Bajo los miserables efectos de la crisis y la guerra

Solo la inmediata subida de salarios y pensiones puede salvar a millones de personas de la miseria social continuada. 

Acaba el año 2022 en medio de las consecuencias miserables de la crisis capitalista y la guerra. No se trata simplemente de una amenaza contra los pueblos del mundo sino de la realidad de todos los días, que se impone con más militarismo y represión, provocando un retroceso político y social general. Los países dominados directamente por las exigencias de la economía norteamericana y del militarismo de la OTAN, como es el caso de nuestro país, no son ajenos a la guerra y sus consecuencias de todo tipo, aunque estemos geográficamente a miles de kilómetros de los bombardeos. 

El teatro de la guerra va mucho más allá del inmediato teatro de operaciones militares. De un lado, se extiende a todos los países que dedican buena parte de sus presupuestos a la compra de más y más armamentos, desplazan sus tropas a las fronteras rusas, participando, de una u otra manera, de la guerra económica y comercial, sufriendo los efectos de la depreciación de sus monedas con respecto al dólar. De otro lado, las consecuencias de la guerra se extienden también a aquellos países que no están directamente sometidos a los dictados de la OTAN, pero que sufren en primera línea las consecuencias de las sanciones económicas y las amenazas constantes de intervención militar de la coalición internacional dirigida por los intereses de los EEUU.

Por ello, nadie puede hablar solo y simplemente de una guerra señalada, limitándola al teatro de los bombardeos, sin tener en cuenta el verdadero ámbito del teatro de operaciones, que es sin duda el terreno internacional. Se trata de la ofensiva de los EEUU de sobreponerse a su decadencia histórica, con un ataque generalizado sobre todos los terrenos contra sus competidores directos en el mercado internacional de capitales y mercancías, afectando también de forma sensible a sus propios aliados. Ofensiva imperialista que se lanza al precio que sea con el fin de tratar de restablecer su dominio mundial sobre el gas y el petróleo, sobre la economía de armamentos; tratando de controlar la extracción y el precio de las principales materias primas internacionales. 

En una palabra, lo que está en juego, no es solo la guerra en Ucrania, sino la economía y la seguridad mundial, que gravita sobre el terreno de las decisiones de una oligarquía internacional, y que las autoridades de los EEUU, en buena medida, representan. La catástrofe mundial con la que amenazan los principales mandatarios, no procede solo de la posible extensión de la guerra de Ucrania, sino de las consecuencias directas e indirectas del callejón sin salida de la crisis capitalista internacional, inseparable de la guerra. Los ejercicios especulativos acerca del alcance de esta guerra, no deben olvidar que el objetivo de los EEUU es el de aplastar económica y militarmente la producción de los nuevos grandes propietarios de la economía rusa y sus aliados, y en particular de China, convertida en la fábrica del mundo después de los acuerdos con los EEUU y otras grandes potencias.  

La lucha contra la subida de los precios se extiende por todo el mundo, y encuentra en Europa un terreno abonado, en los países donde los trabajadores gozaban de algunas conquistas y están perdiendo rápidamente su capacidad de compra. Tal es el caso de las huelgas parciales que se multiplican en Gran Bretaña, de los movimientos intermitentes en Francia demandando aumentos salariales; de las manifestaciones y huelgas en Italia, que vinculan -como en Grecia- la lucha contra la guerra con la subida de los salarios.

Los gobiernos y las patronales se han conjurado en todas partes para hacer retroceder la capacidad de compra de las rentas de los trabajadores, de los salarios y las pensiones; procediendo con la unidad nacional en torno al poder, con el Pacto Social y de Rentas, a la estrangulación de la negociación colectiva y del poder de compra de los trabajadores. 

El Gobierno de coalición español acaba de aprobar el sexto paquete de medidas anticrisis, que como todas las anteriores no va a la raíz de los problemas, conformándose con barnizar la superficie de la crisis social con medidas asistenciales, limitadas e insuficientes. Renuncia a las medidas sociales determinantes contra la crisis, que son: de una parte, el control de los precios, y de otra, el aumento general de salarios y pensiones.

En cuanto a los precios y su relación con los salarios y pensiones, hay que comenzar por decir la verdad. Los precios oficialmente han subido el 8,6%, y los salarios sólo aumentaron el 2,8%; de donde se deduce que los salarios, en realidad, han caído un 6% en 2022, incrementando la pobreza social. Lo que supone una de las mayores diferencias entre precios y salarios de toda Europa, donde los precios suben algo más, pero en los que los salarios se multiplican tres veces más que en España.

Las medidas “anticrisis” en su conjunto no son, por tanto, como se quiere dar a entender, medidas de choque contra la crisis, es decir, contra la   especulación y la miseria social; y aún menos contra la guerra, en la que participan los Estados sometidos a los EEUU con la financiación y envío de tropas a las fronteras rusas.

Sin la subida general de salarios y pensiones, y el establecimiento de un salario y pensión mínima de 1.400 euros, las medidas anticrisis del Gobierno no resolverán ni de lejos los graves retrocesos sociales provocados por la crisis. 

El golpe de togas de los altos magistrados españoles contra la capacidad legislativa de las Cortes Generales se ha consolidado con la colaboración definitiva del propio gobierno. El acuerdo por unanimidad -es decir por consenso- de los magistrados “progresistas” y “conservadores” del CGPJ permite renovar 1/3 del órgano, cuyo mandato expiró hace ya un año y medio. La unanimidad de “conservadores” y “progresistas” no es una casualidad, ni tampoco un accidente; es por contra, el síntoma de que el Gobierno se somete una vez más al consenso con los franquistas contra toda expresión democrática; de manera que la reforma iniciada en el Congreso de leyes que regulan la elección de altos magistrados queda aparcada, tal y como ha exigido el PP, y la misma Comisión Europea.  

Cuando parece que se aparca la crisis institucional con los altos magistrados del régimen, sometiéndose al consenso constitucional, al Gobierno le sobreviene de nuevo la cuestión catalana, cuando la creía aplacada en el tiempo por los efectos de sus acuerdos de legislatura con ERC y de la existencia de la misma mesa de negociación. El discurso del Borbón, que parece que se guisa en la Moncloa, y que el Jefe del Estado se empeña en interpretar, con cada vez con menos audiencia y mucha menos credibilidad, ha sido todo un canto a la Constitución, es decir a la unidad nacional y el consenso.

En su discurso navideño, el Presidente de la Generalitat, condicionado -como toda la sociedad- por el mandato popular del referéndum de 1 de octubre de 2017 de llevar adelante la ruptura democrática, rompiendo la subordinación a las leyes e instituciones monárquicas, ha vuelto a reclamar la convocatoria de un nuevo referéndum de autodeterminación. Sánchez se ha visto obligado a responder, por la presión mediática desatada por los franquistas, que el referéndum “no se va a producir”. Argumentando falsamente que “no se trata de compartimentar la soberanía sino de compartir soberanía”. 

Sánchez, y su Gobierno, saben que el derecho a decidir se puede ejercer de formas diversas. Y que todos los pueblos tienen derecho a gobernarse a sí mismos de acuerdo a sus exigencias y aspiraciones. 

Una vez más la solución republicana es la exigencia inmediata del pueblo catalán y de todos los pueblos de España.