Purgando al Fiscal Stampa
El despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón, compañero sentimental de la Fiscal General Dolores Delgado, defiende a tres comisarios de policía imputados en el caso Villarejo.
Quienes hayan visto la película de Roman Polanski “El oficial y el espía”, basada en el célebre caso Dreyfus, recordarán al teniente coronel Georges Picquart, en realidad el protagonista del film, que investigando la supuesta traición del acusado, cuya culpabilidad debe corroborar por la presión del poder, acaba descubriendo que es inocente y así lo proclama, encontrando la inquina del gobierno y de sus superiores.
Lo curioso es que este investigador era conservador, pero honrado, creía en los principios que había jurado defender, y opta por proclamar que era falsa la acusación de que Dreyfus fuera espía alemán, pese a que lo cómodo era seguir la estela que en sentido contrario le marcaban sus jefes.
Pues resulta que el fiscal español Ignacio Stampa, al igual que el teniente coronel de la película de Polanski, no es ningún progresista. Pertenece a la mayoritaria Asociación de Fiscales, de talante conservador.
Ello no le ha impedido ser un estricto batallante contra la corrupción en cuantas ocasiones ha tenido que combatirla a lo largo de su carrera profesional.
Antes de ser destinado en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción, trabajaba en Canarias, donde intervino en varios casos protagonizados por algunos elementos de las élites económicas de Lanzarote, investigando la corrupción urbanística, lo que le trajo múltiples quebraderos de cabeza, entre ellos la serie de injurias vertidas contra él por un periodista llamado Francisco Javier Chavanel Seoane, activísimo defensor de los empresarios inculpados, que motivaron una demanda del fiscal que terminó con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al periodista a indemnizarlo con la cantidad de 25 mil euros, tras declarar que las acusaciones que había ido vertiendo contra él eran falsas.
Pues bien, ya en la Fiscalía Anticorrupción, le toca lidiar en varios procesos contra Villarejo, llevando el grueso de las actuaciones que se siguen contra el ex comisario, consiguiendo como es lógico la total animadversión del personaje, cuyo ingreso en prisión consigue, así como el mantenimiento en dicha situación durante un periodo que dura ya casi tres años.
Pero este no es el único enemigo peligroso que se ha buscado. Como una de las investigaciones -la pieza separada número 9 del caso Tándem- se refiere a las andanzas de Francisco González Rodríguez, ex presidente del BBVA, que contrató al policía pagándole 11 millones de euros para, entre otros trabajitos, espiar a todos aquellos accionistas que querían disputarle la primacía en el consejo de administración de la entidad, actividad que realizó con medios de la policía, los enfrentamientos de Stampa con el BBVA han sido numerosos, ante los intentos de la entidad financiera de ocultar pruebas, dilatar su entrega, en fin, proteger a Francisco González.
No debemos olvidar que este banquero, entre otras menudencias, estuvo en el punto de mira de la investigación con ocasión del incendio del edificio Windsord en Madrid, con el que se destruyeron todas las pruebas que guardaba la auditora Deloitte respecto de las que, según el diario El Confidencial Digital, en su edición de 13 de febrero del pasado año, señala: «Se apunta a una relación del incendio y la operación de inteligencia que puso en marcha el ex comisario Villarejo para proteger al BBVA para eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría Deloitte…que había recibido una petición de la Fiscalía el 11 de febrero de 2005 para que entregase una serie de documentos, en los que podían figurar graves irregularidades que implicaban al Presidente Francisco González… que tenían que haber sido enviados pues, a la Fiscalía, pero que el sábado 12, un día después del requerimiento, quedaron reducidos a cenizas, siempre según el diario antes aludido.
Pues bien, el pasado día 23 de octubre, Stampa acude con la comisión judicial a la prisión de Estremera a registrar la celda de Villarejo, tras las actuaciones delictivas que éste sigue llevando a cabo desde la cárcel, como el intento de venta a varios abogados de grabaciones que permitirían anular los juicios del Procés catalán, del caso Pujol, y de la trama Gürtel, que ofrece a razón de un millón de euros por cada una de ellas, y en cuanto lo ve, el ex comisario le espeta, ¿cómo, pero todavía no te han echado? Al mismo tiempo manifestó estar en el ajo de las vicisitudes administrativas de aquél y su posible cese en la Fiscalía Anticorrupción, que efectivamente acaba produciéndose, para contento del BBVA y de Villarejo, así como de sus amigos y cómplices, pues ante la renovación del organismo la Fiscal General Dolores Delgado no lo propone para ocupar una plaza fija en Anticorrupción, todo ello facilitado por la orfandad en que se ha encontrado Stampa por la falta de apoyo en el Consejo Fiscal, en el que ni sus compañeros de la Asociación conservadora de fiscales, ni los del propio Tribunal Supremo, le han dado ni un solo voto.
Sobre todo ello ha ofrecido información el diario El País en su edición de 1 de noviembre último, que llama la atención sobre el gravísimo hecho de que el ex juez Baltasar Garzón, compañero sentimental de la aludida Fiscal General Dolores Delgado, defiende a tres comisarios imputados en el caso Villarejo, Enrique García Castaño, el ejecutor de la operación Kitchen, Eugenio Pino, el jefe de toda la brigada operativa, y Carlos Salamanca, socio de Villarejo y antiguo comisario en el Aeropuerto de Barajas, desde el que cometía presuntamente los delitos de que está acusado, y que ni siquiera la ex ministra se abstuvo en la votación para designar o no a Stampa.
Preguntada por el diario El País, sobre si no debería haberse abstenido en la votación, dado que su compañero sentimental defiende a estos tres comisarios, a los que acusa Stampa, dice que no, que Garzón no los defiende, jugando con que en teoría son otros miembros de su despacho los que de manera directa intervienen en la actuación, por lo que, afirma, no hay incompatibilidad.
Y por si pocos apoyos ha recibido nuestro protagonista del lado “progresista”, no olvidemos que gran parte de la munición para la derecha la proporcionó la “discretísima” abogada que intervenía en estos sumarios en nombre de Podemos, Marta Flor Nuñez, presumiendo en las redes sociales de su “estrecha intimidad” con aquél, mensajes luego utilizados por el también Letrado de dicha formación José María Calvente, cuando fue despedido, (por cierto, ¿quién es el lince que nombra a los abogados en Podemos?) poniendo en tela de juicio su imparcialidad, y propiciando que Vox, Villarejo y sectores de extrema derecha lo denunciaran tanto ante la propia Fiscalía como ante los Juzgados, y aunque se ha terminado corroborando la rectitud de su actuación, han facilitado con sus indiscreciones e insidias, la labor de demolición.
Así que si la derecha premia a las personas vinculadas al aparato de estado que velan por sus intereses, con la pertenencia a los Consejos de Administración, las fuerzas “progresistas” laminan a los funcionarios públicos que pretenden cumplir fielmente su trabajo. Buen mensaje.
El perjuicio para la tramitación de los complejísimos sumarios en el que ahora se tendrá que instruir un nuevo fiscal, desconocedor de los mismos, y probablemente menos perseverante que Stampa, es evidente, con gran alegría, como no, de Francisco González, el BBVA, Villarejo, y los abogados del despacho de Baltasar Garzón.
Alberto García