Soberanía energética o barbarie
La soberanía energética y el control público de este sector estratégico por parte del Estado son las únicas soluciones ante esta y futuras escaladas del precio de la energía.
En estos días de finales de agosto, Europa está viviendo brutales escaladas en los precios de la energía nunca vistos con anterioridad y que no paran de crecer día tras día: Países Bajos 607,5 €/MWh; Bélgica 622.6 €/MWh; Alemania 660 €/MWh; Italia 706.42 €/MWh; Francia 740 €/MWh… Hasta tal punto ha llegado la situación que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya habla de la necesidad de desarrollar una “intervención de emergencia” en el mercado eléctrico. En este sentido la Comisión Europea ya aprobó el pasado 8 de junio para España y Portugal la “excepción ibérica”, que no es otra cosa que desunir el precio de la electricidad del precio del gas, es decir, solo pagar a precio de gas aquella energía que se genera con él, con lo que se consigue reducir en gran medida el precio de la electricidad.
En el panorama nacional, si bien es cierto que gracias a la citada excepción en España la subida no ha sido tan abrupta como en el resto de Europa, no lo es menos que en este país no para de subir. Por ejemplo, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) el pasado 28 de agosto se alcanzó los 460 €/MWh, el mayor pico desde que entro en vigor la comentada excepción. Esto supuso una subida de un 8,5% en un solo día, lo que muestra muy a las claras la gravedad de la situación y el inverno que se augura.
Quizás los términos en €/MWh pueden resultar ajenos o lejanos para muchas personas, pero cuando se les da el dato que la factura media en España ha pasado de 800 €/año antes de la crisis energética a aproximadamente 1.500 €/año en la actualidad (incluyendo aquí la excepción ibérica), ya la trascendencia del asunto la entiende todo el mundo.
Es importante también no hacer trampas en las comparativas entre Europa y España, sacando pecho que la situación aquí es mucho mejor. Si se pretende hacer una comparativa seria entre un determinado país europeo y España habría que analizar el binomio: “salario medio – precio de la energía”, es decir, analizar cuanto repercute en porcentaje de sueldo el precio de la energía a la clase trabajadora en cada caso. Solo así se explica el por qué se nos concedió la mencionada excepción.
Por otro lado, está como poder entender primero y asumir después, los incrementos en la factura eléctrica por lo que se conoce como la “compensación”. Esto se explica tras la entrada en vigor del tope al gas aprobada en el Real Decreto-ley 10/2022 de 13 de mayo de aplicación durante 12 meses y nunca más allá del 23 de mayo de 2023. Este introdujo un nuevo concepto a través del cual las compañías eléctricas, de forma legal, cobran una cantidad adicional al precio que tienen contratado los consumidores. Algunos expertos estiman que esa cantidad es del orden del 40%, aunque el citado decreto no estipula el margen a aplicar, señalando únicamente una fórmula para su cálculo.
La aprobación del citado decreto se hizo a la española, es decir, de la noche a la mañana, lo que conlleva falta de concreciones que se dejan a la interpretación de las compañías eléctricas. Por ejemplo, según el mismo las eléctricas no están obligadas a especificar y detallar este cobro en una línea concreta al consumidor, por lo que de forma algo discrecional pueden informar o no al cliente según la compañía y el tipo de contrato de cada uno. Este es el motivo por el que no todos los consumidores lo pueden ver de forma detallada en sus facturas.
Una desagradable sorpresa se la han llevado o se la van a llevar los consumidores del mercado libre, los cuales generalmente tienen contratadas tarifas estables. El disgusto aparece en el momento de renovar sus contratos (normalmente anualmente). Cuando lo hacen, la gran mayoría de las compañías empiezan a repercutirles el importante aumento del coste de la energía. Es verdad que sin la comentada excepción pagarían incluso más.
Ante la alarmante situación energética, proponer como soluciones la implantación de medidas para disminuir el consumo (véase limitar el aire acondicionado en los establecimientos o dejar de iluminar los monumentos de las ciudades por las noches) o disminuir el régimen impositivo (bajar el IVA al 4%) tienen, en el mejor de los casos, un alcance muy limitado y en ningún caso solucionan el problema. Sería como si un médico receta pastillas mentoladas y paracetamol si fiebre, a un paciente que padece un cáncer de garganta. Ya solo les falta a los ciudadanos y ciudadanas de este país, que el Gobierno del Reino de España, al más puro estilo Groucho Marx, nos pidiese que compremos muchas velas y mantas para hacer frente a la temporada otoño-invierno que se avecina.
Si se quiere acometer una solución solida y duradera a la crisis energética es necesario por un lado garantizar la soberanía energética del Estado. Para ello es indispensable limitar la dependencia del gas y el petróleo extranjero mediante el incremento de las energías renovables y, lo que es igual o más importante, fomentar las instalaciones e infraestructuras necesarias para maximizar su grado de penetración en la red.
Por otro lado, resulta esencial que el Estado asuma el control público de todo el sector energético, como sector estratégico que es no puede estar sujeto al lucro. Esta medida permitiría garantizar que la energía no se convierta en un bien de lujo para muchas familias españolas. De esta forma, no existiría un precio de la electricidad en España, sino que serían las rentas de cada hogar las que dictaminarían el precio que paga cada familia. Esto no sería más que pura justicia social.
