Solicitan archivo expedientes a la dirección del PCE

Por el momento, la dirección del PCE no ha respondido a esta petición, mientras tanto, las actuaciones judiciales continúan su curso.

Como ya informara en su día Hojas de Debate, una decisión judicial del Juzgado de 1ª Instancia de Granada condenó a la dirección del PCE a dejar sin efecto la suspensión de militancia acordada contra un grupo numeroso de militantes acusados de promover la Plataforma Interna de Opinión «Por el respeto y aplicación del XX Congreso», al estimar que la Comisión Política había transgredido el derecho fundamental de defensa de los represaliados.

A la vista de esta importante resolución judicial, los militantes expedientados han dirigido un escrito a la dirección del PCE interesando el archivo definitivo del expediente sancionador incoado contra ellos en enero pasado.

En su escrito, manifiestan que

teniendo en cuenta el argumentario de esta resolución judicial y la posición que mantiene el Ministerio Fiscal en su segundo informe de 17 de julio pasado, es más que previsible que la sentencia que pueda dictarse en el futuro sobre el fondo del asunto mantenga el criterio de dejar sin efecto, en este caso ya de manera definitiva, la suspensión cautelar que aún pende sobre el interesado/a y el resto de los expedientados. Pero ahora con la peculiaridad de que, además de volver a apreciar la vulneración del derecho fundamental de defensa, se incorpore en la nueva decisión judicial la constatación de la transgresión de otros derechos fundamentales, como el de libre expresión del pensamiento, igualdad y no discriminación, asociación y participación política, interesados en el escrito rector del procedimiento judicial sobre protección de derechos fundamentales.

Añaden los solicitantes que

ni que decir tiene que una eventual sentencia de estas características constituiría un desgraciado episodio en la memoria histórica de nuestra organización política que causaría verdadero quebranto político en perjuicio de una militancia que reclama cada vez con más insistencia el respeto a la legalidad estatutaria y al mandato congresual. Tal sentencia, provocada en su caso por un comportamiento irresponsable de aquellos que promovieron la incoación del expediente sancionador y que lo han venido impulsando contra derecho hasta la presente, dicho sea en términos de defensa, constituiría además una importante munición entregada a la derecha que no dudaría en utilizarla contra los militantes de la organización respetuosos con la legalidad partidaria en sus actuaciones políticas y de forma especial contra todos aquellos que han asumido responsabilidades institucionales. Munición que arrojarían también contra los mismos responsables de este lamentable desatino que ocupan hoy plaza en sede parlamentaria y puestos en el actual gobierno de coalición.

Alegan por último la caducidad del expediente sancionador ya que se han incumplido los plazos previstos en la tramitación de los expedientes disciplinarios, según dispone en el artículo 5 del Anexo de los Estatutos del PCE sobre Reglamento sobre faltas contra el Partido.

A mediados de mayo último, los militantes represaliados por el grupo eurocomunista de la dirección del PCE formularon escrito de descargo interesando la práctica de prueba. En concreto, solicitaban además de numerosa documental,  la testifical consistente en una videoconferencia en la que estuvieran presentes Fernando Sanchez San Martín, Secretario de Organización Interna de la Comisión Política del PCE, Javier Parra Molina, Secretario General del PCPV, Miguel Lorente Ortiz, responsable del Área Interna del PCPV y Vicente Adán Herrero, miembro del Secretariado del PCPV.

El Instructor del expediente sancionador Sergio Mesa, responsable del área de comunicación del PCE y miembro de su Comisión Política, recusado por los expedientados por ser «juez y parte» en el procedimiento, por falta de idoneidad, por incompetencia y por no ser versado, no ha adoptado medida alguna para llevar a cabo la prueba propuesta, pese a que el plazo para esta tarea es de un mes, dejando al conjunto de los militantes represaliados, una vez más, en completa indefensión.

Varadero

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