Quince minutos antes
Señala el Ministerio Fiscal que los 4.600 euros, «se ingresaron en la cuenta personal de Dª Luisa María García Chamorro, ocasionando un quebranto de los fondos públicos asignados al Grupo Municipal del Partido Popular para su funcionamiento».
El escritor Manuel Vicent en su libro Lecturas con daiquiri, un recopilatorio de columnas dominicales que publica el diario El País, señala: «La mayoría de los errores que se cometen a lo largo de la vida se deben a no haberse parado solo cinco minutos a pensar en las consecuencias de hacer o decir lo que uno está pensando…. En efecto, algunos políticos parece que viven bajo una presión que les impide meditar cinco minutos antes de meter la mano en la caja. Cinco minutos de meditación habrían bastado para evitar la mayor parte de los casos de corrupción, los escandalos financieros, los desfalcos y otras rapiñas».
Si Luisa María García Chamorro, antes de disponer de esos 4.600 euros procedentes de fondos públicos para destinarlos al pago de una condena judicial de carácter personal, hubiera dedicado solo cinco minutos a pensar en las posibles consecuencias adversas de esa disposición, hoy no se encontraría en una situación calamitosa que le obligará a transitar por, decía el poeta Miguel Hernández, la tenebrosa vía de los juzgados, hasta que finalmente el órgano judicial competente decida absolverla o condenarla. Mientras tanto, un calvario de diligencias judiciales le espera.
Esa presión de la que nos habla Vicent, que impide la reflexión previa quince minutos antes, no es otra que el desmedido amor al dinero: nubla la vista, paraliza el razonamiento y estimula un comportamiento impulsivo irrefrenable por tomar posesión de lo ajeno.
La delicada situación que atraviesa ahora la Sra. Chamorro, tiene su origen en una denuncia presentada en su contra por los concejales de IU-Equo y del PSOE entre otros, ante la Fiscalía de Granada el pasado 8 de octubre de 2021, por haber «abonado con fondos del Grupo Municipal del Partido Popular de Motril el pago de obligaciones jurídicas particulares». El Ministerio Fiscal, mediante Decreto de 26 de enero último, ha acordado dar trámite a dicha denuncia al estimar que «los hechos investigados indiciariamente son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y 74 del CP, sin perjuicio de una más depurada calificación jurídica una vez se culmine la fase de instrucción».
El artículo 432 del Código Penal castiga con pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años, a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 o el del artículo 253 sobre el patrimonio público.
Este precepto contempla en su apartado primero la administración desleal de fondos públicos, con perjuicio para el patrimonio público. El apartado segundo refiere a la apropiación indebida de bienes por parte de autoridad o funcionario público.
El Decreto de la Fiscalía entiende «indiciariamente acreditada la perpetración del delito de malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal o alternativamente apropiación indebida, estableciendo el legislador la misma pena para ambas formas de comisión».
Añade la Fiscalía que «consta acreditado que la denunciada, Dª Luisa María Chamorro, en la actualidad Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Motril e integrante del Grupo municipal del Partido Popular en dicho Ayuntamiento, los días 4 y 7 de noviembre de 2019 y 14 de febrero de 2020, ordenó, en su beneficio, la realización de transferencias por valor total de 4.600 euros, desde la cuenta bancaria de UNICAJA con IBAN….., propiedad del Grupo Municipal del Partido Popular de Motril, a su cuenta personal, siendo el destino de tales fondos abonar la responsabilidad civil impuesta a Dª Luisa María García Chamorro por la comisión de un delito de injurias graves con publicidad, por el que fue condenada en sentencia firme dictada el 19 de junio de 2017, por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Granada».
Los 4.600 euros, señala el Ministerio Fiscal, «se ingresaron en la cuenta personal de Dª Luisa María García Chamorro, ocasionando un quebranto de los fondos públicos asignados al Grupo Municipal del Partido Popular para su funcionamiento, que sufrieron en tal cuantía, una disminución no justificada ni autorizada por la norma.»
Una vez analizados los hechos acreditados, la Fiscal «entiende que los mismos indiciariamente constituyen un delito de malversación de caudales públicos, sin perjuicio de las consecuencias penales favorables que puedan ser otorgadas en el momento procesal oportuno, a la devolución voluntaria del dinero por parte de Dª Luisa María Chamorro».
El informe de la Fiscal hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de noviembre de 2002, que relata cómo dos concejalas del Partido Popular del Ayuntamiento de Rentería, rechazaron el uso de dinero público municipal para abonar una fianza destinada a lograr la libertad provisional de una concejala detenida del mismo municipio, en base a que «la atención dineraria municipal en favor del miembro encarcelado se convierte en una concesión corporativa que, argumentada en razones de solidaridad política subjetiva del colectivo, no cuenta con causa jurídica legítima y objetiva que sirva de título a una disposición de fondos públicos con ejercicio de la potestad financiera pública».
El Decreto de la Fiscal hace mención también al claro y preciso Informe del Interventor del Ayuntamiento de Motril que Hojas de Debate dio a conocer el pasado 10 de noviembre. Las explicaciones de Dª Luisa María García Chamorro, que alegó que su actuación estaba dentro de la legalidad, no pueden tener acogida, indica este Decreto.
Además de la alcaldesa, también aparece como indiciariamente responsable de los hechos denunciados, la concejala del Partido Popular Dª Angeles López Cano. Por cierto, ambas ediles bloquearon con su voto la iniciativa de IU-Equo destinada a retirar la medalla de la ciudad al dictador Franco.
En una nota pública, IU-Equo de Motril considera que García Chamorro no puede continuar «ni un minuto más» al frente de la Alcaldía de Motril y reclama al Partido Popular que se disculpe ante la ciudadanía «por la actuación reprobable de su presidenta y alcaldesa de Motril a la que se investiga por presunta malversación, administración desleal o apropiación indebida».
