El PCE y la reforma política de 1978 (1)

Esta entrada es la parte 1 de 2 en la serie El PCE y la reforma política del 78

Sin duda alguna, las Comisiones Obreras fueron la mejor y más acabada aportación del PCE en la  defensa de los intereses obreros y populares y en la lucha contra la dictadura, lo que le dio un gran prestigio ante la población, y de manera muy especial entre todos los asalariados.

Del 1 al 5 de noviembre de 1954 se reunió el V Congreso del PCE que analizó la situación económica y política de España y elaboró la línea del Partido en la lucha contra la dictadura, por el restablecimiento de la democracia y el mejoramiento de la situación de las masas populares. Propugnaba la creación de un amplio Frente Nacional Antifranquista, cuyos objetivos serían el derrocamiento de la dictadura y la formación de un Gobierno provisional revolucionario que restablecería los derechos democráticos, la liberación de presos antifranquistas, la derogación del pacto militar yanqui-franquista, la adopción de medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de las masas populares y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para que el pueblo decidiese sobre la forma del régimen. Unos años antes, el PCE había abandonado la lucha guerrillera contra la dictadura franquista para reorientar su política en el trabajo al interior de las organizaciones de masas.

Una de estas organizaciones en la que el PCE de entonces volcó gran parte del trabajo político fueron las Comisiones Obreras, que contribuyeron al resurgir del movimiento obrero en España.

A partir de finales de los años 50 impusieron mediante la movilización y la lucha de los trabajadores, en el marco de un sindicalismo combativo y de clase, la negociación directa entre empresas y trabajadores para fijar condiciones de trabajo más ventajosas que superaban las que establecían las Reglamentaciones de Trabajo de obligado cumplimiento que dictaba la dictadura, con asentimiento del Sindicato Vertical. Esta organización constituía un entramado que aglutinaba a patronos y obreros, de manera obligatoria, con el objeto de implementar una política de pacto social muy favorable a los intereses del capital, mientras el régimen dictatorial despedía y encarcelaba a los trabajadores que promovían la lucha de clases en los centros de trabajo, y desarticulaba las huelgas y las manifestaciones obreras y populares con el uso de armas de fuego en las que perdían la vida trabajadores y estudiantes con disparos al aire.

Pese a no contar con cobertura legal, las movilizaciones que promueve Comisiones Obreras acompañaban las negociaciones entre patronal y trabajadores, con el logro de importantes éxitos en la lucha económica. Estos encuentros directos, fuera del control del Sindicato Vertical y de la Administración franquista, acabaron obligando a la Dictadura a reconocer, primero de facto y más tarde en el BOE, el derecho a la negociación colectiva. Incentivaron las asambleas en las que las plantillas de las empresas elegían a la comisión negociadora y elaboraban las plataformas o pliegos de reivindicaciones que esta presentaba a la patronal. Los miembros de las comisiones negociadoras actuaban en calidad de delegados de los trabajadores que se sujetaban a las decisiones de estos en asamblea. En 1958 el régimen franquista hubo de legalizar la negociación colectiva.

Desde su inicio, las Comisiones Obreras utilizaban al máximo las posibilidades legales que ofrecía el Sindicato Vertical de la dictadura. Había que actuar allí donde estaba la clase trabajadora, por muy reaccionario que fuera el Sindicato Vertical, aprovechando al máximo las oportunidades, por mínimas que fueran, para desarrollar las tareas de concienciación de clase, organización y movilización de los asalariados. La combinación de lo legal, lo alegal y lo ilegal contribuyó, entre otras orientaciones, a que Comisiones Obreras lograra ser pronto un movimiento sociopolítico de masas, democrático, asambleario y unitario que estimulaba la aparición de nuevos dirigentes y cuadros obreros, al mismo tiempo que lo acercaba a otros sectores sociales y organizaciones políticas que luchaban también por el restablecimiento de los derechos y libertades democráticas.

Comisiones Obreras vinculaba siempre las reclamaciones económicas frente a los patronos con las reivindicaciones políticas democráticas contra la dictadura.

El resultado espectacular de las elecciones sindicales oficiales de 1966 en el seno de aquel Sindicato Vertical, con el triunfo mayoritario de las candidaturas alternativas promovidas por Comisiones Obreras, supone un impulso organizativo y de coordinación muy importante y acentúa, además, su carácter independiente de la clase social antagónica. La Dictadura reacciona frente al avance de Comisiones Obreras y lo que hasta ahora consentía mediante una situación de alegalidad de hecho se convierte en ilegalidad penal. Se declara delito la mera pertenencia a Comisiones Obreras con penas de largos años de cárcel para sus dirigentes y promotores. De unos 9.000 condenados entre 1963 a 1977 por el Tribunal de Orden Público, la inmensa mayoría pertenecían a Comisiones Obreras. Marcelino Camacho, el más representativo de estos, sufre varias detenciones y un total de 14 años de encarcelamiento, hasta su puesta en libertad definitiva en mayo de 1976.

Sin duda alguna, las Comisiones Obreras fueron la mejor y más acabada aportación del PCE en la  defensa de los intereses obreros y populares y en la lucha contra la dictadura, lo que le dio un gran prestigio ante la población, y de manera muy especial entre todos los asalariados.

Entre tanto, en 1956, el PCE formula por vez primera la Política de Reconciliación Nacional. Su Comité Central apela a la reconciliación de los hijos de España para lograr la recuperación de la democracia.

Esta línea política, que no ignora las contradicciones entre clases, se confirma en el VI Congreso de enero de 1960. Sin embargo, una concepción interclasista de esta fue defendida por Claudín y Semprún, que serán luego expulsados del partido en noviembre de 1964. Posteriormente, Santiago Carrillo se apuntaría a esta tesis que estará presente en todo el proceso que da lugar al régimen del 78.

A mediados de 1965 se celebra el VII Congreso del PCE, en el que se ratifica el avance al socialismo por una vía pacífica y parlamentaria apostando por el no alineamiento en el plano internacional. Poco después, en 1968, la dirección del PCE condenaría la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. El VIII Congreso del PCE de 1972 mantiene en el ámbito estatutario el carácter marxista-leninista de la organización.

Más adelante, en septiembre de 1973, el Informe al Pleno del Comité Central del PCE, en la línea ya trazada en el VI Congreso, sostiene que un salto desde las reformas a la revolución puede producirse una vez que las fuerzas antimonopolistas y la clase obrera estén en el Gobierno, aunque aún no tengan el poder, lo que implicaría un proceso previo y amplio de  democracia político-social.

En julio de 1974 se constituye la Junta Democrática de España formada por una coalición de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de oposición a la dictadura franquista, creada con el fin de lograr una democracia representativa en España. Incluía en sus filas a organizaciones y personalidades muy dispares entre sí, como el PCE, monárquicos liberales vinculados a don Juan De Borbón o intelectuales pertenecientes al Opus Dei como Rafael Calvo Serer. El texto constituyente de la Junta Democrática reconocía que las fuerzas económicas y sociales «no conducen hoy a la confrontación irreconciliable, sino a la libre concertación creadora del progreso», así como que la esencia de la democracia «es la libre concertación entre las fuerzas nacionales y regionales de la producción, que es la esencia del moderno desarrollo económico».

En noviembre de 1975 fallece el dictador en su residencia, sin ser antes detenido, juzgado y condenado por sus horrendos crímenes. Sus restos mortales han ocupado lugar preferente en la basílica de Cuelgamuros, construida por  presos políticos, hasta su exhumación en octubre de 2019, 44 años más tarde.

En el verano de 1976, durante el Pleno del Comité Central celebrado en Roma, Carrillo propone como una de las tareas principales conseguir la legalización del PCE al mismo tiempo que la desaparición de la organización celular y el abandono del centralismo democrático. Con la supresión de las células se sustituía a los centros de trabajo, lugar por antonomasia en la contradicción capital/trabajo, por la organización territorial de las nuevas agrupaciones. Por su parte, con la supresión del centralismo democrático, se debilitaba la democracia interna, al mismo tiempo que contribuía a sustituir al militante por el afiliado y a abrir las puertas de la organización a un acceso incontrolado de nuevos miembros.

En febrero del año siguiente, Tamames, Bornao, López Salinas, Melchor y Sandoval, conocidos como dirigentes del PCE, declaraban ante la prensa que acababan de presentar la solicitud de inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas del antiguo Ministerio de la Gobernación al frente del cual se encontraba Manuel Fraga Iribarne.

Los dirigentes del PCE legalizado con la bandera de la monarquía al fondo.  Fuente: SinPermiso, 19 de septiembre de 2020
Los dirigentes del PCE legalizado con la bandera de la monarquía al fondo. Fuente: SinPermiso, 19.09.20

Toda la militancia comunista de entonces creyó que el PCE que había sido presentado a inscripción era el constituido el 14 de noviembre de 1921 y que los Estatutos entregados en el Registro eran los aprobados en el VIII Congreso.

Sin embargo, lo que se había presentado en el Registro de Asociaciones Políticas no eran los Estatutos vigentes del VIII Congreso de 1972, sino otro muy diferente de contenido liquidacionista. Para reforzar esta mutación, la representación procesal de sus promotores llegó incluso a manifestar ante el Tribunal Supremo, en un escrito de alegaciones, que «El PCE cuya inscripción se pretende hoy no es, desde luego, el PCE o el comunismo más o menos abstracto y deformado que se describe y se condena en las sentencias penales en que se ha basado la Administración para suspender aquella inscripción[…] Si alguna vez existieron tal como eran descritos, se los llevó el viento de la Historia. Y mis mandantes no tratan ahora de intentar legalizarlos, evidentemente […] Lo que solicitan es que se inscriba (en igualdad con otros partidos socialistas, no socialistas o incluso no democráticos, que han sido legalizados ya) el concreto PCE delimitado por los Estatutos presentados al efecto y configurados en su realidad viva, reflejada en los documentos que se acompañan.»

Unas semanas antes de la legalización de este PCE se había celebrado en Madrid una “cumbre eurocomunista”  que reúne a Carrillo, Berlinguer y Marchais.

Los estatutos de la nueva organización abandonan conceptos y principios que formaron parte del ADN del PCE desde su constitución. Entre estos, el carácter de Partido de la clase obrera, el marxismo-leninismo como base ideológica del PCE, la dirección colectiva, el internacionalismo proletario, el derrocamiento del capitalismo, el comunismo como objetivo final de los comunistas y  la célula como fundamento orgánico del PCE, esencialmente una organización en los centros de trabajo, núcleo fundamental de la contradicción entre capital y trabajo.

Para la oligarquía en España, fuertemente protegida por el imperialismo mundial, era fundamental liquidar a un PCE que fuese un Partido obrero revolucionario basado en la ideología marxista-leninista y suplantarlo por otro partido, no comunista, cuyos dirigentes le asegurasen la colocación de la clase obrera a su remolque. La legalización fue la compensación de la oligarquía posfranquista a los compromisos contraídos por Carrillo: frenar a las masas obreras en sus reivindicaciones y desviar al PCE de sus objetivos revolucionarios y transformadores de la sociedad.

En este proceso los eurocomunistas renunciaron a la República, al sindicalismo de clase revolucionario, a la organización celular y al centralismo democrático, al partido de vanguardia, a la lucha de clases y a la toma del poder y la construcción del socialismo.

Esta deriva encontró importantes resistencias de militantes que defendían el marxismo-leninismo, y que los eurocomunistas resolvieron de manera autoritaria mediante expulsiones, marginaciones y sin permitir debate sobre el particular. En Madrid, Aragón, Valencia, Asturias, Andalucía y Canarias, donde hubo fuerte resistencia frente a las posiciones oportunistas y en defensa del marxismo-leninismo, se produjeron numerosas expulsiones. Sin embargo, esta resistencia fue incapaz de modificar el curso de los acontecimientos.

A partir de entonces el proceso de la transición en España se acelera. Comienzan a darse los primeros pasos de lo que luego será un acuerdo cuatripartito entre el nacionalismo vasco y catalán, la socialdemocracia del PSOE y el eurocomunismo del PCE de Carrillo con el régimen franquista, que instaura un nuevo orden constitucional de derechos y libertades con déficit democrático y social. Este pacto impulsa la pluralidad sindical y el sindicalismo de pacto social o burgués, impone la restauración de la Monarquía Borbónica, mantiene los privilegios de la Iglesia Católica, legitima la oligarquía y a los terratenientes, la continuidad del aparato de estado de la dictadura, un mayor sometimiento al capital internacional y al imperialismo y la total impunidad de los crímenes del franquismo. Nace así el régimen de 1978.

Redacción.

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