Denuncia a la Fiscalía contra la Alcaldesa y 12 concejales del Ayuntamiento de Motril
Izquierda Unida-Equo promueve una denuncia por un supuesto delito de prevaricación administrativa al votar los representantes municipales de la derecha en Motril en contra de la retirada de la medalla de la ciudad al dictador Franco.
Izquierda Unida-Equo de Motril ha presentado ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Granada un escrito de denuncia contra todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento de Motril, incluida su Alcaldesa –trece ediles[i]-, que en sesión plenaria del pasado día 31 de julio[ii] votaron en contra de la moción presentada por IU-Equo solicitando la retirada de la medalla de oro de la ciudad al dictador Franco, concedida en el año 1963 por «la adhesión inquebrantable del ayuntamiento y del vecindario a su egregia figura».
El escrito de denuncia va encabezado por los dos concejales de IU-Equo en el Ayuntamiento de Motril, José García Llorente e Inmaculada Omiste Fernández y ha sido respaldado con la firma de más de 250 vecinos de la localidad de la costa granadina entre los que se encuentran representantes del mundo de la cultura, académico, profesional y político.
En el escrito de denuncia se expone que la Alcaldesa y los Concejales denunciados han podido incurrir en la comisión de un delito de prevaricación administrativa regulado en el artículo 404 del Código Penal que establece: «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».
Este tipo penal, según exponen los denunciantes, «tiene por finalidad garantizar la imparcialidad y la objetividad en el ámbito de la función pública y el principio de legalidad como fundamento básico de un estado social y democrático de derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas. Reprime supuestos en los que la actuación administrativa, además de ilegal, es injusta y arbitraria.»
Argumentan que la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, dispone en su artículo 15.1 que: «Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».
Por otra parte, indican los denunciantes, el artículo 32 de Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, indica como elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática: «La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas.»
Por último, los concejales de IU-Equo aluden al apartado doce del mismo precepto legal que mandata: «asimismo, las administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura.»
La Coordinadora y diputada provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, acudió al acto de presentación de la denuncia ante los medios informativos para mostrar con su presencia el apoyo de IU a la denuncia ante la Fiscalía. En el evento, la diputada provincial expuso que el comportamiento de la Alcaldesa y de los concejales denunciados «tienen mucho que ver con contenidos como los que se han producido en el chat de altos mandos militares retirados, con expresiones y manifestaciones inaceptables desde el punto de vista de la convivencia democrática».
Por su parte, Jose Llorente, concejal de IU-Equo, expuso que: «el voto de los ediles en Motril del PP, Pmas, Ciudadanos y Vox fue, fundamentalmente, proclamar la impunidad del franquismo en nuestra ciudad. Una decisión consciente con la que pretenden seguir defendiendo los intereses de quienes sustentaron la dictadura en Motril, se enriquecieron a costa de sus vecinos y de sus vecinas y obtuvieron vergonzantes privilegios sociales, económicos y políticos por los que nunca han rendido cuentas y de los que siguen disfrutando sus herederos».
Corresponsal de Granada
[i] Dª Luisa Mª García Chamorro, Alcaldesa de Motril y los concejales: D. Nicolás José Navarro Díaz, Dª Ángeles López Cano, Dª Mª Inmaculada Torres Alaminos, D. Jesús Jiménez Sánchez, Dª Concepción J. Abarca Cabrera, Dª Magdalena Banqueri Forns-Samso y D. Alejandro Vilar Moreno del grupo municipal del Partido Popular. D. José Manuel Lemos Pérez y Dª Débora Juárez Castillo del grupo municipal de Ciudadanos. D. Miguel Ángel López Fernández del grupo municipal de Vox. Dª Susana Encarnación Peña Gómez y D. Juan Manuel Ortega Moreno, concejales no adscritos. D. Antonio José Escámez Rodríguez y Dª Mª Ángeles Escámez Rodríguez del grupo municipal de PMAS.
[ii] Hojas de Debate, El Ayuntamiento de Motril no retira la medalla de la ciudad al dictador Franco, 24.08.20, https://hojasdebate.es/cultura/memoria/ayuntamiento-motril-no-retira-medalla-ciudad-dictador-franco/