiente queden sin castigo.

Algo tienen en común todos nuestros especialistas: ven premiados sus desvelos.

Solbes, el ministro económico más influyente de la etapa Zapatero, vería completados los ingresos de su jubilación con el acceso a altos cargos en Barclays Capital, en Endesa y Caixa Bank, entre otros; Elena Salgado, también en la omnipresente Endesa y en Abertis-La Caixa, y así sigue ocurriendo con prácticamente todos los altos cargos de los gobiernos de la etapa Zapatero, y no digamos con los colocados en los gobiernos del PP.

David Taguas, Mercedes Cabrera, David Vergara, Carlos Arenillas, son otros de los nombres propios, entre muchos más,  que van apareciendo en el libro que comentamos, como miembros de estos grupos de élite que se suceden en los diversos cargos técnicos, y tienen fuertes vinculaciones con el capital privado.

Los diversos capítulos del texto van desgranando la perpetuación y relevo de los miembros de la tecnoestructura, su ubicuidad, cómo transitan de una zona de confort a otra, sin despeinarse y sin que ningún medio de comunicación llame la atención de los ciudadanos sobre el tremendo escándalo que estos comportamientos suponen, y por supuesto, sin que se les ocurra a nuestros parlamentarios regular para prohibir esta insoportable actuación.

Mientras que con los socialistas han sido los economistas del Estado los que han alcanzado más primacía en la dirección del sistema, con los gobiernos de Rajoy y de la mano de la  vicepresidenta Sáenz de Santamaría, son los abogados del estado los que situados al frente de la dirección de los más importantes asuntos públicos, pasan luego a las empresas privadas, en puestos opulentamente remunerados, para defender a sus nuevos clientes contra el  Estado, desde donde regresan de nuevo a la administración cuando su concurso resulta conveniente a sus protectores.

En el ámbito de los gobiernos del Partido Popular debemos destacar, como ejemplo de cuanto estamos contemplando, los avatares del ministro Montoro, que ha ido transitando con toda naturalidad como ministro de Aznar a ministro de Rajoy en el área económica y hacendística, manteniendo al mismo tiempo su despacho de asesor fiscal (llamado Equipo Económico) al servicio de las grandes corporaciones.

Personaje destacado de todo el periodo, que ha ocupado cargos clave en diversos gobiernos, es Eduardo Serra, de quien el autor se pregunta si es el hombre de la CIA en España, ^[1]pág. 188 del libro, ministro de Defensa hasta 1987, intermediario entre la administración española y las empresas armamentísticas, con un papel clave en la adquisición por parte de España a EEUU de los aviones F18, Presidente de Cubiertas y Mzov S.A. y Alcatel Standard Eléctrica S.A., que regresó a Defensa en 1996, donde profundizó en los lazos de nuestro país con la OTAN.

Pero, en fin, algunos llegan lejos pese a no pertenecer a esta tecnoestructura. No  olvidemos el sintomático caso del joven revolucionario Javier de Paz, hijo de un tornero de Valladolid, secretario general de las Juventudes Socialistas, que hacía frenética campaña contra el ingreso de España en la OTAN hasta que fue llamado a una reunión a la Moncloa por Felipe González en 1986, de donde salió atlantista, pasando luego a ser nombrado director general de comercio interior, desde donde tuvo una activa participación en la venta de Galerías Preciados al Corte Inglés, y siguió adelante en su meteórica carrera, primero como director adjunto de Panrico, y luego alto cargo de Telefónica, y consultor e intermediario con América Latina. 

Por otro lado, y analizando en definitiva este sistema de privatización del Estado en que consiste en definitiva la labor de aquellas élites, el periodista Ernesto Ekaizer en su libro “Operación jaque mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo”, ^[2]texto publicado en la editorial Idoia Vallverdú pone el acento en el otro dispositivo utilizado por nuestros dirigentes político económicos para aquellos casos en los que el tranquilo fluir de la tecnoestructura deja algún hueco al descubierto, cuando el hedor termina de escaparse y amenaza con anegar las pituitarias del respetable público. Entonces, se hace uso del mecanismo salvaje, ese que pisotea toda norma, se salta todo principio y recurre a los remedios más expeditivos, que es el utilizado por el ex policía Villarejo al servicio de los poderes económicos y políticos, y que sirve para corregir aquellas disfuncionalidades que se puedan escapar de las manos pese a las buenas maneras que suelen exhibir los funcionarios de elite encargados del normal funcionamiento del sistema.

Vemos en el libro  a este expolicía montar dossiers, filtrar noticias falsas a sus medios afines, utilizar los servicios del Estado para proporcionar información y datos a sus contratantes, y cobrar elevadísimas sumas a las grandes empresas españolas para hacer uso de todo tipo de ilegalidades para mejor atenderlas, llegando presuntamente incluso a apuñalar a la ginecóloga doctora Pinto por orden del compiyogui de la reina Leticia, López Madrid, yerno de Villar Mir, actividades que ha estado realizando con la más absoluta impunidad durante muchos años y que le han facilitado amasar una cuantiosa fortuna y situarse en una posición que  incluso le ha permitido actuar en  venganza al ser detenido haciendo  estallar el caso Corinna Larsen y destapando las presuntas evasiones fiscales y otros manejos del emérito. 

Vemos también cómo en los procesos judiciales, instruidos sobre todo por el Juez García Castellón, los sumarios van desinflándose, los plazos corriendo, las complicidades esfumándose y los poderosos, desapareciendo del objetivo judicial, salvo en aquellos casos en que materialmente era del todo imposible volatilizarlos.

Y en medio se encuentra el Fiscal Stampa, de la Asociación conservadora de la Fiscalía, que como quiere hacer su trabajo honestamente, topa con la que fue ministra de Justicia y luego Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, pareja de Baltasar Garzón, defensor de alguno de los comisarios implicados en las andanzas de Villarejo, y al que finalmente apartan de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional.

En fin, ambos libros son enormemente instructivos sobre el  funcionamiento real de nuestro Estado, de su sometimiento a los intereses privados y de los mecanismos que lo posibilitan, de la continuidad solapada entre los gobiernos de  distinto signo al servicio de los intereses oligárquicos capitalistas, y en consecuencia, abren los ojos del lector sobre la podredumbre existente, normalmente tapada, y la necesidad de la adopción de severas medidas para cortar por lo sano con la sangría que semejante actuación provoca, y que deben constituir una de las primeras exigencias a un Gobierno democrático.