El fraude eurocomunista

El grupo eurocomunista de la dirección del PCE estima que no hay más alternativa que mantenerse en el consejo de ministros para reforzar la actual mayoría de gobierno.

El Informe aprobado por la Comisión Política del PCE del pasado 5 de septiembre expone que «gracias a Unidas Podemos en España hay un gobierno que está demostrando por la vía de los hechos que se puede gobernar al servicio de las familias trabajadoras».

Este desorbitado optimismo choca con la cruda realidad. Por citar algunos de los datos más relevantes, a la presente no han sido derogadas las reformas laborales del PP y del PSOE lo que obstaculiza de forma extraordinaria las posibilidades para la defensa de los puestos de trabajo y las condiciones laborales desde un sindicalismo de clase, en un contexto de intensa crisis económica y social. Tampoco ha sido derogada la ley mordaza. Una y otra medida se complementan para frenar la movilización de los trabajadores en la defensa de sus intereses de clase. Constituyen reivindicaciones muy sentidas por amplias sectores populares que no han sido atendidas.

Mientras, el ingreso mínimo vital no llega a sus destinatarios, hombres y mujeres en delicada situación económica y social. No hay más política económica que el neoliberalismo más desatado que impone la clase dominante con el beneplácito del gobierno de coalición. Hay que recordar que en la actualidad el desempleo en España alcanza al 15,33% de la población activa con cerca de cuatro millones de trabajadores en paro. El Banco de España lo coloca en el 23,6% al cierre del ejercicio. Y el desempleo juvenil alcanza en la actualidad al 41,7% de los jóvenes. Debe tenerse en cuenta, además, que los trabajadores afectos a un ERTE constan como ocupados en las estadísticas y en esta situación se encuentran más de tres millones de trabajadores. La incertidumbre sobre éstos es enorme pues se desconoce cuántos recuperaran sus puestos de trabajo al término de las suspensiones de sus contratos de trabajo. El dato cierto es que hasta el momento, en este contexto de crisis sanitaria, económica y social ya se han destruido más de un millón de puestos de trabajo.

¿De verdad, se está gobernando al servicio de las familias trabajadoras? Uno de nuestros objetivos esenciales, añade el informe político aprobado por el grupo eurocomunista de la dirección del PCE, «es mantenernos en el Consejo de Ministros, tanto para impedir el cierre de la crisis de régimen actual con una salida conservadora o meramente reformista, como para mantener y mejorar el escudo social… como en general para poner en marcha políticas de transformación social».

No cabe duda que un objetivo fundamental del grupo eurocomunista es el de ocupar determinados asientos en el Consejo de Ministros. Pero tenemos serias dudas, a juzgar por los resultados de su participación gubernamental, de que sus intenciones sean las que estampan en el informe político y no otras.

La política económica del gobierno de coalición ni siquiera es reformista, sino neoliberal, contraria a los intereses obreros y populares como en fecha reciente lo han demostrado bendiciendo la fusión de Bankia con Caixabank. La actuación gubernamental en general va encaminada a sostener el caduco régimen posfranquista del 78, defiende a la Monarquía borbónica y se acomoda a los dictados del imperialismo tanto en el entorno doméstico como en el ámbito internacional. En este sentido, el informe político que comentamos aboga por la celebración de una «consulta popular» sobre república o monarquía que ni siquiera llega a la categoría de un referéndum y menos aún que este se vincule con la apertura de un verdadero y efectivo proceso constituyente.

A todo esto podemos añadir la voluntad del gobierno en un futuro próximo de aumentar la edad efectiva de jubilación, la anunciada congelación salarial para los trabajadores del sector público que en los últimos años han perdido importante poder adquisitivo, la renuncia a la reforma fiscal y el llamamiento a que las universidades públicas se financien a través de empresas privadas, que no hacen más que abrir el camino a más políticas de austeridad y recortes que dañan a trabajadores y capas populares y benefician al gran capital.

La perorata eurocomunista termina señalando: «no tenemos otra alternativa ni existe propuesta alguna que formule proyectos alternativos.»

La alternativa y el proyecto que confronta a la política del gobierno de coalición se encuentra precisamente en el Documento Político aprobado en el XX Congreso del PCE, que en diciembre de 2017 determinó, con claridad meridiana, que los procesos de confluencia para las elecciones tenían que llevarse a cabo «en torno a la ruptura con el régimen» de la Transición -página 57, segundo párrafo del Documento Político-, así como que en este proceso de confluencia «el PCE (debía) ser la fuerza de vanguardia de la Ruptura» -página 16, párrafo 4 del Documento Político- y que «la alternativa (pasaba) por la articulación de un bloque social y popular, de carácter rupturista que sea capaz de organizar un contrapoder al legalmente establecido» -página 17, párrafo 7 del Documento Político-.

Forma parte también del mandato congresual que transgreden los eurocomunistas la «nacionalización de los recursos naturales y los sectores estratégicos de la economía, reestructuración de la deuda y pago únicamente de las obligaciones legítimas del Estado. Protección de la soberanía frente al capital monopolista internacional y la oligarquía nacional», con la «recuperación de la soberanía plena, salida de la OTAN, la UE y el Euro» y el «Estado Federal» con «el reconocimiento de los derechos nacionales, históricos, lingüísticos y culturales de las distintas naciones que componen a día de hoy el Estado Español», incluyendo el «ejercicio del derecho de autodeterminación» -página 19, párrafo 4 del Documento Político-.

El proyecto del PCE recogido en el mandato congresual que no respeta el grupo eurocomunista es, por tanto, el de la ruptura con el régimen del 78, el del proceso constituyente democrático y republicano, el promotor de la recuperación del sindicalismo de clase y combativo, junto con la imprescindible reivindicación de un conjunto de medidas que atienda a los intereses inmediatos de la clase trabajadora y capas populares -condiciones de trabajo dignas, acceso a la vivienda, sanidad pública, enseñanza pública, pensiones suficientes, etc.-.

Para los eurocomunistas no hay más alternativa que la de situarse a remolque de la socialdemocracia y la de someterse a los dictados del imperialismo. Los comunistas militantes del PCE sí tenemos en cambio un proyecto alternativo bien diferente al que dibuja el informe de la Comisión Política del PCE y no es otro que el de los acuerdos alcanzados en el XX Congreso de diciembre de 2017.

Varadero.

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