Chile: ¿avanzará con Boric la ruptura democrática iniciada en las calles?

En Chile el aparato de Estado es pinochetista. En el Estado español es franquista. En ambos países una de las tareas prioritarias es la depuración del Estado. Chile va por delante porque tiene un proceso constituyente en marcha que ganaron en la calle. 

La ruptura democrática en Chile se inició con el llamado “estallido social” nombre con el que se conoce a la serie de manifestaciones populares iniciadas en Santiago de Chile y luego extendidas a todo el territorio nacional, con gran impacto en sus principales ciudades, ocurridas entre octubre de 2019 y febrero de 2020.

Las movilizaciones de 2019 y 2020 se produjeron en un contexto en el que las políticas neoliberales de años atrás habían convertido a Chile en un país que tras México tiene mayor desigualdad económica, pues según la CEPAL, la participación del 1% más rico en el ingreso total, también medida por las encuestas de hogares, alcanzaba al 7,5%, proporción que subía al 22,6% considerando la información de los registros tributarios y al 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos financieros y no financieros menos pasivos). En 2015, Chile obtuvo el cuarto mayor índice de pobreza relativa a ingresos entre los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , después de Israel, Estados Unidos y Turquía. A ello se unía el alto coste de vida que ha propiciado un elevado endeudamiento de las familias chilenas.

Tras 28 días de una movilización social y política masiva, el 15 de noviembre de 2019, tuvo lugar un pacto entre el gobierno y un grupo de partidos políticos  -Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución- con el objeto de convocar un plebiscito nacional para decidir si se redactaba una nueva constitución política y cuál sería el procedimiento a seguir. Varias organizaciones políticas no participaron en estas negociaciones, entre ellas el Partido Comunista de Chile, que rechazaba el quórum del 2/3 para validar los acuerdos de una eventual convención constituyente por estimarlo excesivamente alto, así como por no ser ésta una verdadera asamblea constituyente soberana, si bien llamó a sus militantes y al conjunto de los chilenos a participar del referéndum en favor del apruebo (Declaraciones del Secretario General del Partido Comunista de Chile de 15 de noviembre de 2019) .

En el Plebiscito Nacional celebrado el 25 de octubre de 2020, el 78,27% de los ciudadanos votaron el apruebo para el inicio del proceso de redacción de una nueva Constitución, mientras que el órgano encargado de hacerlo, la Convención Constitucional, se impuso por un 79,22% ante el escuálido 20,78% que obtuvo la Convención Mixta Constitucional, cuya composición se hubiera conformado en partes iguales por miembros electos para el efecto, y parlamentarios en ejercicio. Votación que podría interpretarse como una desafección hacia estos últimos por parte de sectores amplios de la ciudadanía, al mismo tiempo que expresaran una voluntad favorable, no tanto hacía una Convención Constituyente, sino en apoyo de una verdadera asamblea constituyente y soberana como máxima autoridad política de la República.

El 15 y 16 de mayo de 2021 tuvo lugar la elección de los 155 miembros de la aprobada Convención Constitucional mediante sufragio voluntario y de acuerdo con las normas aún vigentes para la elección de diputados. El 42% de participación indicó una cierta desconfianza hacia el proceso constituyente tal como se planteó. 

En cuanto a los resultados de dicha elección, lo importante que se manifestó fue la posibilidad de que la mayoría de los independientes, sumados a los constituyentes del bloque de izquierda, pudieran hacer valer su peso en la Convención para asegurar sus ⅔ y colocar una agenda de transformaciones profundas del sistema. Pero la ilusión se fue al traste. Las alianzas entre “los partidos de los 30 años”, de la ex-Concertación en el interior de la Convención, la desaparición de la  Lista del Pueblo (suma de independientes) que tenía 24 representantes y las contradicciones en la lista Apruebo Dignidad que reúne al Partido Comunista con la Convergencia Democrática de Gabriel Boric hicieron realidad lo impensable.

Los pactos firmados en noviembre de 2019 “por la paz social y la nueva Constitución”, conocidos como pactos de la traición, se refrendaron con la aprobación del reglamento interno de la Convención. La decisión de mantener el quórum de los 2/3 para aprobar cada artículo dificultan las propuestas que vayan más allá de los límites impuestos por los firmantes del pacto. Basta un 1/3 de los votos para rechazarlas. De esta forma, la derecha, la ex-Concertación, el Frente Amplio y los independientes de derecha pueden mantener el espíritu neoliberal de la Constitución pinochetista. Conforme a dicho reglamento se podrán hacer concesiones menores y reconocer ciertos derechos que incluso serán difíciles de ejercer. La economía de mercado, los impedimentos a la inversión pública en sanidad, vivienda o educación y el no cuestionamiento de los tratados internacionales de libre comercio con las trasnacionales, podrían marcar la dirección de la nueva Carta Magna.

Gabriel Boric, nuevo Presidente de Chile. Autor: Francisco Fernando Serrano

Ahora la incógnita tras el triunfo de Boric es si el nuevo presidente querrá y podrá romper ese posible y nuevo corsé de la venidera Constitución para lo cual habría que profundizar en las movilizaciones y en la ruptura democrática, esta vez contra las limitaciones impuestas por los sectores neoliberales de la Convención Constitucional. Justamente, lo que distingue un proceso de reforma política de otro de ruptura democrática es que en el primero los cambios se producen desde y mediante la aplicación de la legalidad del régimen, provocando modificaciones limitadas. En cambio, en los procesos de ruptura democrática lo característico es precisamente la derogación de ese entramado legal cardinal por hechos revolucionarios de naturaleza alegal.

Así pues en el escenario político de Chile es esencial continuar la orientación revolucionaria del proceso, dirigida a derrotar definitivamente al pinochetismo y al neoliberalismo aplicando un programa político claro que asegure la defensa de los intereses de la clase trabajadora y resto de capas populares en el órgano constituyente, así como en el plebiscito que someta a votación popular la nueva Constitución en 2022. 

No basta con declamar sobre la apertura de las grandes alamedas, pues las opciones del neoliberalismo de rostro humano son una realidad en Chile, como las tenemos más que patentes en el Estado español aunque con la diferencia abismal de que aquí aún no hemos sido capaces de abrir el necesario proceso constituyente. 

Redacción

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