Carta abierta a la dirección del PCE

Un Jugado de Granada anula la decisión de la Comisión Política del PCE que suspendía de militancia a un grupo de militantes por transgresión del derecho fundamental de defensa.

El pasado enero, un numeroso grupo de militantes fue suspendido de militancia en el PCE como consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario acusados de constituir una fracción en la organización, prohibida por los Estatutos.       

El Juzgado civil de Granada dictó, el pasado 10 de julio, una resolución por la que deja sin efecto la decisión adoptada por la Comisión Política, al estimar que estos militantes fueron privados de todos sus derechos estatutarios, incluido el de poder participar en la próxima Conferencia Política aún sin fecha de celebración, con vulneración del derecho fundamental de defensa del artículo 24 de la Constitución al no establecerse los motivos y fundamentos que la pudiera avalar.                                       

Esta resolución judicial es provisionalísima. Le seguirá inevitablemente otras tantas en las que se analizará si además de transgredirse el derecho fundamental de defensa se han podido producir otras violaciones de derechos fundamentales por esta actuación de la dirección del PCE. 

Ni que decir tiene que este tipo de resoluciones en las que aparece la dirección del PCE como transgresora de derechos fundamentales tienen que evitarse obligatoriamente. Esto es lo que indica nuestros Estatutos en el artículo, entre otros, 2 apartado 8. 

Es por ello por lo que nos dirigimos a la Comisión Política del PCE para plantearles que lleven a cabo las actuaciones oportunas para que este asunto termine de una vez por todas. Nosotros/as queremos militar en el PCE sin tener que hacerlo con la amenaza persistente de nuevas represalias. Queremos militar en el marco del más escrupuloso respeto al mandato congresual, a la legalidad partidaria establecida en el XX Congreso que a todos nos mandató para levantar un PCE marxista-leninista. Pero también en el respeto inflexible hacia todos aquellos/as camaradas que manifiestan opiniones o alternativas políticas diferentes a lo acordado en el Congreso de diciembre de 2017. El centralismo democrático y la democracia interna son los únicos parámetros llamados a resolver la «lucha de clases» en el interno de la organización comunista. Mediante la síntesis primero y, si esta no fuera posible, a través de la conformación legítima de mayorías y minorías. Porque la lucha de clases, esto es, la lucha ideológica entre clases sociales antagónicas, no sólo consta en el entorno social que rodea a las sedes de nuestro Partido. En su interior, también se producen inevitables confrontaciones ideológicas de esta naturaleza. En este sentido, los eurocomunistas, por ejemplo, tienen todo el derecho a defender sus posiciones en el seno del Partido. Sin embargo, ningún derecho les asiste a represaliar a los marxistas-leninistas y, menos aún, despreciando el respeto a los derechos fundamentales, conquista irrenunciable del género humano.

Por tanto, teniendo en cuenta este primer pronunciamiento judicial, lo que procede ya es el archivo de todos los expedientes disciplinarios y el respeto a nuestra legítima participación en el proceso de la venidera Conferencia Política mediante la promoción y constitución de una Plataforma Interna de Opinión, conforme previene el artículo 2.10 de los Estatutos. El conjunto de la militancia de nuestra organización tiene el legítimo derecho a conocer nuestras posiciones políticas, bien para apoyarlas, bien para rechazarlas. Lo que no es posible —ni como comunistas, ni como demócratas— es pretender impedir que los/as camaradas puedan expresar y defender con libertad sus tesis y opiniones políticas en un proceso de Conferencia Política ya convocado, cuya finalidad es precisamente la de que podamos entre todos y todas elaborar las medidas que deban adoptarse, ante esta nueva y excepcional coyuntura política, social y económica, dentro siempre, claro está, de los límites del Partido, esto es, del respeto escrupuloso a lo acordado en el XX Congreso del PCE.

Sólo de esta forma recuperaremos el debate interno en la organización comunista cuya supresión «manu militari» tanto daño nos está causando a todos y todas.

Algunos destacados dirigentes de nuestra organización vienen defendiendo, con toda razón en este contexto de profunda crisis capitalista, de que no basta la presencia de algunos miembros del PCE en un gobierno de coalición y menos en minoría. Lo importante y transcendente, exponen, es tomar el Poder. Solo de tal forma es posible transformar de manera radical la sociedad actual en la que vivimos. Convendrán con todos nosotros que para que esto sea posible es preciso un PCE marxista-leninista digno de ese nombre. Es este el mandato congresual que todos y todas debemos respetar.

Por tal motivo apelamos a vuestra conciencia comunista para que acordéis el archivo de los expedientes disciplinarios que nos permita, al mismo tiempo,  participar desde ya en el debate de la próxima Conferencia Política mediante la promoción y constitución posterior de la correspondiente Plataforma Interna de Opinión.

Salud y República socialista.

Miguel Medina Fernández-Aceytuno.

En el siguiente enlace se puede acceder al texto íntegro de la resolución: https://issuu.com/hojasdebate/docs/resolucion-judicial-pce

NDLR: En el momento de la publicación de esta carta. La dirección del PCE tenía constancia de ello.

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