Desde el XX Congreso hacia el XXII Congreso del PCE

Para los y las militantes del PCE abajo firmantes, es fundamental abordar los aspectos esenciales para un nuevo programa político sobre la base de los acuerdos adoptados en el XX Congreso del PCE y su actualización a los procesos de cambio internos e internacionales producidos desde el fallido XXI Congreso del PCE, dadas las graves irregularidades producidas en su desarrollo. 

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Después de 39 años, los Estatutos del PCE y su programa correspondiente al XX Congreso retomaron o volvieron a proclamar nominalmente los principios del marxismo-leninismo tras la supresión del leninismo en el IX Congreso de 1978, como elementos rectores de toda la actividad política de la organización. Debemos recordar que la línea estratégica con las propuestas políticas, organizativas y financieras constituyen el Programa del Partido que aprueba el Congreso, único órgano competente ya que no hay Dirección ni otro órgano que pueda modificar lo aprobado en un Congreso.

Es muy necesario analizar lo que fue y significó el eurocomunismo durante la Transición, y para el desarrollo de la vida política del propio PCE, con tanto tacticismo sofisticado y ninguna estrategia de lucha de clase sólida. Se precisa refrescar ideas sobre el sindicalismo combativo y sociopolítico, la recuperación de la República, el respeto al Derecho a la Autodeterminación, la Ecología, el Laicismo, el Feminismo y algunas otras cuestiones de suma importancia, frecuentemente ausentes de nuestros debates, como el centralismo democrático y la organización y disciplina internas del Partido. 

Así mismo, es necesario fomentar la reflexión sobre el papel de la cultura en la emancipación social y sobre la comunicación política y las nuevas tecnologías ligadas, de alguna manera, a superar el desastre comunicacional inducido y la situación de la “generación desconectada”. También es preciso reflexionar sobre la vinculación entre recuerdo, memoria e historia, en el sentido de apoyar la memoria con la historia.

Hacemos un llamamiento a impulsar un debate que supere las insuficiencias que hasta ahora han lastrado la puesta en práctica del Programa aprobado en el XX Congreso que de cara al próximo XXII Congreso y su precisa actualización. La conclusión es que tras el XX Congreso, el grupo eurocomunista, que hoy denominamos reformista, controló buena parte del aparato de dirección del Partido, vulnerando de manera sistemática los Estatutos del Partido, el Programa Político del Partido y el Documento Organizativo que conformaban el mandato congresual. Frente a este estado de cosas, hay que asimilar un conocimiento crítico y autocrítico del devenir del PCE y de su situación político-administrativa actual, tras cuarenta años de reformismo, impulsando la crítica documentada.

El mandato congresual del XX Congreso no dejaba lugar a dudas: pasar de una organización socialdemócrata a otra marxista-leninista. Es deber militante aplicarse por completo en esta tarea trascendental de lucha ideológica que, como decía Lenin, ha de ser «franca, directa y resuelta», resaltando las bases que han de perdurar con el XXII Congreso.

El XX Congreso del PCE estableció, en su primera fase de abril de 2016, que « Tanto la UE como el euro son irreformables dado que se han construido sobre los valores y los principios del capitalismo, y se han construido para servir los intereses del poder económico y financiero.» Se ratificó en el Documento Político de la 2ª fase del Congreso, de diciembre de 2017 que «La UE, como ente político-jurídico-económico supranacional europeo, se ha demostrado como un proyecto neoliberal irreformable por la propia autoprotección que le otorgan los tratados de Constitución, Maastricht y Lisboa. La UE es un proyecto de clase que actúa como avanzadilla del imperialismo, con una total dependencia de las decisiones de la OTAN y que se debate entre la implosión ultraderechista o la continuidad de un proyecto neoliberal supeditado al interés de los EEUU sostenido por la socialdemocracia y la derecha tradicional europea.» Este apartado está de absoluta actualidad demandando la necesaria oposición a las medidas del Gobierno de Coalición belicista y la salida del mismo ya que impulsa ayudas militares al Gobierno del títere Zelensky, con cargo al presupuesto del Estado español y debilita la atención a las necesidades sociales urgentes de la clase trabajadora y capas populares en el Estado español. Así mismo, determina su complicidad con el genocidio del pueblo palestino.

Respecto al grave problema de la deuda, el XX Congreso del PCE lo abordó al señalar que: «Debemos asumir la imposibilidad de pagar la deuda o, caso contrario, hipotecar al país por décadas.» , así como, «Nos negamos al pago de la deuda ilegítima y reclamamos instrumentos de soberanía económica y monetaria para hacer frente a cualquier crisis.». Esta cuestión sigue demandando la respuesta transformadora que ha sido relegada por completo.

En lo relativo a la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, el XX Congreso del PCE llamó a la militancia a luchar por la derogación integra de las dos reformas laborales del PSOE y el PP que tantísimo daño han provocado y están provocando a los trabajadores. Conviene recordar, asimismo, que el acuerdo de coalición gubernamental de diciembre de 2019 establecía que: «derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012.» Tal objetivo no se ha cumplido.

El recorte de los derechos y libertades democráticas se denunció en el XX Congreso, que indicaba como principal exponente restrictivo la ley mordaza, «una clara medida disuasiva para reprimir la protesta social e infundir el miedo que la gente estaba perdiendo junto con sus derechos.» La derogación de esta normativa se encuentra, además, recogida con el carácter de compromiso, en el acuerdo de gobierno de coalición que establece en su punto 5.6 el compromiso del ejecutivo de promulgar «una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la Ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.» Tampoco se ha cumplido este objetivo.

El programa del XX Congreso del PCE, contemplaba la reforma agraria como un «un amplio proceso de distribución de la propiedad de la tierra. La posesión y uso de la tierra deben estar subordinados al principio de que sólo tiene derecho a la tierra, quien en ella trabaja, depende de ella y en ella reside con su familia.» Esta se concibe no solo como un reparto de tierras, que también lo es, sino como democratización de la estructura agraria, «lo que presupone transformar las relaciones de poder económico y político, causantes de la reproducción de la concentración agraria.» Este es otro objetivo por el que no se ha luchado y que ha de mantenerse en nuestro programa.

La expropiación de fincas a los terratenientes y el reparto de tierras a los campesinos constituye un proceso revolucionario imposible de llevar a cabo a través de una legislación que nace, no desde una ruptura democrática y republicana, impulsada por la clase obrera y capas populares, sino desde una reforma política cuya máxima proyección jurídica es una Constitución que dejó indemne hace cuatro décadas a la oligarquía, mantuvo los privilegios de la Iglesia Católica, restauró la Monarquía Borbónica, mantuvo el aparato de estado de la dictadura, nos sometió aún más al capital internacional y al imperialismo, decretó la impunidad de los crímenes del franquismo e impuso la fragmentación del movimiento obrero en diversas siglas sindicales, así como, el sindicalismo de pacto social en detrimento del sindicalismo revolucionario.

En el XXI Congreso se pusieron de manifiesto las variadas “astucias” interpuestas por la dirección saliente desde el inicio del proceso congresual. Argucias, por cierto, a las que también hay que añadir otros “gestos” poco o nada habituales en los anteriores procesos congresuales, como la drástica reducción de las sesiones y tiempos para debatir presencialmente (de 3 a 2 días, más el acortamiento generalizado de todos los turnos de intervención); la no invitación al congreso de ninguna fuerza política o sindical ni a las delegaciones internacionales afines; o los  graves incidentes habidos durante el desarrollo de las sesiones  y que la prensa no tardaba en propalar debido a filtraciones internas, cosa que raramente ocurría en anteriores convocatorias y que resultan injustificables desde todo punto de vista. 

El deterioro sufrido por la dirección saliente, aunque al final consiguiera la secretaría general y una mínima mayoría, resultó claro en las votaciones para elegir la nueva dirección del PCE. De los 500 delegados y delegadas convocados votaron 493, decantándose por la lista de Enrique Santiago 267 (el 54%), frente a los 226 votos recibidos por la lista de Alberto Cubero (el 46%). Cifras preocupantes para la corriente reformista porque, seguramente, esperaban mayores apoyos, considerando por ejemplo los avales recibidos y que sumaban bastante más (297) que los votos finales, lo que indicaría un “trasvase” o desplazamiento del voto del oportunismo de unos 30 delegados y delegadas. Cuestión, por otra parte, que también contribuyó posteriormente a incrementar la agresividad ya intensa de la nueva y mermada mayoría de Enrique Santiago hacia los y las considerados como sus  “enemigos” internos: las Juventudes Comunistas, que acabaron por abandonar el congreso  al impedirles debatir propiamente sus enmiendas, así como buena parte de las organizaciones territoriales, que igualmente resultaron excluidas del nuevo comité central, debido al cambio de estatutos impuesto por las delegaciones andaluza y vasca afines a Enrique Santiago.

En cualquier caso, seguramente es el propio carácter de las divergencias congresuales planteadas lo que más ha dificultado posteriormente (junto con los talantes personales de ciertos camaradas dirigentes) cualquier posible integración orgánica de la mayoría y minoría surgidas del XXI Congreso. Precisamente, lo que el XXI Congreso mostró con mayor insistencia es la disyuntiva planteada entre dos formas contrarias de entender la coyuntura política, social y económica existente y el papel que debe jugar el PCE en ella. Disyuntiva, brecha o como se le quiera llamar, pero que inevitablemente toma su principal raigambre de la situación que atraviesa actualmente la lucha de clases en el Estado español y a escala internacional.

La impotente vía reformista está agotada, se estrella una vez tras otra. El gobierno de derechas está a la vuelta de la esquina. Si trabajamos bien podemos lograr una dirección que camine hacia el marxismo-leninismo y así lograr que la militancia vuelva. 

Tras el XXII Congreso debería ser posible volver, militar, formarse, aumentar la militancia, impulsar su educación marxista-leninista. Recuperar a los que han desistido ante tanto golpe. Crecer en influencia en la organización obrera y popular. Toca avanzar y a la próxima oportunidad, alcanzar una dirección revolucionaria. El XXI Congreso evidenció el avance de la conciencia anti-reformista al agrupar al 46 % de los y las delegadas, el XXII debe establecerlo con más fuerza y firmeza que nunca en el PCE.

Primeros firmantes:

Rosa Albert Berlanga

David Alcazar Nieto

José M.ª Alfaya González

Francisco David Anguita Arance

Carmen Álvarez Solves

Juan Bayona Monllor

Arturo Borges Álamo

Mª José Broseta Serrano

Julián Cudero Hernández

José Manuel Estévez González

Fernando Francisco Serrano

María Josefa Francisco Serrano

Vicente Garduño Gómez

Francisco Guardeño Sáez

José Haro Hernández

Amparo Hernández Chicote

María Isabel Hernández Luis

Ciro Hernández Rodríguez

José Vicente Lara Solana

Elisabeth Lebrument García

José Vicente López Olano

Miguel Medina Fernández-Aceytuno

Juan Ramón Medina Ortega

Juan A. Mínguez Gilabert

José Molina Ramírez

Antonio Moya Sánchez

José Oltra Albiach

Antonio Parrilla Sánchez

Francisco José París Turegano

Arturo Peiró Pons

Gemma Peña Martínez

José Luis Puñal Puñal

José Ribes Aparicio

Ángel Rodríguez Casado 

Francisco Romero Colomer

Cristina Rubio Alcañiz

Raquel Ruiz Hidalgo

Julia Sánchez Córdoba

Edgar Téllez Ramírez

Edmund Turney Taggart

Si deseas firmar el documento puedes indicarlo mediante tu nombre y dos apellidos en tu condición actual de militante del PCE indicándoselo a alguno de los primeros firmantes o bien en el correo: direccion@hojasdebate.es