El triunfalismo que oculta las falacias de Enrique Santiago

Crece la oposición al Secretario General del PCE en el seno de la Comisión Política.

La Comisión Política del PCE ha trasladado a la militancia el Informe de 26 de noviembre pasado, aprobado con los 21 votos a favor del grupo de Enrique Santiago. Ocho de los miembros votaron en contra y cinco se abstuvieron. Desconocemos por el momento la identidad del voto discrepante y los argumentos que lo han justificado.

El contenido de este documento, marcado por un exacerbado triunfalismo, nos invita a comentarlo en algunos de sus aspectos más controvertidos.

En relación a la nueva reforma laboral, una vez que Unidas Podemos renunció hace tiempo a cumplimentar el compromiso de coalición de derogar la normativa del Partido Popular de 2012, el Informe asevera que la que se va a publicar en el BOE, coordinada por el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Diaz, será «realmente favorable para los trabajadores y trabajadoras de este país».

Sin embargo, esta nueva normativa laboral no va a ser nada positiva para la clase asalariada. Seguirá perdiendo una parte importante del importe de las indemnizaciones de despido y continuarán suprimidos los llamados salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido improcedente y el momento de la extinción del contrato de trabajo. Además, en los expedientes de regulación de empleo y de suspensión temporal de la relación laboral, la facultad de aprobarlos o rechazarlos, que tenía antes la Administración Laboral, permanecerá trasladada a la dirección de las empresas, privatizándola en perjuicio de la clase obrera. Asimismo, queda inalterada la  ampliación de las causas económicas que permiten los despidos en los supuestos de descenso de beneficios o con la simple previsión de que las empresas puedan tener pérdidas y, además, continuará la mayor facilidad para los descuelgues de los convenios y la autorización para que las ETT actúen como agencias de colocación, equiparándolas a las oficinas públicas de empleo.

Queda solo pendiente de negociación lo relativo a la ultraactividad de los convenios colectivos, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y los límites a la temporalidad de los contratos de trabajo. La inexistencia de una movilización obrera promovida y organizada por las direcciones de las centrales sindicales reformistas, en sintonía con la apatía de los dirigentes de las entidades políticas de la autodenominada izquierda transformadora, abocará inevitablemente a una nueva normativa laboral superdescafeinada en la que será posible, incluso, aspectos que mejoren la reforma laboral del PP de 2012.

Por mucho que se avale la figura del contrato por tiempo indefinido en detrimento de la temporalidad, si las indemnizaciones por despido improcedente siguen siendo ridículas y se mantiene la opción entre readmisión y extinción del contrato a favor de la empresa en los despidos contrarios a derecho, los contratos indefinidos, en la práctica, serán temporales, máxime cuando la facultad de ejecutar los despidos colectivos corresponde desde el 2012 a la patronal, sin intervención de la Administración Laboral.

Afirma la Comisión Política en su Informe último que el PCE ha logrado «renovar un tercio del Tribunal Constitucional» lo que «ha permitido incrementar el bloque progresista en esa jurisdicción».

Insólita la afirmación del grupo de Enrique Santiago. Con el voto de este y de Unidas Podemos  se han incorporado al Tribunal Constitucional dos nuevos miembros a propuesta del Partido Popular que se sitúan en el espacio político de Vox: María Concepción Espejel Jorquera y Enrique Arnaldo Alcubilla. Con estos nuevos magistrados el peso de la derecha reaccionaria en la sede del Tribunal Constitucional aumenta. La próxima renovación debe tener lugar el mes de junio de 2022, momento en que caduca el mandato de Santiago Martínez-Vares García, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez y Juan Antonio Xiol Ríos. Los tres primeros del grupo conservador y el último del sector progresista. Esta renovación se producirá dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del  Poder Judicial. Bastará con que el Partido Popular continúe bloqueando la renovación del CGPJ, en donde tiene actualmente mayoría, para que el órgano de los jueces rechace  designar los dos representantes que le corresponde en el alto Tribunal, y de esta manera impedir que el Gobierno, a su vez, pueda designar a los suyos. Así, la actual mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional –reaccionaria- se perpetuaría como mínimo hasta las próximas elecciones generales.

¿Cómo es posible, entonces, afirmar que con las nuevas designaciones se acrecienta el bloque progresista en el Tribunal Constitucional?

Comisión Política del PCE

El Informe de la Comisión Política aborda también el tema de la ley mordaza. Enrique Santiago y su grupo afirma que «se ha logrado un avance sustancial en la tramitación parlamentaria de la derogación de la reforma del PP relativa a Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza… se produce un auténtico avance…  a la vez que con esta reforma esperamos culminar la derogación de la ley Mordaza del 2015 para hacer retroceder la construcción del estado penal neoliberal cimentado a consecuencia de la crisis de 2008.»

Estas apreciaciones del sector mayoritario de la Comisión Política del PCE, no se sustentan con la realidad de las limitadas consecuencias de las enmiendas planteadas por Unidas Podemos, que nos traerán no la derogación de la ley mordaza, sino una nueva ley mordaza.

Así, cuando se trate de hechos previstos o previsibles subsistirá la obligación de comunicación previa a la autoridad gubernativa para el ejercicio del derecho de manifestación; los atestados policiales seguirán teniendo presunción  de veracidad; se mantiene la penalización a los promotores y organizadores de manifestaciones por los actos de terceros que alteren el orden público en dichos eventos; la cuantía de las multas por infracciones permanecen indelebles, cuando algunas de ellas pueden alcanzar sumas de hasta 600.000 euros, que las eventuales rebajas de un 50% por ingresos inferiores a 1.447,5 euros las dejarán todavía en cantidades desorbitadas;seguirá siendo infracción grave, con multa que puede ascender a 30.000 euros, el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar; continuará el uso de las pelotas de goma, las porras de acero, las pistolas táser,  las tanquetas y las detenciones de dirigentes obreros como ha ocurrido en Cádiz en fecha reciente, además de la tipificación de las faltas leves, graves y muy graves que permanecerán tal y como las impuso el gobierno de Rajoy en 2015.

¿Avance sustancial en la derogación de la ley mordaza?

En relación a los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados en el Congreso de los Diputados para el año 2022, el Informe de la Comisión Política indica que «suponen un importante avance respecto a los anteriores, toda vez que incluyen partidas más expansivas en materia de gasto social».

Omite señalar el grupo de Enrique Santiago el desmesurado crecimiento del gasto militar. En principio, la partida destinada a este capítulo asciende a la suma de 10.155,27 millones de euros. Sin embargo, el gasto militar real asciende a más del doble de esta cifra. Solo con las aportaciones de otras carteras a programas directa y claramente relacionados con el militarismo, el presupuesto alcanzaría el astronómico importe de 20.693,85 millones de euros, según indica Óscar F. Civietaen el enlace antes reseñado. El gasto en armas para 2022 será de 2.848 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21,6% respecto del año anterior. El Ministerio de Defensa es la segunda cartera que dispone de mayor gasto de personal, solo por detrás del Ministerio del Interior.

El Ministerio de Defensa es el que dispone de más inversiones: 3.647,3 millones de euros, un 18% más alta que la de 2021, siendo la cartera con mayores inversiones. Mientras, la inversión en Sanidad es de 104,12 millones de euros, la de Educación de 68,82 millones de euros y 4,9 millones para Derecho Sociales y Agenda 2030.

¿Dónde queda la expansión en materia de gasto social?

En unas declaraciones del pasado 11 de junio de 2021, Enrique Santiago exponía en relación a la OTAN y a su anunciada Cumbre de Refundación prevista para junio de 2022 en Madrid, que: «si formamos parte de una organización internacional y tenemos obligaciones es obvio que mientras que formamos parte hay que cumplirlas». Esta posición, alineada con el imperialismo y su furibundo apoyo al gobierno otanista y neoliberal, la mantiene en la Comisión Política, en cuyo informe no condena ni rechaza su celebración en España, aunque expone la necesidad de contraponerla con una alternativa que asegure el futuro de la humanidad y el planeta en paz y progreso.

En relación con la huelga de los trabajadores del metal de Cádiz, el Informe de la Comisión Política del PCE expone que: «el acuerdo ha sido explicado, debatido y votado por los/as delegados/as de los sindicatos y luego ratificado con más de un 90% de apoyo por los trabajadores de las empresas del sector, momento en el que ha sido desconvocada la huelga

Confunde Enrique Santiago los deseos con la realidad. Rompiendo con el carácter consuetudinario del sindicalismo de clase como asambleario y democrático, las direcciones de los sindicatos reformistas no sometieron a votación el acuerdo alcanzado con la patronal ante todos los trabajadores, sino solo en relación a los delegados de aquellas organizaciones, lo que causó la lógica indignación de los metalúrgicos gaditanos.

Un único aspecto contemplado por la Comisión Política que se aleja del triunfalismo es el relativo al Ingreso Mínimo Vital, algo que se agradece. El Informe reconoce que «apenas lo reciben 377.000 hogares y no es por falta de recursos, pues apenas se han gastado 1.402 millones de euros de los 2.728 asignados en los Presupuestos de la Seguridad Social. El hecho de que se hayan rechazado tres de cada cuatro solicitudes y que las prestaciones concedidas apenas representen el 27% de las que se han solicitado indica que el diseño de la ayuda se ajustaba mal a la realidad social.» El documento señala finalmente que: «desde nuestro punto de vista, desde su inicial aprobación el IMV debería estar en condiciones de alcanzar a la totalidad de las personas que en nuestro país se encuentran viviendo bajo el umbral de la pobreza».

Habrá que esperar a la publicación de la nueva Ley del Ingreso Mínimo Vital y comprobar que las deficiencias apuntadas se corregirán con la nueva regulación.

Dicho todo lo anterior, debemos abordar ahora la cuestión del voto discrepante en el seno de la Comisión Política: trece frente a veintiuno, es decir, un porcentaje cercano al 40% del total de votos.

Llama la atención, como ya hemos indicado, que la militancia desconozca qué militantes votaron en contra o se abstuvieron frente a la posición de Enrique Santiago y su grupo, e ignore los argumentos de los discordantes. El artículo 17 letra l) de los Estatutos del PCE establece la necesidad de combatir la «tendencia a la exageración de los éxitos» y en su párrafo h) impone la obligación a la militancia a «ser sincera no permitiendo el ocultamiento de la verdad». ¿Por qué entonces la dirección del PCE oculta los votos contrarios y los argumentos que los sostienen? El centralismo democrático tiene como fundamento la libertad de expresión desde la amplia participación en el debate colectivo. Los militantes tenemos derecho a conocer quienes votan a favor, en contra o se abstienen en los órganos de dirección y cuáles son sus fundamentos. Lo contrario no es centralismo democrático.

En este sentido, teniendo en cuenta la negativa de la dirección actual del PCE por publicar estos datos, los propios disconformes deberían, por cumplimiento estatutario, dar a conocer sus posiciones al conjunto de la organización ya que tal proceder podría contribuir, como primer paso, al inicio de un procedimiento dirigido a la constitución de una candidatura para el próximo XXI Congreso del PCE a celebrar en los primeros meses del año próximo. El dicho popular nos dice: «morimos el día en que guardamos silencio ante las cosas que importan». La posición minoritaria tiene el legítimo derecho y la obligación comunista de luchar por la recuperación de un Partido marxista-leninista, dentro de los límites de este, hasta alcanzar la mayoría en el seno de la organización.

Es urgente, por tanto, construir una candidatura independiente de la que pueda configurar el grupo reformista de Enrique Santiago. Una candidatura para el próximo Congreso del PCE que abra desde ya el debate congresual antes, durante y después del mismo para lograr una profunda renovación de la dirección del PCE capaz de convertirlo en un partido marxista-leninista, consecuente defensor de los intereses obreros y populares desde la movilización en la calle y en los centros de trabajo, y también desde las instituciones representativas, sin ataduras a gobiernos neoliberales. Un PCE que apueste por el sindicalismo de clase y combativo, desde dentro y desde fuera de los sindicatos, cuyas direcciones se doblegan hoy al capital con la práctica del pacto social, y que promueva, al mismo tiempo, un amplio protagonismo ciudadano en un proceso constituyente republicano que  dote de amplios derechos y libertades democráticas a nuestro pueblo. Un PCE del siglo XXI, asimismo respetuoso con sus Estatutos y su programa congresual y que trabaje, además, en la reincorporación de los miles de comunistas que lo han abandonado, en la unidad interna de los comunistas y en el estímulo a la afiliación de las nuevas generaciones de jóvenes.

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