¿Quién gobierna en España?

Durante los 40 años de democracia, el Partido Popular, gracias a la debilidad del aparato del PSOE, ha ido anulando gran parte de las “concesiones” democráticas que  había arrancado la lucha popular.

A estas alturas no es preciso repetir cómo a la muerte de Franco y dado el previo agotamiento de su régimen dictatorial, las derechas franquistas necesitaban establecer una nueva forma de organización política que además de proporcionar estabilidad al sistema, pudiera aprobar los cánones exigidos para el ingreso en la Comunidad Económica Europea.  Al mismo tiempo compartían preocupación con la administración estadounidense del presidente Gerard Ford por poner término a un creciente y combativo movimiento obrero y popular que cuestionaba el poder de la oligarquía y el orden social y político existente, evitando las alternativas revolucionarias que entonces se desarrollaban en el país vecino de Portugal.   

Procuraron en esta tesitura establecer un sistema que resultara formalmente homologable a los del resto de Europa Occidental, para lo que  necesitaron forzosamente  introducir una serie de cambios en los mecanismos de organización del Estado, sobre todo de índole legislativo, pero manteniendo aspectos fundamentales del aparato estatal del franquismo, y conservando en su cúpula una jefatura de Estado, con unas atribuciones y mecanismos de impunidad predemocráticos, como aquella inviolabilidad que para pasmo de la mayoría de españoles sirve para proteger al monarca de cualquier investigación frente a cualquier delito que cometa, por muy grave que sea, y que ha impedido incluso la recta tramitación de los procesos de paternidad que han intentado planteársele.

Aquellas modificaciones que no tuvieron más remedio que conceder, pues la presión popular hacía inevitables algunas concesiones, que fueron pocas por la complicidad que Carrillo y Felipe González les proporcionaron y que les dolieron de la misma forma en la que al propietario de una finca se le obliga a reconocer ciertas servidumbres que le impiden continuar manejando el cortijo a su antojo. Desde el primer momento se pusieron a trabajar en la tarea de reducir la democracia a su mínima expresión, de dejar en papel mojado las libertades que se habían visto forzados a reconocer.  

Cualquiera que tenga cierta edad, o haya leído sobre lo sucedido en el transcurso de aquellos años, puede identificar las continuas agresiones que se utilizaron contra los derechos y libertades democráticas, como muy tempranamente se puso de manifiesto, por ejemplo, cuando un mando de la Policía, todavía llamada Nacional, zarandeó y ninguneó a Jaime Blanco,  diputado del PSOE, al que detuvo en una manifestación por la autonomía de Cantabria y llevó a la Comisaría el día 30 de agosto de 1977,  dejando muy a las claras a todos los españoles lo que iban a pintar los parlamentarios, y quienes seguían detentando el poder efectivo. Asunto que puede parecer anecdótico, pero que estaba cargado de significado.

Como ocurrió con Adolfo Suárez, Presidente del gobierno ya elegido democráticamente, que reivindicó ingenuamente utilizar aquellas facultades que le reconocían la Constitución y las leyes, y fue forzado a dimitir por Juan Carlos I al no haberse plegado con docilidad a sus dictados en uno de los momentos más ilustrativos de lo que ha sido el devenir político de estas últimas décadas.

Posteriormente, y para aviso a navegantes de que no hay forma de que las derechas españolas se moderen, procedieron a dinamitar la formación política con la que habían ganado las elecciones, la Unión de Centro Democrático, en una maniobra de implosión interna dirigida por los Alzaga, Herrero de Miñón y Marcelino Oreja, componentes del sector de obediencia clerical dentro de la amalgama que era aquel partido político.

A partir de aquel momento desaparecían las caretas, y el partido fundado por los seis ex ministros franquistas, Alianza Popular, transmutado ahora en Partido Popular, tomaba el mando de las cerriles fuerzas conservadoras españolas.

Mientras tanto se habían producido continuas conspiraciones militares, apoyadas por una no investigada todavía trama civil, para dar un golpe de estado. Finalmente y tras el nombramiento de Alfonso Armada como segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, que se efectuó pese a la oposición nada menos que del Presidente del Gobierno, que no consiguió impedirlo, se produjo el 23 F. Un hecho que supuso una amenaza de extraordinaria gravedad para el sistema, y que fue protagonizado por este alto responsable militar que había sido preceptor del Rey durante su juventud y uno de los más próximos al mismo durante su andadura posterior. Junto a Armada, también fue personaje principal de aquella insurgencia su íntimo amigo el capitán general de Valencia, Milans del Bosch. Ambos contribuyeron a un golpe que adquirió ribetes grotescos con la intervención de Tejero, y que hacía muy difícil que llevara a la oligarquía española a buen puerto, dado el posible cerrojazo de la puerta de entrada de España a la Comunidad Europea que su triunfo hubiera hecho factible.

Para qué repetir el  contubernio de las fuerzas vivas del sistema por atribuir el fracaso del golpe y la salvación de la democracia a Juan Carlos I. Lo que muchos sabíamos, la verdadera naturaleza de la monarquía juancarlista, hoy ha quedado de manifiesto. Nadie ignora a estas alturas a qué se dedicaba realmente aquel Borbón tan campechano, que nos había traído la democracia y que era un rey ejemplar. Virtudes que durante cuatro décadas le ha estado atribuyendo la élite política, económica y mediática, de manera totalmente falsaria, pero que ha puesto de manifiesto hasta dónde puede llegar la manipulación política, ocultando incluso las actividades económicas a que se dedicaba el personaje.

La Audiencia Nacional, antiguo Tribunal de Orden Público, continuó campando por sus respetos, viéndose reforzada sucesivamente con jueces más reaccionarios. La policía continuaba dirigida por los mandos franquistas, que cada vez con mayor sensación de impunidad pasaban a utilizar los métodos que tan queridos y familiares les resultaban. En este sentido, no solo las andanzas de Amedo, sino también las del General Galindo, indiscutibles tras la sentencia que le condenó como responsable que era del cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, sirven como destacados ejemplos de unas actuaciones cuyo conocimiento pone los pelos de punta. El País, en su edición de 15 de febrero último nos recuerda la condena que se le impuso de 71 años de prisión, (benévolamente ejecutada, como supondrá el lector), por el caso Lasa y Zabala, cuya lectura releva de mayores detalles escalofriantes. 

Las libertades y derechos democráticos se han ido progresivamente recortando mediante una especie de legislación de excepción, como es la Ley mordaza, que no hay forma humana de que nuestro gobierno progresista derogue, pura y simplemente.

Los derechos laborales de carácter individual y colectivo se coartan con una reforma laboral reaccionaria que priva a los trabajadores de la posibilidad de negociar en mínimas condiciones de dignidad, y que está costando extraordinariamente eliminar. 

El poder judicial siempre ha sido uno de los ojitos derechos ¡cómo no! de la derecha española. En nuestra historia, con frecuencia, la represión de la derecha reaccionaria se ha llevado a cabo con el auxilio del aparato judicial al frente: el Tribunal de Orden Público, los Tribunales militares, incluso la Santa Inquisición que era una Tribunal de Justicia, el del Santo Oficio, no lo olvidemos.

Pues bien,  había que cuidarlo, no fuera a ser que se maleara con la democracia, se infiltraran gentes de izquierdas que pusieran en peligro los privilegios de la oligarquía y los terratenientes, los de la Iglesia Católica, etc. Y a eso se dedicó con gran atención nuestro partido popular, debiendo destacar en este sentido el largo periodo en que Federico Trillo ha sido responsable de todos estos asuntos.

Como estamos citando ejemplos llamativos de este proceder, pues sería imposible por innumerables dar cuenta de todos ellos, échese un vistazo al caso del Tribunal Constitucional, que de una primitiva composición de prestigiosos profesores y jueces, fue modificando en sentido negativo cada vez más la categoría profesional y política de sus miembros, llegando, por ejemplo, al gravísimo caso de colocar a García Calvo como Magistrado, pese a que había sido gobernador franquista de Almería cuando murió a manos de la policía Javier Verdejo Lucas, a los 19 años de edad.

Es decir, se situaba a personajes contrarios a los gobiernos constitucionales, nada menos que ¡para interpretar la Constitución! Algunos habían sido responsables de actuaciones policiales dirigidas contra aquellos que luchaban por una constitución democrática, por la recuperación de los derechos y libertades democráticas y con el tiempo llegaron al mismísimo Tribunal Constitucional. No cabía mayor burla para las personas progresistas, y no digamos antifranquistas, de este país.

Lo peor de estos despropósitos fue que el PSOE los aceptó. García Calvo llegaba al Constitucional por pactos PP/PSOE. Así colocaron a Enrique López, y a un larguísimo etcétera de miembros del Opus Dei y de extrema derecha, que lógicamente interpretarán la norma fundamental en el sentido más regresivo posible, hasta vaciarla de contenido.

El control del poder judicial, a lo que dedicó el PP grandes desvelos, les ha permitido colocar en todos los Tribunales a personas de extrema derecha, vinculados a aquel partido o a Vox, o a sectas religiosas, mientras el PSOE se conformaba obteniendo su pequeña parte en el reparto, con escasas posibilidades de combatir las tendencias cada vez más regresivas que se iban imponiendo, al vetar el PP  a todos aquellos de mayor preparación y firmeza democrática.

Y así se van sucediendo las barbaridades que todos podemos ver, una detrás de otra: se quita de en medio a Pérez Tremps del Tribunal Constitucional por el procedimiento de la recusación, por ser un estudioso del derecho autonómico que ponía en peligro la mayoría conservadora de este órgano judicial cuando se va a sentenciar sobre el Estatuto de Cataluña; se declara por los letrados del Parlamento que la inviolabilidad del Rey es absoluta; se dice que para sacar a Franco del Valle de los Caídos hay que pedir licencia de obras al Ayuntamiento de turno; se desconoce quién es M. Rajoy;  se mira hacia otro lado cuando Villarejo presuntamente apuñala a la dermatóloga Elisa Pinto; el Vicepresidente del Gobierno no puede estar en la comisión ejecutiva del Cesid porque es Pablo Iglesias; no permiten ni que se elimine a Millán Astray del callejero…y para no alargar más esta enumeración, se quiere privar al Gobierno de la facultad de salvaguardar la salud pública, haciendo nada menos que anticonstitucional la declaración del Estado de Alarma.

Más tarde, Alberto Rodríguez pierde su condición de diputado con la penosa complicidad de la Presidenta del Congreso en una gravísima injerencia en el mecanismo básico de los estados democráticos que establece la separación de poderes.

Lo más reciente es la designación por el PP de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo como integrantes del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, y el PSOE acepta sin reparos estos nombramientos.

De Concepción Espejel Jorquera, debe valorarse la actuación que tuvo contra el PSOE de Castilla La Mancha cuando se produjo el incendio de Guadalajara de 2005. Durante 7 años estuvieron procesados 15 políticos y responsables públicos de la Junta de Castilla-La Mancha dirigida entonces por el PSOE, con los bienes embargados… por nada, como finalmente dijo la Audiencia. Asimismo, el benévolo trato que dio al falangista que apuñaló tres veces con una navaja de ocho centímetros a un joven en 2007, entre otras muchas actuaciones.

A su vez, el otro nuevo miembro del Constitucional a instancia del PP, Enrique Arnaldo, ha sido investigado por supuestos y presumibles actividades de corrupción, según reseña el diario Público en su edición de 22 de octubre de 2021.

En definitiva, expurgo sistemático de aquellas limitadas concesiones que en los años 77 y 78 del pasado siglo se vieron obligados a reconocer, recorte continuo de derechos y libertades, y horizonte más o menos probable de un futuro gobierno PP/Vox, que podría suponer una vuelta al franquismo de forma más o menos camuflada.

O dicho de otra manera, creciente protagonismo en la gobernación de España por parte de los poderes fácticos, no democráticos y neutralización del Gobierno y  el Parlamento.

En definitiva, el aparato judicial va invadiendo, de manera paulatina,  con resoluciones que chocan con los principios democráticos y la separación de poderes: espacios que son de la competencia municipal, no dejando, por ejemplo, ni cambiar los nombres de las calles que continúan siendo identificadas con personajes que ofenden la memoria democrática; irrumpiendo en las facultades del poder legislativo para forzar la expulsión de un diputado del Congreso o trastocando las atribuciones del ejecutivo cuando abre procedimiento contra la exministra de Asuntos Exteriores en relación a actuaciones propias de gobierno.

 Hay que hacer frente a esta situación. Es necesario que se denuncie en todos los foros. ¿Cuándo vamos a escuchar, por ejemplo, algo sobre el Opus Dei en el Parlamento? ¿Hay miedo de nombrar a esta secta a la que están vinculados muchos de los protagonistas de los actos antidemocráticos que acabamos de señalar?

Se hace cada vez más imprescindible una movilización democrática que incluya entre sus objetivos la forma del Estado, y que tras llamar a las cosas por su nombre, frene en seco el sesgo cada vez más autoritario que sufren los ciudadanos españoles, y luche por lograr medidas severas que reviertan la actual situación, poniendo  además coto a una situación reaccionaria cada vez más preocupante.