La anormalidad democrática: las otras puertas giratorias

En nuestra ejemplar democracia, resulta que hay jueces que pasan de meter en la cárcel a los chorizos, a defenderlos; fiscales que de pronto no acusan a los presuntos ladrones, sino que los protegen; abogados del Estado que para atender a sus clientes se hacen millonarios atacando al Estado.

Creo recordar que fue Manuel Vicent quien llamó la atención sobre el hecho de que los abogados que defendían a los corruptos y mafiosos en Estados Unidos, según Hollywood nos mostraba, eran individuos parecidos a sus clientes, personajes grasientos, de pinta patibularia, con un pitillo colgando de la comisura del labio, a los que entre sesión y sesión del juicio sus clientes los llevaban a un burdel, para celebrar la marcha de los asuntos, mientras estudiaban como sobornar a un miembro del jurado o chantajear a otro, y sin embargo en España los defensores de los mafiosos eran abogados atildados, muy finos, de modales clericales, y normalmente catedráticos de la Universidad, que en lugar de ir al prostíbulo, acudían a misa todos los domingos y comentaban algún leve remordimiento con su confesor en el improbable caso de que hubieran sentido algún escrúpulo por su defensa.

Muchos de ellos acudían a la casa del Opus, donde los reconfortan espiritualmente.

Eso fue hace más de 20 años. Desde entonces se ha producido otro giro, más sofisticado, ya no son esos defensores de los corruptos algunos catedráticos de derecho penal, sino jueces, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, que se colocan previamente en situación de excedencia.

En nuestra ejemplar democracia, que tan buen lugar ocupa en las clasificaciones de pulcritud que se confeccionan no se sabe muy bien dónde, resulta que hay jueces que sin que se les ponga ningún problema, pasan de meter en la cárcel a los chorizos, a defenderlos; fiscales que de pronto no acusan a los presuntos ladrones, sino que los protegen; abogados del Estado que para atender a sus clientes se hacen millonarios atacando al Estado, poniendo todos ellos sus conocimientos y experiencia en el funcionamiento de la administración al servicio de quienes buscan enriquecerse a costa del Estado.

Si el reputado catedrático de derecho penal Horacio Oliva era el que hace 20 años defendía a un personaje como Jesús Gil, ahora el ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, ha pasado de ser martillo de delincuentes en aquel Tribunal, a defender al Partido Popular; el ex juez Javier Gómez de Liaño, avezado instructor en la Audiencia Nacional, defendía a una implicada del caso Malaya, en el que se perseguía la gravísima corrupción urbanística del Ayuntamiento de Marbella; defendió a Bárcenas, e incluso al jefe de la mafia rusa Zakhar Kalashov, expulsado de España por la misma Audiencia Nacional donde había actuado como juez durante muchos años.

Su mujer, Maria Dolores Márquez de Prado, ex fiscala de la Audiencia Nacional, asumió a su vez la defensa de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Otros fiscales miembros de aquel órgano jurisdiccional, como Ignacio Peláez, Ignacio Gordillo, Florentino Ortí, defienden o han defendido entre otros, «al arquitecto que reformó la sede el PP cobrando en negro»^[1]El País, Miguel Angel Campos, 3 de mayo de 2015., al ex gerente de este partido Cristóbal Páez, al ex jefe de la Agencia Valenciana de Turismo Rafael Bertoret, a los ex alcaldes de Arganda y Majadahonda, al ex diputado Jesús Merino. Otros dos antiguos jueces de aquella Audiencia, según el mismo periodista Miguel Angel Campos, entre ellos José Antonio Choclán, han defendido a imputados del caso Gurtel, o al propio Correa…

Pero esta actividad de defender hoy al Estado y mañana a los particulares que intentan beneficiarse a costa de aquél, tiene en el cuerpo de abogados del estado una amplísima representación, sin que aquel estado cada vez más indefenso les haga la menor objeción.

Así, de 642 profesionales que componen dicho cuerpo, 250 se encuentran en excedencia, contratados o por grandes despachos de abogados, o por las mayores  empresas privadas, como el caso de la omnipresente Inditex,  cuyo consejero delegado es Pablo Isla, o la propia Soraya Sáenz de Santamaría, fichada por el despacho Cuatrecasas, especializado en derecho fiscal, entre otras ramas del derecho, y cuyo mayor dirigente, Emilio Cuatrecasas  «se libró de la cárcel por un pacto con la Fiscalía realizado cuando Sáenz de Santamaría era Vicepresidenta del Gobierno»^[2]El plural 11 de marzo de 2019., protagonizando aquél el gran éxito  gracias al pacto citado, de convertir una petición fiscal de 20 años de prisión por gravísimos delitos, a una condena de 24 meses, aceptada por nuestro distinguido jurista pues se salvaba de ingresar en prisión, para con posterioridad contratar  a la dinámica ex Vicepresidenta.

De modo que muchos miembros de los más destacados cuerpos del Estado, los que tienen que velar por los intereses colectivos, por protegerlos de la poderosa influencia de los intereses privados, en continua colisión con aquellos, personas que han medrado, han obtenido conocimientos, conocido los secretos más profundos de la administración, que mantienen con sus compañeros y subordinados todo tipo de contactos y quizás promesas de futuras contrataciones, en una metamorfosis intolerable, pasan a defender a aquellos cuyos intereses colisionan continuamente con los públicos.

Mención aparte merecen personajes como Enrique López, entre otros jueces y altos funcionarios que transitan impúdicamente entre la carrera judicial y la actividad política, protagonizando situaciones tan vergonzosas como la mediación entre los representantes de Bárcenas y el citado ex fiscal Jesús Santos, hoy defensor del Partido Popular, para conseguir exonerar a Rosalía Iglesias y evitar que el ex tesorero acabe «tirando de la manta» sobre los aspectos aún no esclarecidos de la financiación de dicha organización política y los sobres que se repartían. La necesidad de regular de manera muy distinta esta continua traslación es patente.

Pero ahora, a este sistema de construir un enorme zoco de mercaderes del derecho, se le ha dado una vuelta más, otro giro, consistente en que no sólo se contrata desde el mundo privado a los servidores públicos, para que trasladen a aquel su saber, contactos, experiencia… sino que además, ahora, se planifica el viaje a la inversa, para que una vez obtenidos los pingües beneficios económicos que conlleva este premio que obtienen del ámbito empresarial, se vuelvan a resituar en la Administración, eso sí, en puestos claves, claro está, desde los que puedan ejercer la máxima influencia previsiblemente a favor de quienes han sido tan generosos previamente con ellos.

El mecanismo de privatización del Estado se consolida.

El periódico “El Cierre Digital”^[3]El Cierre Digital, 17 de febrero de 2020., a través de Juan Luis Galiacho, nos informa de que varios grandes despachos de abogados pugnaban por colocar a uno de sus miembros en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. En una adjudicación de plazas para la Sala de lo Civil se observó una dura competencia de los grandes despachos de abogados por situar a sus peones. Esta se otorgó al catedrático Vicente Luis Montes, apoyado por el despacho Cuatrecasas, cuya sede en Valencia dirigía él mismo, contra la catedrática Encarna Roca Trias, respaldada por el despacho Uría y Menéndez y por Convergencia y Unió.

El pionero de estos trasvases fue el despacho Uría, aprovechando que los magistrados pueden utilizar la puerta giratoria sin más requisito que haber prestado cinco años de servicios efectivos y permanecer en la situación de excedencia dos años como mínimo, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fueron magistrados fichados como abogados por el despacho de Uría los que se  encargaron de la defensa de Emilio Botín en el juicio que afrontó por las indemnizaciones millonarias cobradas por jubilaciones por altos cargos del Banco de Santander, y es muy relevante el que  «el ex fiscal de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, Javier Sánchez Junco, (llevase) la defensa del ex consejero delegado del Santander, Angel Corcóstegui, consiguiendo su absolución por el caso de las jubilaciones millonarias ante la sección tercera de la Audiencia Nacional, de la que él había sido un baluarte.»

Como podemos comprobar, el pionero de nombrar a ex jueces y ex fiscales para su defensa fue nuestro dinámico gran Banco de Santander.

El sistema democrático parte de la  separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, como mecanismo para evitar abusos, corruptelas, estableciendo sistemas de cortapisas y controles recíprocos, para evitar los abusos, el despotismo y la corrupción.

Uno de los «Padres Fundadores» de los Estados Unidos, James Madison, que intervino en la redacción de la constitución de EEUU y en sus 10 primeras enmiendas, y fue el cuarto presidente de aquel país, decía siguiendo a Locke y Montesquieu, que «si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario ni el control externo ni el gobierno. Los inventos de la prudencia son necesarios en la distribución de los poderes supremos del Estado.»

Todo el mecanismo de los estados de derecho se basa en la división de poderes, precisamente por este sano principio de desconfianza que considera que los hombres no somos ángeles.

Su traslación al sistema administrativo ha sido la regulación de mecanismos de incompatibilidades, más rígidos cuanto mayor era el cuajo democrático del país que los implantaba.

Sin embargo, tan sano principio elemental se pone totalmente en entredicho cuando, olvidando la más elemental prudencia, se permite que los supuestos servidores públicos del máximo status, las personas a las que la sociedad les da la potestad de juzgar, o de acusar en nombre del estado, o de defender al estado, puedan con todos los beneplácitos pasar sin solución del continuidad a defender, frente al estado, a los principales enemigos de aquél, que son los delincuentes dotados de más poder, a cuyo favor se pasan literalmente con armas y bagajes.

Y el colmo es que luego puedan volver a la administración, para presuntamente defender los intereses públicos frente aquellos que hasta anteayer les han estado pagando cantidades millonarias para que los pongan a sus pies.

Esto está pasando en España, es la continuidad del mecanismo de las puertas giratorias, que no solo ocurre entre los políticos.

Esta gravísima corruptela no se da en todos los países capitalistas, no supone algo que para eliminarlo exija una revolución, una insurrección popular. Es una práctica corrupta que se da gracias a unas autorizaciones hechas para favorecerla en el Boletín Oficial del Estado, y que se podrían modificar desde el Gobierno y el Parlamento simplemente cambiando esas leyes.

¿No debería llamar la atención tan gravísimo mecanismo de privatización del estado, a nuestro gobierno? ¿No deberían  dedicar sus fuerzas y facultades, en lugar de a debates irrelevantes, o a la búsqueda de protagonismos irrisorios, a dignificar la vida política, robustecer la defensa de lo público, a acabar con las gravísimas corruptelas descritas, impidiendo que el estado esté a los pies de los caballos mediante el mecanismo tan grosero que hemos pretendido explicar?

Las medidas para evitar estas situaciones son de simple higiene democrática, son las mínimas que se le pueden exigir a un gobierno decente, no digamos a uno que se reclama de izquierdas.

Alberto García