El PCPV denuncia al Ayuntamiento de Manises por obstaculizar la consulta popular sobre monarquía o república del 14 de mayo próximo

El Ayuntamiento gobernado por un tripartito «progresista» exige el pago anticipado de una «tasa por ocupación y utilización privativa del dominio público local».

En las sociedades democráticas los pueblos deciden las cuestiones que más les conciernen, como en particular la forma de Estado. En España, sin embargo, no tuvimos oportunidad de decidir entre la monarquia impuesta por Franco o la república que trajeron las urnas el 14 de abril de 1931. Ni siquiera en torno a la votación de la Constitución de 1978 se incluyó esta cuestión primera y esencial.

Por eso, desde hace años, numerosas organizaciones y colectivos de nuestro país y sus territorios, hemos constituido una Plataforma unitaria, amplia y plural para impulsar una Consulta Popular Estatal sobre Monarquía o República, con el objeto de que la ciudadanía pueda pronunciarse y ejercer su derecho de opinión y de libre expresión, aunque esta votación no pueda tener un carácter vinculante bajo el actual régimen político.

Este año, la convocatoria de votación se ha tenido que trasladar al 14 de mayo de 2022. Nuestro interés es convertir esta fecha en una gran jornada de participación democrática en todas las ciudades y pueblos donde podamos instalar mesas con urnas de votación. Evento puntual, con baja repercusión en la actividad ordinaria de los espacios públicos donde se instalan las mesas de votación (que no pueden contener propaganda partidista ni orientar el voto), pero que en ciertos Ayuntamientos está suscitando «resistencias» e impedimentos de todo tipo.

El Ayuntamiento de Manises está gobernado por APM-Compromis, PSPV-PSOE y Podemos. Su alcalde es Jesús Borràs Sanchis.

Es el caso particular de Manises, cuyo Ayuntamiento gobernado por un tripartito «progresista» para autorizar las mesas de votación exige el pago anticipado de una «tasa por ocupación y utilización privativa del dominio público local». Lo que supone directamente negar a esta consulta popular todo carácter participativo, de interés público, social y ciudadano. Implica poner esta consulta ciudadana en el mismo saco que, por ejemplo, las actividades comerciales (instalación hostelera de mesas y sillas) o de particulares (celebración familiar). Razón por la que presentamos al Sindic de Greuges una reclamación contra este Ayuntamiento, reservándonos posteriores actuaciones si quienes actualmente lo gobiernan no entran «en razón» y retiran el pago de esta tasa.

José Gómez Cézar, presidente acreditado de la mesa de votación de Manises, señala: «Este requerimiento del Ayuntamiento es inaceptable, desde el momento en que niega a esta consulta popular todo carácter de interés público y de ejercicio democrático de los derechos constitucionales de la ciudadanía. Si callamos y no hacemos nada ¿qué será lo siguienteque nos impongan? ¿exigir a las organizaciones convocantes (y que no formen parte del gobierno municipal, ojo) el pago de tasas por ocupar espacios públicos en cualesquiera manifestaciones, concentraciones u otras actividades reivindicativas que tengan lugar en el pueblo? En cualquier Ayuntamiento confundir interés público e interés privado no solo es injusto e ilegítimo, también muy peligroso».

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