SUMAR y la política de Salud

Vaya usted a saber si por el afán de gobernar junto a Pedro Sánchez a Sumar no le pudiera suponer un grave inconveniente “flexibilizar” los planteamientos sobre los cambios legislativos necesarios (ni siquiera citándolos en su programa) en lo que a privatizaciones sanitarias se refiere.

El apartado enunciado en el Programa electoral de Sumar como “Derecho a la Salud” ^[1]https://movimientosumar.es/wp-content/uploads/2023/07/Un-Programa-para-ti.pdf ^[2]página 89 constituye un auténtico ejercicio de virtuosismo en la “venta de crecepelos”. Un derroche digno de mejor causa, la de haber aplicado todas sus propuestas desde el gobierno central o aquellos autonómicos en los que los ahora “sumandos” han tenido responsabilidades de gobierno, ya fuera como Unidas Podemos u otras expresiones del espacio de la “confluencia progresista”.

Con muy buenas y promisorias palabras se habla de muchas cosas, pero por empezar por lo más sustancial, se habla de “blindaje” de la Sanidad Pública, de impedir las formas de gestión privatizadas y de promover un plan de desprivatización. Pero se obvian las necesarias medidas de derogación legislativa en cuanto a la Ley 15/97 “sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, ley privatizadora impulsada por el PP en 1997 y apoyada entonces por el PSOE, CC, PNV y CiU y cuya derogación ya estuvo en el programa de coalición PSOE-UP y fue boicoteada por los primeros. Y también, otra necesaria derogación se refiere al artículo 90 de la Ley General de Sanidad de 1986, del primer gobierno de Felipe González, sobre los conciertos con empresas privadas, que finalmente supuso “barra libre” para privatizar el sistema sanitario, conviene recordar que hasta el presente, según dicho artículo, la gestión pública debía de utilizarse de forma “preferente” con los resultados de todos conocidos al facilitar el papel de empresas privadas en coherencia con los principios ideológicos del neoliberalismo, tras el que se parapetan sectores con intereses lucrativos en el terreno sanitario, como mutuas patronales, compañías de seguros privados,  colegios de médicos,  patronal de las clínicas privadas y la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias.

Está bien que se hable de inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS) aunque se olvidan de rechazar el acuerdo de CCOO y UGT con la CEOE sobre asistencia sanitaria a empleadas y empleados a cargo de las mutuas patronales (que son un instrumento más de explotación y de penalización de las enfermedades y los accidentes de trabajo) en lugar de reforzar la red sanitaria pública. También llama la atención la falta de un compromiso claro con la propuesta de priorizar los presupuestos de Atención Primaria (AP) hasta alcanzar el 25% del total presupuestario de Sanidad.

Tampoco se habla de que la estrategia privatizadora se eleva a la enésima potencia con  el llamado  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que los fondos europeos Next Generation, unos 72.000 millones de euros, se dedican a los llamados PERTE o “proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica”, que están fomentando hasta el infinito al sector empresarial privado de la salud mediante las “colaboraciones público-privadas”. Señalándose que: «Este proyecto estratégico engloba y coordina dos agendas de inversión específicas: una, dirigida al tejido científico; otra, dirigida al tejido empresarial, fomentando, de forma particular, las alianzas científico-empresariales. Estas agendas de inversión se articulan a través de los siguientes instrumentos: creación de un vehículo de inversión público-privada en terapias avanzadas (sociedad mercantil público-privada) con participación de empresas con capacidad de producción en España. Iniciativas privadas y proyectos co-programados en el seno de la Alianza Salud de Vanguardia con el liderazgo del sector industrial.»

Además «la colaboración público- privada será una herramienta de uso cotidiano en el desarrollo de I+D+I procedente del Sistema Nacional de Salud, reflejado en el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada y otras terapias emergentes».

Y sobre las empresas (farmacéuticas y biotecnológicas) que se mencionan se señala que: «El proyecto se dirige prioritariamente a empresas, con capacidades industriales en España. Para identificar correctamente a estas empresas, ya se han realizado diferentes contactos con dos patronales del sector farmacéutico y biotecnológico: Farmaindustria y ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas), que han mostrado su interés a colaborar en el PERTE a través de sus empresas. Por ello, la gobernanza del PERTE debe reflejar la colaboración público-privada, y contar con la participación de todos los actores relevantes para garantizar un dialogo permanente. A tal fin, se crea la Alianza Salud de Vanguardia. Esta Alianza, copresidida por la Ministra de Ciencia e Innovación y por la Ministra de Sanidad, integrará al Grupo de trabajo interministerial, a los representantes del sector privado, así como de las Comunidades Autónomas. También estará abierta a la participación de representantes de los ciudadanos y los pacientes».

En una primera fase, «la representación privada se realizará a través de las principales patronales y asociaciones empresariales, incluyendo, al menos, a representantes de Farmaindustria, ASEBIO y FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), entre otras.»

De nada de todo esto se habla en el programa electoral de Sumar. Los poderosos intereses lucrativos siguen bloqueando los cambios legislativos necesarios, arriba señalados, que estaban en el acuerdo de coalición y que no materializó el Gobierno de PSOE-UP porque el PSOE ha venido dilatándolo, no por casualidad, sino por efecto del peso de sus más añejos compromisos con los intereses oligárquicos que inspiraron el “Informe Abril”. Desde UP declararon que “plantearían enmiendas en el trámite parlamentario”. Si se hubiera dado el caso, en coherencia, probablemente dichas enmiendas habrían decaído al contar solo con el apoyo de UP y pocos más, frente a la vieja coincidencia “externalizadora” de PSOE, PP, CC, PNV, JuntsxCat, Vox y unos cuantos más.  

La atadura de Unidas Podemos a ese gobierno de coalición le ha apartado de trabajar por una movilización popular sin la cual resulta imposible torcerle la mano a los citados intereses lucrativos ni alcanzar mejoras como la derogación de la ley mordaza, la completa abolición de la reforma laboral y de otras tantas reivindicaciones que fueron recogidas en el acuerdo de coalición de diciembre de 2019 y no han sido cumplimentadas. Era, y es, perfectamente posible permitir que el PSOE gobierne sin entrar en su gobierno y mediante la lucha en la calle modificar la correlación de fuerzas en favor de las capas populares.

¿No se habrán perdido tantos escaños, desde 2019, por no disponer de la necesaria autonomía frente a un gobierno del PSOE belicista, neoliberal, proimperialista e incapaz de lograr mejoras más importantes para la mayoría social, arrancándole privilegios a la clase dominante?

Aunque vaya usted a saber si ahora a Sumar por mor del afán de gobernar junto a Pedro Sánchez tampoco le pudiera suponer un grave inconveniente “flexibilizar” los planteamientos (ni siquiera citándolos en su programa) en lo que a “externalizaciones” sanitarias se refiere. Eso en cuanto al capítulo de Salud, sobre el resto de capítulos programáticos es general su identificación respecto del programa del PSOE.