El voto de Enrique Santiago

¿Para qué ha servido el voto de Enrique Santiago en favor de los dos candidatos del PP de perfil predemocrático? ¿Es así cómo se frena el avance de la derecha autoritaria?

El jueves, 11 de noviembre último, el Congreso de los Diputados ha validado el acuerdo previo de la Comisión de Nombramientos por el cual acceden al Tribunal Constitucional María Concepción Espejel Jorquera y Enrique Arnaldo Alcubilla, candidatos propuestos por el Partido Popular, con los votos del PSOE, UP, PP, Foro Asturias y Coalición Canaria. Se han producido 11 votos menos del total que agrupan a estas formaciones políticas (243 escaños), respecto del candidato Arnaldo, unos por ausencia y otros por voto expreso contrario. Hasta el momento, solo se sabe con certeza que rechazó este nombramiento el diputado del PSOE, Odón Elorza, y otros dos más de la misma organización por error. Lo han reconocido de forma pública, teniendo en cuenta que la votación ha sido secreta y telemática. La candidata, Espejel, ha contado con 238 votos, cinco menos de los esperados.

ERC, JxCat, PDeCAT, Cup, EH-Bildu, PNV, BN, Más País, Cs y Vox no otorgaron el voto a ninguno de los candidatos propuestos por el Partido Popular.

Por ahora, desconocemos si entre esos 11 votos disidentes se encuentra algún militante del PCE. Pero con certeza sabemos que Enrique Santiago sí ha votado junto al PP y al PSOE apoyando a los candidatos propuestos por la formación derechista. Lo dijo en RTVE.

Siendo Secretario General de esta organización, conviene analizar el sentido y las consecuencias de su voto.

En primer lugar, aduce el Secretario General de PCE que con su voto contribuye a desbloquear el Tribunal Constitucional, mediante el relevo de los cuatro miembros con mandato caducado por los que ahora han sido elegidos.

Tal argumento carece de fundamentación. La próxima renovación debe tener lugar el mes de junio de 2022, momento en que caduca el mandato de Santiago Martínez-Vares García, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez y Juan Antonio Xiol Ríos. Los tres primeros del grupo conservador y el último del sector progresista.

En esa fecha, la renovación se producirá –artículo 159.1 de la Constitución- dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del  Poder Judicial. Esta renovación depende, por tanto, del Gobierno y del CGPJ de forma simultánea. No es posible que el Gobierno nombre a dos de los magistrados del Tribunal Constitucional mientras el CGPJ no designe a los otros dos por mayoría de tres quintos. Es precisa la unidad de acto. Si el Gobierno de manera unilateral decidiera nombrar a los dos magistrados que le corresponde, sin que el CGPJ propusiera el nombramiento de los otros dos, ¿quién determina entre las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional los dos magistrados con mandato caducado que deban marchar para ser sustituidos por los dos que designa el Gobierno? Por otra parte, ¿puede un CGPJ no renovado y caducado designar a los dos magistrados que le corresponde?

Lo previsible es que el Partido Popular continúe bloqueando la renovación del CGPJ. Lo viene haciendo desde hace más de 1.000 días. Ahora, pese al pacto con el PSOE en la renovación actual del TC, mantiene bloqueado al CGPJ. Su estrategia es prolongar esta situación e impedir que el gobierno de coalición pueda designar en junio próximo a los dos magistrados que le corresponde, en cuyo caso, la actual correlación de fuerzas, 7 conservadores por 5 progresistas, se mantendría cuanto menos hasta la próxima celebración de elecciones generales. Basta con que el CGPJ de mayoría conservadora no proponga a los dos magistrados que le corresponde alegando falta de legitimación sobrevenida como consecuencia de que todos sus miembros expiraron el mandato. Por otra parte, la posibilidad de una renovación de la totalidad de los integrantes del CGPJ antes de junio próximo, solo será real si el pacto entre PSOE y PP que lo propiciase le ofrezca a este esa mayoría de tres quintos de sus miembros que le permita proponer a los dos magistrados de su cuerda, garantizando así la continuidad actual de su mayoría en el seno del Tribunal Constitucional.

Es ingenuo y propio de pardillo pensar que el Partido Popular, una organización que en sede judicial ha sido declarada corrupta y que dispone de colmillos retorcidos, vaya a permitir voluntariamente entregar el Tribunal Constitucional a la mayoría progresista.

Por consiguiente, el nombramiento actual de los cuatros nuevos magistrados del TC no impide, desde luego, un nuevo bloqueo en el alto tribunal por el PP en junio de 2022.

Dicho esto, la actual renovación ha sido de gran utilidad para la derecha reaccionaria. Ha logrado mantener su mayoría en el Tribunal Constitucional; ha mejorado su cuota conservadora con la incorporación de dos dirigentes del PP sin carnet, como ha indicado desde la tribuna del Congreso el diputado de UP Antón Gómez-Reino; tiene amplísimas posibilidades de colocar en la Presidencia del TC a uno de los suyos que goza de voto de calidad o dirimente, lo que le permite deshacer los empates y por muchos años y, finalmente, ha ganado una batalla política porque el desatino del PSOE y de UP tendrá un importante impacto negativo en los próximos comicios que favorecerá a la alternativa reaccionaria.

Un Tribunal Constitucional renovado con un perfil más escorado aún hacia posiciones de derecha reaccionaria que debe resolver sobre asuntos de notoria importancia como el de la forma de prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución para acceder a la condición de diputado, después de que admitiese a trámite los recursos del PP y de Vox «porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales», recurso que afecta a 29 parlamentarios que podrían perder esta condición. Igualmente, quedan para sentencia el derecho al aborto, cuyo trámite comenzó hace once años y que ahora, con esta renovación del Tribunal Constitucional, puede restringirlo e incluso suprimirlo; la ley Celaá sobre educación; diversos procedimientos sobre corrupción que afectan al PP, con posible anulación de las sentencias que lo condenaron; la legislación sobre la eutanasia, la prisión permanente revisable, la reforma de la ley que evita que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones realice nombramiento en la cúpula judicial, etc.

¿Para qué ha servido entonces el voto de Enrique Santiago en favor de los dos candidatos del PP de perfil predemocrático? ¿Es así cómo se frena el avance de la derecha autoritaria y sus consecuencias?

Trituradora PCE Autor Fernando Francisco Serrano
Autor Fernando Francisco Serrano

En segundo lugar, Enrique Santiago apela ante el grupo parlamentario de Unidas Podemos a la disciplina de voto con la finalidad de que este apoye a los candidatos propuestos por el Partido Popular.

La disciplina que debe invocar el Secretario General del PCE no es otra que la del respeto a la voluntad popular de los votantes, sin olvidar el mandato congresual de esta organización. Es decir, el acatamiento a los Estatutos y al Programa Político del PCE.

Su disciplina de voto, sin embargo, ha sido para la obediencia y el sometimiento a un PSOE que sin contar con Unidas Podemos, pactó con el Partido Popular los nombramientos de Concepción Espejel Jorquera y Enrique Arnaldo Alcubilla como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Con su voto, Enrique Santiago dio la espalda a sus votantes y transgredió las obligaciones que le imponen los Estatutos y el Programa Político del PCE aprobados en su XX Congreso.

El artículo 1.5 de los Estatutos de esta organización define al PCE como un partido antifascista, comprometido con la generalización universal de los derechos humanos (art. 2.3) que asume la tarea de combatir contra cualquier forma que adopte el fascismo, trabajando por su erradicación y fomentando la unidad antifascista en el seno del movimiento obrero y de la sociedad(art. 2.5), siendo obligación de todo militante la de velar por la aplicación adecuada de los Estatutos del PCE, así como de la línea política aprobada en el marco de todas las organizaciones del Partido.

En el Programa Político (1ª fase) consta un compromiso militante de trabajar por una democracia real, participativa, laica, federal y republicana (pág. 26). E igualmente por luchar por un nuevo país en el que se hagan realidad las reclamaciones populares de democracia real y transparencia, sin estar sometidos a los dictados de la banca y el capital (pág. 27), cuyos intereses hoy representa y defiende el Partido Popular. Un  proyecto de país que abra el camino de la democratización política, de los derechos y libertades, de la derrota de la oligarquía y la soberanía económica, del reconocimiento de los derechos de los pueblos y la plurinacionalidad del Estado (pág. 16 fase 2ª).

¿Contribuye el voto de Enrique Santiago a fortalecer las instituciones democráticas?

La gravedad de lo ocurrido debiera conducir a Enrique Santiago a dimitir de todas sus responsabilidades en el PCE, y a los militantes, en caso contrario, a requerirle para que lo haga lo antes posible.

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