¿Para cuándo el XXI Congreso del PCE?

Lo que caracteriza a Enrique Santiago y a su grupo es el continuo desconocimiento de la legalidad partidaria y del programa congresual de la organización.

El pasado 30 de mayo el Comité Central del PCE aprobó la convocatoria del XXI Congreso «para el primer semestre de 2022».

Los Estatutos del PCE distinguen dos momentos cruciales en el proceso congresual. El primero corresponde a la convocatoria del Congreso. El segundo a su celebración. Entre uno y otro momento media el proceso congresual que integra la publicación de las normas y los documentos a examen, la elección de las delegaciones, la determinación del censo, la aportación de enmiendas, la constitución de plataformas internas de opinión y la presentación de candidaturas.

El Informe de la Comisión Política del PCE de 16 de julio último reitera la convocatoria del XXI Congreso con el compromiso de proceder entre noviembre y diciembre de 2021 a la aprobación de las normas, el calendario, el reglamento y los documentos a debate, y añade que se fijará también «la fecha de celebración que deberá ser no más tarde del mes de abril de 2022».

El último Informe de la Comisión Política de 26 de noviembre del pasado año da cuenta de las diversas reuniones de la llamada Comisión de seguimiento del XXI Congreso.

Pese al compromiso del pasado 16 de julio de fijar la fecha de celebración del XXI Congreso, junto con la publicación de las normas y los documentos a debate, para antes del 31 de diciembre de 2021, hemos entrado en el nuevo año y la dirección del PCE que encabeza Enrique Santiago incumple el compromiso adquirido ante la militancia. Transgrede así el artículo 51 de los Estatutos que impone la necesidad de que el Congreso del PCE debe reunirse con carácter ordinario «cada cuatro años», plazo que ha sido ya superado.

Sin duda, lo que caracteriza a Enrique Santiago y a su grupo en la dirección del PCE desde el XX Congreso a la fecha, ha sido y es el continuo desconocimiento de la legalidad partidaria y del programa congresual de la organización. En estos últimos cuatro años, este grupo reformista ha quebrantado de manera sistemática el Programa del Partido: no ha sido capaz de promover una confluencia de ruptura con el viejo régimen de la Transición y defensora de un nuevo proceso constituyente democrático y republicano; no ha trabajado por la  recuperación de un sindicalismo de clase y combativo completamente imprescindible en el movimiento obrero que aúne la lucha económica con la lucha política; ha sustituido el trabajo riguroso y persistente de defensa de los intereses obreros y populares desde la calle, desde los centros de trabajo y también desde las instituciones, por el sometimiento a las políticas neoliberales y a las exigencias del imperialismo que surgen, día sí y día también, del gobierno de coalición, con el consiguiente abandono de un amplio espacio social que de manera progresiva van ocupando las fuerzas reaccionarias; muestra complacía con la Cumbre de la OTAN en Madrid para los próximos días 29 y 30 de junio; alardea de las «bondades» de la reforma laboral neoliberal de Díaz y Calviño y se desentiende de trabajar por la plena derogación de la ley mordaza.

En cuanto a las vulneraciones de la legalidad partidaria, además de no convocar en tiempo y forma el XXI Congreso del PCE, cabe recordar, por ejemplo, una decisión judicial de 10 de julio de 2020 del Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Granada, autos 193/20, en la que se declara la responsabilidad de la Comisión Política por la infracción del derecho fundamental de defensa – artículo 24 de la Constitución-  a un grupo numeroso de militantes que se vieron obligados a acudir a la vía judicial para impedir un injusto proceso de expulsión de la organización. Resolución judicial que adquirió firmeza al no haber sido recurrida por la representación procesal del PCE siguiendo las instrucciones de su mandante.

La disciplina partidaria consiste en la aceptación consciente y voluntaria del Programa y de los Estatutos, sin que ello impida a la militancia expresar opinión crítica sobre los mismos, para más tarde, en el seno del Congreso, instar las modificaciones que considere oportunas. Ambos documentos disponen del mismo valor para toda la militancia, si bien los cuadros y dirigentes del Partido tienen un plus de responsabilidad en el acatamiento del mandato congresual, pues la indisciplina en tales casos provoca un mal ejemplo para el conjunto de la militancia. En este sentido, la disciplina comienza con el respeto a la legalidad partidaria y al Programa del Partido, textos fundamentales que reflejan la posición del conjunto de la militancia expresada de manera democrática en el Congreso que es el órgano supremo del PCE –artículo 50 de los Estatutos-.

El comportamiento indisciplinado de Enrique Santiago y su grupo, respecto a la legalidad estatutaria y al programa de la organización, constituye expresión inequívoca de una posición ideológica de carácter oportunista. Si la militancia del PCE no finiquita este reformismo introducido en la organización desde hace décadas, no solo en el ámbito de las ideas mediante una confrontación ideológica legítima y consecuente, sino también en los comportamientos y hábitos ajenos a una verdadera militancia comunista tenaz y firme, será entonces el oportunismo el que liquidará al Partido  y lo transformará en una entidad reformista.

De ahí que el estudio y la reflexión acerca del oportunismo y la vigilancia política y la lucha consecuente contra toda deformación del Programa, de los principios partidarios, de la disciplina y de las normas organizativas estatutarias son un deber a cumplir por toda la militancia de manera estricta e intransigente, sin concesiones a la camaradería ni a la amistad o simpatías personales, sin temor a incomprensiones ni a las consecuencias penosas o injustas que por luchar abiertamente contra el oportunismo y desenmascarar a sus valedores en el Partido puedan caerles encima. Otra cosa sería hacerle el juego a la burguesía.

El PCE se encuentra hoy al borde de su desaparición. Numerosos militantes abandonan la organización. Contaba en diciembre de 2017 con unos efectivos de 8.000 militantes aproximadamente y ha sufrido la baja de 1.700 camaradas en estos cuatro últimos años.

Muchos de los que mantienen aún su compromiso partidario muestran escepticismo por la deriva reformista y la indisciplina de determinados dirigentes de la organización. Otros se esfuerzan en seguir trabajando por la recuperación del Partido a través del respeto a un mandato congresual que nos compromete a edificar una organización inequívocamente marxista-leninista.

Como ya hemos indicado con anterioridad,  resulta evidente y urgente la necesidad de construir una candidatura para el próximo Congreso del PCE que logre una profunda renovación de su dirección, capaz de convertirlo en un partido consecuentemente defensor de los intereses obreros y populares desde la movilización en la calle y en los centros de trabajo, y también desde las instituciones representativas, sin ataduras a gobiernos neoliberales. Un PCE del siglo XXI que apueste por el sindicalismo de clase y combativo, desde dentro y desde fuera de los sindicatos autodenominados mayoritarios, cuyas direcciones se doblegan hoy al capital y que promueva, al mismo tiempo, un amplio protagonismo ciudadano en un proceso constituyente republicano que  dote de amplios derechos y libertades democráticas a nuestro pueblo, al mismo tiempo que satisfaga las reivindicaciones más perentorias de los trabajadores y de las capas populares. Un PCE, asimismo, respetuoso con sus Estatutos y su programa congresual y que trabaje, además, en la reincorporación de los miles de comunistas que lo han abandonado, en la unidad interna de los comunistas, en el estímulo a la afiliación de las nuevas generaciones de jóvenes y en la unidad del movimiento comunista.

Necesitamos forjar una candidatura para el XXI Congreso que no sea de falsa unidad. Candidaturas de este tipo en anteriores congresos contribuyeron a legitimar las posiciones políticas del grupo que encabeza Enrique Santiago,  bloquearon el imprescindible debate ideológico y político en el seno de la organización, fomentaron la indisciplina partidaria y  vulneraron de manera sistemática el mandato congresual establecido en el XX Congreso del PCE.

Tampoco una candidatura que pretenda agradar a todos los militantes, ya sean reformistas o marxistas-leninistas. Unos y otros sostienen posiciones ideológicas irreconciliables que se expresan en el Partido conformando mayoría y minoría y en donde resulta inútil y contraproducente todo intento de síntesis. Esta legítima confrontación ideológica debe resolverse dentro de los límites del Partido, a través del debate de las ideas, dentro y fuera del Congreso, pero siempre con respeto por todos al principio básico de la unidad de acción.

Necesitamos, por tanto, para el XXI Congreso del PCE, una candidatura independiente de la que pueda configurar el grupo reformista. Una candidatura con identidad propia que abra ya el debate congresual, de abajo hacia arriba y viceversa, antes, durante y después del XXI Congreso.

El abandono de las posiciones reformistas y la consolidación del ideario marxista-leninista en el Partido solo son posibles a través de una intensa lucha ideológica, en la que debe primar el debate respetuoso y sincero, el estudio y la reflexión, el convencimiento y la persuasión. Precisamente, la construcción de una candidatura legítimamente oponente a la que configure el grupo reformista es el camino para abrir el necesario debate en el seno de la organización.

Miguel Medina Fernández-Aceytuno

militante del PCE