La dictadura del Secretariado
Cualquier movilización social dirigida a reclamar del Gobierno determinadas medidas en favor de los intereses populares o motivados por la protesta contra las que se adoptan y dañan a la mayoría social deberá ser autorizada antes por la dirección del PCE.
En el Informe del XII Pleno del Comité Central del PCE de 26 de abril de 2020 en una nota resumen que publica la organización, en el punto cuarto leemos: «Se requiere la máxima cohesión de nuestra militancia en torno a los acuerdos de la dirección del PCE y en torno a las medidas que se tomen desde el Consejo de Ministros mientras que dure esta situación de emergencia. Las críticas o la presión al gobierno en estos momentos deben ser articuladas exclusivamente a través de la dirección central del PCE. Acordamos la máxima centralidad a la hora de fijar y difundir posiciones políticas.»
La medida que recoge este Informe constituye una grave transgresión de la legalidad partidaria. Impide que los militantes de la organización, de manera individual, de forma colectiva a través de los cauces orgánicos o mediante el trabajo en las organizaciones de masas, puedan ejercer el derecho a criticar la actuación del Gobierno de coalición o participar en movilizaciones obreras y populares que cuestionen políticas concretas de éste. La militancia solo puede cuestiona la política gubernamental mediante escritos dirigidos a la dirección central del PCE.
De modo que cualquier movilización social dirigida a reclamar del Gobierno determinadas medidas en favor de los intereses populares o motivados por la protesta contra las que se adoptan y dañan a la mayoría social, no puede ser nunca participada por la militancia comunista del PCE. En todos estos casos, según este Informe de 26 de abril último, los militantes formularan sus objeciones ante la dirección de la organización y se abstendrán de participar en estas movilizaciones populares mientras no reciban autorización de la dirección del PCE.
Con la medida que comentamos, el grupo eurocomunista de la dirección del PCE, apartándose del mandato congresual -y del mismísimo sentido común-, impone a toda la organización una verdadera dictadura del Secretariado.
El centralismo democrático, señala el artículo 18 de los Estatutos, tiene como fundamento, entre otros, «la libertad de expresión desde la amplia participación en el debate colectivo».
El pacto que ha suscrito Unidas Podemos –incluyendo al PCE- con el PSOE para conformar el actual Gobierno de coalición no puede llevarnos a una pérdida de independencia de clase o a la renuncia del legítimo derecho de criticar públicamente las posiciones ideológicas, políticas y tácticas de nuestros aliados. Esa crítica es un derecho que corresponde no solo al Secretariado del PCE sino también a la totalidad de la militancia de la organización.
Durante la dictadura franquista se impusieron castigos severos a quienes disentían de las políticas y decisiones de aquel régimen. Los derechos democráticos fueron suprimidos, entre ellos el de libertad de expresión. En tiempos recientes, la derecha ha impuesto la ley mordaza para cercenar también este derecho fundamental. Ahora el Secretariado del PCE, al interno de la organización, ha adoptado una medida que marcha en la misma dirección. Intentan que los militantes de la organización se conviertan en palmeros de sus decisiones, aunque estas se sometan a la voluntad de un gobierno socialdemócrata incapaz de hacer frente a las políticas neoliberales que se imponen desde la Europa del capital.
La militancia del PCE no se encuentra obligada a acatar esta medida adoptada en el Informe del Comité Central. No es una decisión estatutaria. No es legítima. Vulnera el mandato congresual. La militancia comunista deberá apoyar cuantas medidas gubernamentales atiendan a los intereses obreros y populares. Pero al mismo tiempo tiene el legítimo derecho de reclamar al Gobierno otras medidas en favor de la mayoría social, así como oponerse a toda política que dañe los intereses de ésta. Siempre desde la más amplia movilización social.