Un régimen al desnudo
Todo lo importante quedó fuera del debate de investidura.
El debate de la investidura dictada por la Casa Real ha resultado un completo fracaso político, que pone al régimen monárquico al desnudo. Feijóo no ha contentado ni a los suyos, tomando el estrado de las Cortes para rechazar “la amnistía y el referéndum”. Sánchez se ha negado a tomar la palabra en este debate, lo que constituye una anormalidad democrática por el hecho de que su silencio conlleva el ocultamiento de los procesos de negociación política que se llevan en la trastienda. Ha sido una sesión de debate inútil, donde las verdaderas cuestiones que interesan a la mayoría social se han obviado, por unos y por otros. No se han expuesto ni debatido los principales problemas, los de la guerra, la carestía de la vida, la corrupción política, la impunidad de los principales poderes del Estado, el secuestro del poder judicial… El fracaso de la sesión de investidura, en su doble votación, no sólo dibuja al PP, que nada tiene que ver con un partido democrático; en buena medida retrata a todos los que se niegan a hablar claro, poniendo al régimen, como a su Rey, al desnudo.
Los discursos de Feijóo no aportaron nada nuevo. Vino a proponer su investidura para “guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de Estado”, o lo que es lo mismo, para oponerse a las reivindicaciones democráticas, sociales y de las nacionalidades, a las demandas y aspiraciones mayoritarias que no tienen cabida alguna en la Constitución. Trató de justificar la sesión de investidura (convertida en una verdadera pérdida de tiempo) como si fuese consecuencia lógica del resultado electoral, cuando la decisión de la investidura de Feijóo fue tomada por decisión del Rey, y no por las Cortes, que se sometieron a la orden regia a través de su Presidencia.
Todo el debate fue manido y más que previsible. Feijóo pidió el apoyo que la mayoría de votantes le negó “para abrir una nueva etapa de grandes pactos de Estado”, como si desde la muerte del dictador no estuviéramos sometidos a estos durante más de cuarenta años. Hablando de una “igualdad” de los españoles, que no existe por ninguna parte, para impedir la igualdad real de trabajadores y pueblos que luchan contra el régimen político que preserva los privilegios de unos pocos. Lo que existe es desigualdad social, política y económica. Feijóo, pidiendo un fraude político que permitiese su investidura, no hizo sino una moción de censura a un posible gobierno de coalición, en vez de una verdadera sesión de investidura.
La oposición a la amnistía que se negocia se puso de manifiesto desde el primer momento: la amnistía, o cualquier fórmula análoga, no es para el partido franquista de la corrupción un instrumento adecuado, sin explicar por qué. La cuestión catalana, y por extensión el tema de las nacionalidades, arrastra la exigencia democrática de amnistía contra la represión, injusticia e impunidad sobre la que se asienta el régimen. El tema de las nacionalidades, así como el de la separación de la Iglesia y el Estado y el relativo al de la paz y la soberanía o el de la tierra para quienes la trabajan…, siguen bloqueando y poniendo en crisis la falsa democracia española.
Más allá de los golpes de efecto de su silencio, en la que debería ser la casa de la palabra, el líder del PSOE trató de evitar por todos los medios que se hablara de amnistía, reivindicación que se ha convertido en la cuestión decisiva de este momento político, y prefiere seguir ocultando las negociaciones que se están llevando a cabo.
Desde la Moncloa se prepara una investidura exprés. Le marca el paso la exigencia de la Corona de poder celebrar a finales de octubre la ceremonia oficial de la mayoría de edad de la heredera al trono, con un presidente ya electo. El Parlamento catalán se encargó mientras tanto de hablar de lo que la Moncloa oculta, añadiendo que la amnistía ha de ser el preámbulo necesario de un referéndum de autodeterminación negociado. Exigencias del Parlamento de Cataluña que complican, y de qué manera, la investidura de Sánchez.
“El atado y bien atado” del franquismo pasa por momentos muy críticos y nadie puede negar ya la evidencia, es decir, el estancamiento y podredumbre del régimen del 78. Por encima de cualquier otro aspecto, lo que está sobre la mesa se condensa en: bloqueo constitucional o proceso constituyente. La crisis del régimen, y en particular de la misma cúpula del régimen, no se resuelve con la ceremonia palaciega de la heredera, y tampoco se solventa con las políticas continuistas -neoliberales y belicistas- de un gobierno de coalición cada vez más acorralado por la realidad.
Hace muchos años que en las filas de los llamados partidos progresistas no se habla de “reforma política” del régimen, cuando durante bastante tiempo fue la cuestión estrella de los políticos diletantes. El PSOE preparó el Congreso de Granada, bajo la batuta de Rubalcaba, empujado por la cuestión nacional para tratar de “garantizar la solidaridad territorial”, discutiendo acerca de la necesidad de un “modelo federal que fortalezca la unidad de España, proteja el Estado de Bienestar, y mejore la calidad democrática”. Después de aquello todo quedó en nada. Más aún, llegó a tomar decisiones en dirección totalmente contraria: Zapatero negoció en el PP en 24 horas la reforma del artículo 135 de la Constitución, estableciendo el pago de la deuda a los especuladores por encima de los gastos sociales y facilitando la mayoría absoluta al PP más tarde. En el momento más álgido de la crisis del “procés” en 2017, el PSOE se unió al PP en la aplicación del 155 para reprimir y liquidar las instituciones autonómicas catalanas por el hecho de atreverse a convocar un referéndum. Desde entonces, el PSOE ha sido pionero de los planes de austeridad de la Unión Europea, de las políticas neoliberales y de las guerras de los EEUU, abandonando toda preocupación reformista.
El tiempo no ha hecho sino agravar los problemas no resueltos y ha torcido y retorcido de hecho lo que se discute y sus contenidos, pero se esconde la necesidad de un proceso político constituyente. Proceso que comienza de hecho por la amnistía, pero que acumula todo un atraso histórico, el de las principales demandas de trabajadores y pueblos, que deben comprender un programa de acción dirigido a las Cortes Generales y a los parlamentos nacionales, empezando por el derecho a decidir sobre las cuestiones de Estado y Gobierno. Ninguna reforma constitucional manipulada desde arriba puede impedir la libre expresión de la mayoría social, a quien el régimen ha secuestrado permanentemente su derecho a decidir sobre sus propios destinos. Si en el marco de la Constitución del 78 no cabe la amnistía, no cabe la demanda de un referéndum vinculante sobre monarquía o república; si no cabe la defensa de la paz entre pueblos que hoy es la cuestión fundamental para la ciudadanía…, es que la Constitución del 78, so pretexto de una fachada de Ley de leyes, no es sino la expresión de una democracia muy limitada, sin plenos derechos y libertades democrática y con ausencia de derechos sociales y económicos.

Problemas sociales urgentes, como son los desahucios y los precios abusivos de los alquileres, la necesidad de la revalorización de salarios y pensiones, y el establecimiento de una escala móvil de precios y salarios, la reversión de las privatizaciones de la sanidad, de la educación y de todo lo que ha sido privatizado y sobre todo la defensa de la paz, la supresión de los presupuestos de guerra, el rechazo al envío de armas a Ucrania…, deben formar parte de un plan de urgencia por un verdadero proceso constituyente. Combinado con la necesaria satisfacción de las demandas históricas aplastadas por el franquismo, como es el caso de la tenencia de la tierra, de la solución democrática de los problemas nacionales, de la separación de Iglesia y Estado y la expulsión de la religión de la escuela, con la derogación de las leyes represivas y de impunidad, que permita la verdad la justicia y la reparación de los crímenes franquistas.