Quién maneja el cotarro

El Opus Dei es una organización secreta. Sus miembros deben guardar disciplina y obediencia a la cúpula de la secta. El ideario es de extrema derecha. Muchos de sus miembros ocupan puestos claves en el aparato de Estado y de las empresas y multinacionales más destacadas del país, así como de los medios de comunicación.

El Partido Popular es sin duda la organización nuclear de la derecha española. Salvo en el País Vasco y Cataluña, es  el hegemónico en ese sector de la población. Obtiene un elevado número de votos, elección tras elección, y durante bastantes años ha gobernado el país y en diferentes comunidades autónomas. Pese a ser heredero del franquismo, de manera más o menos sincera, se ha visto obligado a aceptar algunos de los elementales principios democráticos, por más que sea con reticencia. A pesar de esta, y no obstante oponerse en su momento a su aprobación, ha acabado aceptando -y utilizando a veces a mansalva, como en el caso de Álvarez Cascos-, instituciones como el divorcio y algunos de sus militantes se han beneficiado, por ejemplo, de los derechos concedidos por la Ley que autoriza el matrimonio de personas del mismo sexo. Esgrimen sus votantes y afiliados a su favor estos derechos y libertades democráticas reconocidos en la Constitución siempre que les cuadre a sus particulares intereses.

No parece razonable pensar que valores democráticos introducidos en nuestra sociedad, de pleno sentido común, como por ejemplo, el que niños y niñas estudien en los mismos colegios, puedan ser rechazados por la mayoría de los miembros de dicho partido y sus simpatizantes. Posiblemente muchos de sus votantes consideren que la Iglesia Católica debe pagar impuestos; que es normal que los más ricos paguen más que los menos pudientes; seguro que consideran inadmisible la corrupción, o al menos, desagradable; no pienso que puedan celebrar que la impunidad del Rey emérito le permita ser amigo de lo ajeno, incluso de los cuadros del patrimonio nacional, ni que debamos permitir la desaparición del coto de Doñana por un puñado de votos para la conformación en favor del Partido Popular de algunos  ayuntamientos de Huelva. Seguro que prefieren, además, que los miembros del poder judicial sean independientes, y no estén tutelados por el partido que los ha nombrado, y así podríamos seguir indefinidamente, citando ejemplos de actitudes incorporadas a los hábitos de los ciudadanos propias de un país democrático, compartidos por muchos de los votantes de la citada organización derechista.

La pregunta que surge tras esta constatación es la siguiente: ¿cómo es posible que pese a ello, sistemáticamente, la inmensa mayoría de los cargos  públicos del PP y de sus dirigentes, se atribuyan, sin embargo, a personajes de extrema derecha? Nombrar al antiguo gobernador civil de Almería, Roberto García Calvo, fascista redomado,  involucrado en el asesinato de un joven demócrata…por hacer una pintada -Pan, T (Trabajo y libertad)-, nada menos que miembro del Tribunal Constitucional, cuando ese individuo era enemigo acérrimo del constitucionalismo democrático; designar a un individuo con tan graves sospechas de presunta corrupción sobre sus espaldas como Enrique Arnaldo, miembro de este mismo Tribunal, o a Concepción Espejel;  elegir como ministro de interior a un señor que dice se le presenta un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar su vehículo, y no sabemos si colaboraba también en dedicar a 70 policías durante un considerable espacio de tiempo en eliminar las pruebas que Bárcenas pudiera almacenar contra la corrupción del PP, siendo aquel precisamente ministro del interior o nombrar a una “policía patriótica” que en lugar de perseguir a la delincuencia se dedicada a cometer gravísimos delitos; elevar a Ministro de Justicia a un elemento como Federico Trillo, que se ha dedicado sistemáticamente a socavar todas las instituciones democráticas y que tras su malvada actuación en el caso de los fallecidos en el accidente del YAK 41 es elevado a embajador en el Reino Unido, como premio; promover sistemáticamente a miembros de la extrema derecha para Presidentes de las Salas de los Tribunales de Justicia, para que también de manera insistente prohíban incluso que los Gobiernos Autonómicos no subvencionen los colegios que segregan por sexos; apoyar campañas como la de los llamados abogados cristianos que amenazan a las mujeres que desean utilizar las clínicas de interrupción del embarazo; subvencionar a profesionales del odio como Jiménez Losantos para que continúe con su cruzada contra la convivencia de los españoles, por no citar el traspiés que supuso en su último Congreso del Partido Popular elegir al exaltado Pablo Casado frente a la más moderada Sáenz de Santamaría.

Todos estos son ejemplos que se podrían multiplicar por mil de que el control de los nombramientos en el PP lo ejerce no una dirección que pueda representar con mayor o menor mimetismo a un votante conservador, de derechas. En nuestro particular caso, el partido conservador está sometido de manera permanente a los dictados de su minoría más ultra.

¿Y por qué es esto así? ¿Cómo se instrumentan las fuerzas internas en  este partido para que al final ocurra esta consecuencia de forma constante?

Pienso que mas allá de una simplista identificación de todos los votantes y afiliados de dicha organización con la extrema derecha, tendríamos que preguntarnos muy seriamente de qué mecanismos se sirven determinados poderes fácticos para manejar a los medios de comunicación conservadores, para que sean auténticos libelos, al servicio del extremismo de derechas, con honrosas y muy contadas excepciones, con el protagonismo de un individuo tan oscuro como Mauricio  Casals,  presidente del diario La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia Corporación; que se haya llegado al fenómeno insoportable de un poder judicial beligerante contra el gobierno y que secunda todas las políticas de extrema derecha; que los nombramientos que dicho partido efectúa de todo tipo de altos cargos no recaigan en conservadores moderados, sino en elementos ultras; que no sean capaces de adoptar una política medio ambiental mínimamente lógica…

En anteriores artículos intentamos establecer un cierto paralelismo entre lo que había ocurrido en Italia en los llamados años de plomo, condicionados por la Logia P2 de Licio Gelli y Andreotti, con las actividades de otra secta española, también de carácter secreto, el Opus Dei, que pudiera servir de mecanismo de identificación y relación entre los diversos elementos que acaban tejiendo aquellas complicidades imprescindibles para asegurar el control por parte de la minoría ultra de todas las riendas del partido popular. 

La pertenencia o proximidad al Opus Dei de muchos de los personajes que tejen los mecanismos de decisión de dicho partido, señalan claramente en esta dirección. Del Opus o muy próximos a él son los  Trillo, Pérez de los Cobos, Jiménez Fernández, Catalá, Llarena, era Cotino, Lesmes, las diversas Salas Vaticanas que impiden acuerdos del gobierno mínimamente opuestos a los designios clericales… y todo lo que no podemos conocer directamente, pero a lo más, intuimos, dado el carácter secreto de dicha secta, cuyo nombre aún no se ha pronunciado inexplicablemente en el Parlamento como posible responsable de muchas de las graves anomalías que están ocurriendo en nuestro país.

El Opus Dei es una organización secreta. Sus miembros deben guardar disciplina y obediencia a la cúpula de la secta. El ideario es de extrema derecha. Muchos de sus miembros ocupan puestos claves en el aparato de Estado y de las empresas y multinacionales más destacadas del país, así como de los medios de comunicación. Su carácter secreto impide conocer hasta que punto llegan los tentáculos de la organización.

Este no es un asunto baladí. Ya en anteriores artículos publicados en este mismo medio, recordábamos el Acuerdo que tuvo que adoptar el Consejo General del Poder Judicial el 25 de julio del 2000, a propuesta de Javier Moscoso, prohibiendo la pertenencia de jueces y fiscales a las organizaciones secretas o que generaren entre sus adeptos vínculos de obediencia o disciplina—diario El País, 27-7-2000–, como es el caso del Opus.

Dicho Acuerdo se convirtió en papel mojado, y para constatar la vigencia del problema basta observar la reunión que han tenido los fiscales a principios de mayo último con Feijoo, «alertando sobre los pactos del Gobierno con filoetarras, pidiéndole que derogue diversas medidas adoptadas por Pedro Sánchez, criticando la falta de democracia en los procedimientos legislativos, poniendo incluso en duda los procesos electorales, atacando la supuesta perversión en el proceso legislativo…» Es decir, manifestándose en abierta sintonía con los postulados de la derecha reaccionaria y la ultraderecha, a lo que como ciudadanos privados podrían tener derecho,  pero en modo alguno cuando hablan, y probablemente actúan, como tales ultras en relación con los cargos claves que ocupan.

Todas estas actuaciones organizadas son muy  probablemente regadas por el maná que proporcionarán con generosidad algunas empresas del IBEX, varios  de cuyos máximos dirigentes no dudaban en utilizar al “democrático” Villarejo para realizar aquellos trabajos tan sucios que todos conocemos.

Así que imagine el lector la influencia que tal pertenencia al Opus puede tener para orientar el carácter de muchas sentencias, de muchas decisiones administrativas para obtener el aprobado en Tribunales de Oposición…y todo lo que pueda vislumbrarse.

A esta secta del Opus Dei pertenecen, por ejemplo, los colegios que segregan por sexo. En fin, la influencia desmedida de estos y otros sectores ultracatólicos en nuestro día a día político, debe ser objeto de mucha atención, no sea que estemos repitiendo una Logia P2 a la española y que, al contrario de lo ocurrido en Italia, no queramos enterarnos.

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