El PCE y la reforma política de 1978 (y 2)

La dirección del PCE optó, a espaldas de la militancia, por sustituir la ruptura democrática por la reforma política y la ruptura sindical por la conversión de Comisiones Obreras en un sindicato reformista de pacto social.

La propuesta política de una ruptura democrática vinculada a una ruptura sindical que hiciera posible un nuevo régimen republicano de derechos y libertades democráticas plenas, unido al establecimiento real o práctico de una fuerte unidad organizada de la clase obrera bajo las directrices de ese sindicalismo de combate dio singularidad al movimiento sociopolítico de las CCOO. La posibilidad de que se tomara las infraestructuras del viejo sindicato vertical fascista, mediante la convocatoria de un Congreso Obrero Constituyente, se desvaneció en los primeros meses de 1976. La dirección del PCE optó, a espaldas de la militancia, por sustituir la ruptura democrática por la reforma política y la ruptura sindical por la conversión de Comisiones Obreras en un sindicato reformista de pacto social.

El 11 de julio de 1976 se celebra la Asamblea de Barcelona, semiclandestina, que reúne a varios cientos de militantes de Comisiones Obreras. La dirección del PCE da los primeros pasos en el desmantelamiento de este movimiento sociopolítico al margen de sus bases y en contra de los principios que habían informado su nacimiento. Nicolás Sartorius, destacado dirigente de CCOO y del PCE, hoy afiliado al PSOE, toma la palabra en este encuentro y da la bienvenida a una futura alternativa de pluralidad sindical. La Asamblea acordó por unanimidad, no obstante, la salida a la luz pública de sus militantes, pese a que seguía siendo prohibida por la dictadura. Y así se hizo.

Para el grupo dirigente del PCE, la Asamblea de Barcelona constituyó un precongreso encaminado a la constitución de un nuevo sindicato que daría más tarde los primeros pasos hacia un sindicalismo de concertación social y de colaboración de clases, atrapado ya por una transición política reformista, que dejaba atrás la ruptura sindical y la ruptura democrática mediante un proceso constituyente republicano.

Santiago Carrillo y su grupo liquidacionista asestaron un duro golpe a los miles de militantes de las Comisiones Obreras, verdaderos protagonistas de un genuino movimiento sociopolítico impulsor de un sindicalismo de clase que contribuyó de manera notable, tanto a la mejora de las condiciones de trabajo, como en la tarea de la recuperación de los derechos y libertades democráticas, pagándolo muchos de ellos con la propia vida, años de cárceles, torturas y despidos.

Mientras que la Constitución de 1978 constituyó la expresión jurídica de mayor calado del pacto cuatripartito antes citado, los Pactos de la Moncloa de 1977 conformaron un nuevo marco de relaciones laborales con el retorno de la concertación social y el añadido de un pluralismo sindical, junto a la imposición de drásticas medidas antiobreras encaminadas a resolver la crisis económica de entonces.

¿Con qué fuerza se contaba y qué se podía hacer? Se disponía entonces de una fuerte movilización obrera y popular a través del movimiento socio-político de las Comisiones Obreras, tal vez insuficiente, en aquellos momentos, como para imponer un proceso de ruptura democrática por sí misma. Sin embargo, la dirección del PCE, al optar por la desmovilización como contrapartida a una legalización -que oculta a la militancia- de una organización oportunista, trastocó la correlación de fuerzas en beneficio del aparato franquista, favoreciendo una transición reformista en los términos diseñados por el imperialismo, muy dañina a los intereses obreros y populares, como luego se ha podido constatar.

La Constitución del 78 reconoce como derecho ciudadano –sección segunda, capítulo segundo, artículos 33 y 38 de la Constitución- la propiedad privada y la herencia, y la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, mientras que los Pactos de la Moncloa sentaban las bases de un conjunto de medidas antiobreras para sanear y reformar la actividad económica y resolver la crisis económica «en un clima de cooperación responsable que (contribuyera) a la consolidación de la democracia». Una colaboración de clases que sancionaba con el despido de hasta un 5% de la plantilla en aquellas empresas que, por impulsos de la lucha obrera, transgredieran las limitaciones salariales y pactasen retribuciones por encima de los índices de inflación que la Administración fijaba.

De esta forma, los Pactos de la Moncloa facilitaron un importante ajuste económico en favor del capital que la clase trabajadora hubo de pagar con numerosos despidos y cierres de empresa y una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En poco tiempo, el desempleo pasa de 500.000 a tres millones de trabajadores y arranca un proceso de privatizaciones que sigue aún muy vivo en la actualidad. A precio de saldo, se ha producido un gigantesco saqueo del patrimonio público —Repsol, Telefónica, Endesa, Seat, Argentaria, Tabacalera, Retevisión, Iberia, Hispasat etc. —, sin contar con las privatizaciones y externalización de servicios públicos que vienen realizando el resto de las administraciones públicas por los gobiernos conservadores del PP como los del PSOE.

Resistencia contra los Pactos de la Moncloa la hubo dentro y fuera de Comisiones Obreras y, además, muy importante. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 1976 participaron un total de 8.834.100 trabajadores en huelgas con 12.593.100 jornadas no trabajadas. En 1977, el total de participantes en huelgas aumenta a 8.900.000 y el total de jornadas pérdidas es de 16.641.700. Un ligero descenso se produce en el año 1978 en estos parámetros, pero en 1979 los asalariados en huelga se contabilizan en 8.555.200 y el total de jornadas perdidas asciende a la cifra máxima de 18.966.900. En 1980 el total de obreros participantes en huelgas desciende a 8.265.100 y el número de jornadas no atendidas baja a 13.578.200.

Todo apunta a que el abandono de la política de ruptura democrática, el desmantelamiento del sindicalismo de clase y las desviaciones ideológicas y organizativas, pasasen factura al PCE. Los 201.000 militantes de abril de 1978 se redujeron a 84.652 en diciembre de aquel año. En la actualidad no sobrepasan los 6.000 afiliados.

No fueron mejor las cosas en el terreno electoral. En las elecciones de 1977, el PCE obtuvo 20 escaños con un total de 1.709.890 votos. En los siguientes comicios de 1979, suben a 23 escaños con 1.938.487 votos, pero en las elecciones de 1982, después del fallido golpe de estado de febrero de 1981 y consolidada la línea política reformista en el seno de la organización, se produce una debacle. El PCE solo obtiene 4 escaños y 846.515 votos.

El PCE entra en crisis. Santiago Carrillo, su principal valedor, dimite en 1982 como secretario general y es sustituido por Gerardo Iglesias. Tres años más tarde, es expulsado de los órganos de dirección del PCE por decisión de su Comité Central, se escinde meses después de la organización con un grupo de sus correligionarios que ponen en marcha el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista. Más tarde, sus militantes engrosan las filas del PSOE menos Carrillo, que decide quedar fuera debido, según él, «a sus muchos años de militancia en el PCE».

En enero de 1984 tuvo lugar en Madrid el Congreso celebrado por el denominado sector prosoviético, en el que participaron también el Partido de los Comunistas de Cataluña, el Partido Comunista de España Unificado (PCEU), el Movimiento para la Recuperación del PCE y Células Comunistas del PCE. Este proceso dio lugar al Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y a su organización juvenil, los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC). La nueva organización obtuvo el reconocimiento del Partido Comunista de la Unión Soviética y de los demás partidos comunistas del bloque socialista europeo.

En enero de 1989 se celebró un Congreso Extraordinario en el que el sector de Gallego se reincorporó al PCE junto a 8.000 militantes, 48 miembros del Comité Central y la mayoría de cargos públicos del PCPE. En esta organización se quedó el sector encabezado por Juan Ramos Camarero, nuevo secretario general.

Tras el sonoro fracaso electoral de 28 de octubre de 1982 con la pérdida de más de un millón de votos y 19 escaños, se inicia entonces por reformistas de uno u otro signo, un proceso encaminado a invisibilizar las siglas históricas del PCE y de su proyecto emancipador mediante la creación de Izquierda Unida, primero como movimiento político-social y más tarde como partido político, a la que ceden además de sus competencias electorales, todas las demás de naturaleza política y social.

Desde las elecciones generales de 1986, el PCE nunca más se ha presentado a los comicios con sus propias siglas. Lo ha hecho hasta el 2015, bajo el paraguas de Izquierda Unida. A partir de entonces, en el de Unidas Podemos.

El PCE no ha sido dado de baja en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Pero desde hace décadas su presencia como tal en la vida pública es mínima o residual.

En el XX Congreso del PCE de diciembre de 2017, con el apoyo de más del 80% de los delegados, se incorpora a los Estatutos y a su Programa la reivindicación de los principios del marxismo-leninismo y la recuperación de la presencia pública del PCE, incluidas sus competencias electorales y autonomía respecto de Izquierda Unida.

Sin embargo, el procedimiento que da lugar a estos cambios tan importantes en la legalidad partidaria hurtó el debate político acerca de la larga etapa eurocomunista. Un pacto por las alturas entre el grupo o corriente eurocomunista y determinados autorepresentantes de la tendencia marxista-leninista que no se eligieron en el proceso congresual mediante, por ejemplo, una plataforma interna de opinión, hicieron posible esta reincorporación estatutaria y formal de los principios del marxismo-leninismo, pero a cambio de una lista consensuada para el futuro Comité Central que garantizaba una cómoda mayoría para quienes apostaban por la continuidad de las prácticas oportunistas cualquiera que fuese el mandato que surgiera de la cita congresual.

El secretismo de estas negociaciones y ese modo eurocomunista de no querer promover un franco e imprescindible debate en todo el Partido, antes y durante el XX Congreso, que permitiera llevar a cabo un análisis profundo de la historia del PCE y la incidencia del oportunismo en toda su trayectoria política, aparecen ahora como obstáculos serios e importantes en la recuperación política plena del Partido Comunista como formación marxista-leninista.

Se produjo entonces una paradoja con este modo de operar: la mayoría congresual (más del 80% de las delegaciones) aprobó el rechazo del eurocomunismo y el retorno estatutario a los principios del marxismo-leninismo suprimidos de la legalidad partidaria en 1978; la minoría congresual, sin lograr el 20% de los votos de los delegados, obtuvo sin embargo la mayoría en el Comité Central, en la Comisión Política y en el Secretariado del PCE. La minoría congresual tomó las riendas del aparato de dirección del Partido y la mayoría quedó en minoría en el Comité Central, en la Comisión Política y en el Secretariado.

Este año 2021 se convocará el XXI Congreso del PCE ¿la minoría eurocomunista de 2017 lo será también en la nueva dirección de la organización? ¿Recuperará el PCE, de manera plena y consecuente, su condición de partido marxista-leninista?

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