Cumbre de la OTAN 2025: ¿La carta o la firma?

A Pedro Sánchez solo le valía la negativa a firmar el texto final para asegurar en términos de derecho, su decisión de no pasar del 2.1% del PIB. Pero no lo hizo. Le faltó, como advertía el General Ayala con anterioridad a la celebración de la Cumbre de La Haya “el coraje necesario para mantener su postura. Tiene que hacerlo, por difícil que sea, es lo que desea la mayoría de los españoles. El miedo no es una opción.”

Pese a que Pedro Sánchez ha firmado el texto final de la Cumbre de la OTAN en La Haya  por el que los aliados se comprometen “a invertir el 5 % de su PIB anualmente en necesidades básicas de defensa”, sin embargo el Presidente viene sosteniendo desde la finalización de este evento que no incrementará el gasto para el rearme en ese porcentaje, manteniendo el del 2.1%.

La lectura del acuerdo deduce con meridiana claridad que no establece una excepción, ni para España ni para ninguno de los países que integran la organización militar internacional que entró en vigor el 24 de agosto de 1949, al cumplimiento del compromiso de una inversión en rearme del 5% del PIB.

¿En base a qué argumentos Pedro Sánchez se descuelga del incremento hasta el 5% si, finalmente, suscribió este compromiso?

Con anterioridad a la celebración de la Cumbre de los pasados días 24 y 25 de junio, Pedro Sánchez remitió una carta al Secretario General de la OTAN manifestándole que “España no puede comprometerse con un objetivo de gasto específico en términos de PIB en esta Cumbre” añadiendo que “Los paquetes de Objetivos de Capacidad actuales fueron aprobados por nuestros ministros de Defensa en junio de 2025 y permanecerán vigentes al menos hasta finales de la década. Cada país necesitará invertir cantidades diferentes para alcanzarlos. Algunos necesitarán alcanzar el 5% de su PIB. Otros, menos.

Y esta asimetría debe respetarse sin reservas, entre otras razones, porque está arraigada en los principios operativos de la OTAN y porque se deriva de una serie de factores económicos (por ejemplo, los costes laborales y de producción) que no tienen nada que ver con el nivel de compromiso de cada aliado con nuestra defensa colectiva. España, en particular, requerirá un gasto del 2,1 %, según las estimaciones de nuestras fuerzas armadas, una inversión suficiente para adquirir y mantener todo el personal, el equipo y las infraestructuras solicitadas por la Alianza… comprometerse con un objetivo del 5% no solo sería irrazonable, sino también contraproducente, ya que la alejaría aún más del gasto óptimo y obstaculizaría los esfuerzos continuos de la UE para fortalecer su ecosistema de seguridad y defensa.”

Rechaza, por tanto, el incremento hasta el 5% del PIB porque es un “derecho legítimo de cada gobierno decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios. Como Aliado soberano, optamos por no hacerlo”, al mismo tiempo que, añade, «solicito la inclusión (en el texto final) de una fórmuia más flexible en la declaración de este año: una que reconozca la trayectoria de cada aliado para alcanzar sus respectivos Objetivos de Capacidad y haga que el objetivo de gasto sea opcional, o bien una que excluya a España de la aplicación del objetivo de gasto.”

Desde un punto de vista jurídico es preciso destacar, antes que nada, que la misiva que remite Pedro Sánchez a Mark Rutte es de fecha 19 de junio último, es decir, anterior al texto final de la Cumbre de la OTAN de los días 24 y 25 del mismo mes. De igual manera, la respuesta del Secretario General es previa a la Cumbre de los aliados.

Mark Rutte le responde de inmediato a Pedro Sánchez lo siguiente: “Puedo confirmarle que el acuerdo de la próxima cumbre de la OTAN dará a España flexibilidad para determinar su propia ruta soberana para alcanzar la meta de los Objetivos de Capacidad y los recursos anuales necesarios en términos del porcentaje del PIB para presentar sus propios planes anuales”.

Dirigentes europeos al servicio del imperialismo.

Sin embargo, en el texto finalmente acordado con posterioridad por los aliados y firmado por Sánchez ni consta “una fórmula más flexible en la declaración de este año” ni prioriza los Objetivos de Capacidad sobre el porcentaje del 5% que se fijaron por el ejecutivo de nuestro país en el  Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del pasado mes de abril de acuerdo con la OTAN el pasado 5 de junio.

Debemos señalar que fue en el año 2014 (del 4 al 5 de septiembre) en la Cumbre de la OTAN de Gales cuando se recomendó a los países miembros de la Alianza un aumento de su presupuesto militar hasta alcanzar el 2% del PIB en un plazo máximo de diez años y que fue recordado más tarde en la Cumbre de Madrid a finales del mes de junio de 2022 . En cumplimiento de este criterio, el ejecutivo acordó este año el llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que elevó el gasto militar desde el 1,43% al 2% del PIB para la presente anualidad, movilizando un total extra de 10.471 millones de euros para el rearme. ^[1]Según el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, España a principios del mes de mayo de 2025 ya alcanzaba un importe aproximado del 2.5% del PIB en defensa, antes de añadir esos 10.471 millones de … Seguir leyendo

Este Plan expone que “España cuenta con margen presupuestario para incrementar su inversión en seguridad y defensa hasta el 2% del PIB sin realizar grandes reformas ni comprometer su inversión en el Estado del Bienestar. Lo hará recurriendo a tres fuentes principales:

1. Los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía, que ha superado en algunos aspectos las previsiones que hizo el Gobierno cuando diseñó el anterior ejercicio presupuestario.

2. El empleo de créditos del capítulo 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (servicio 50 de los PGE) que permite reasignar parte de los fondos no ejecutados.

3. Reasignaciones presupuestarias de partidas no ejecutadas. Con estos mecanismos, España podrá financiar el ejercicio de 2025 sin acometer subidas impositivas, comprometer partidas de gasto social, o incurrir en un mayor endeudamiento, como de hecho viene haciendo en los últimos años.”

Esta ingente cantidad de dinero -10.471-millones de euros-, en lugar de haberse invertido en la mejora de la sanidad y educación pública, en la actualización correcta de las pensiones sin subterfugios, en las atenciones a las personas mayores o discapacitadas, en prestaciones de desempleo solventes, en la creación de nuevos puestos de trabajo y en una política de vivienda en favor de nuestra juventud, entre otras tantas políticas sociales, se han derivado al rearme, contra el conjunto de la ciudadanía democrática que demanda el sostenimiento y la ampliación del llamado estado del bienestar.

Justamente, lo que el propio Pedro Sánchez ya exponía en su comunicación con Rutte cuando aseveraba que “comprometerse con el objetivo del 5% es que dicho nivel de gasto sería incompatible con nuestro Estado de Bienestar y nuestra visión del mundo. Las intenciones son poderosas, pero rara vez prevalecen sobre la realidad empírica. Y la realidad empírica es que, para España, al igual que para otros países de la OTAN, alcanzar un gasto de defensa del 5% será imposible a menos que se produzca a costa de aumentar los impuestos a la clase media, recortar los servicios públicos y las prestaciones sociales para sus ciudadanos, y reducir su compromiso con la transición verde y la cooperación internacional para el desarrollo. Es el derecho legítimo de cada gobierno decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios. Como Aliado soberano, optamos por no hacerlo.”

Esto no se reconoció por el gobierno cuando incrementó el presupuesto de rearme para la guerra hasta el 2% del PIB. En cambio, ahora lo hace en su pretensión de evitar elevarlos hasta el 5%. 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la posición de Pedro Sánchez no se sostiene. Si el intercambio de misivas entre este y Rutte, interpretado como un singular acuerdo bilateral, se hubiera producido con posterioridad a la firma del texto final de la Cumbre, entonces el planteamiento del Jefe de Gobierno resultaría, a nuestro juicio, viable legalmente, porque supondría una modificación excepcional del texto de la Cumbre entre el Secretario de la Alianza y uno de sus miembros. Tal modificación no se opondría  al Tratado del Atlántico Norte, puesto que este solo requiere la unanimidad entre todos los aliados en el  supuesto que regula su artículo 10, cuando dispone que “Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte.”

Sin embargo, el intercambio de comunicaciones entre Sánchez y Rutte, interpretado como pacto bilateral, acaece con anterioridad al texto final de la Cumbre, por lo que es este el vigente y válido para todos los miembros de la OTAN, al constar la firma expresa de Pedro Sánchez y no lo pactado con anterioridad, al no recogerse ninguna de las concesiones que Rutte indicaba antes de la firma del acuerdo final de la Cumbre a Pedro Sánchez que antes hemos expuesto.

Así lo expresó Mark Rutte al finalizar la reunión de la OTAN afirmando que “Con este plan, los Aliados han acordado invertir el 5% de su PIB en defensa. Este es un compromiso significativo en respuesta a las graves amenazas a nuestra seguridad. Incluye al menos el 3,5 % del PIB invertido en necesidades básicas de defensa, un objetivo que hasta hoy se fijaba en el 2 %. Un objetivo que, me complace decir, todos los Aliados alcanzarán este año o ya han alcanzado.”

Ante esta tesitura, a Pedro Sánchez solo le valía la negativa a firmar el texto final para asegurar en términos de derecho, su decisión de no pasar del 2.1% del PIB. Pero no lo hizo. Le faltó, como advertía el General Ayala con anterioridad a la celebración de la Cumbre de La Haya “el coraje necesario para mantener su postura. Tiene que hacerlo, por difícil que sea, es lo que desea la mayoría de los españoles. El miedo no es una opción.”

Por otra parte, el texto de la carta de Sánchez a Rutte, cuando expone “solicito la inclusión (en el texto final) de una fórmula más flexible en la declaración de este año”nos recuerda a la mantenida por los dirigentes del PSOE en el referéndum de 1986 sobre la continuidad de España en la OTAN acordada tras el 23 de febrero, con el slogan de campaña “OTAN, de entrada no”, pero luego durante esta propuso el «sí» a la permanencia, y por una pequeña diferencia se impuso a quienes rechazaron la continuidad en la Alianza Atlántica. De entrada, no al rearme con el incremento del gasto militar hasta el 5%, pero después… La misiva de Sánchez a la voz de su amo ya nos adelanta las mismas consecuencias políticas de lo ocurrido en 1986, pero esta vez sin referéndum.

Ahora bien, la posición política de Sánchez, dejando a un lado los argumentos legales expuestos, de no incrementar el gasto militar más allá del 2.1% del PIB durante el presente ejercicio económico de 2025 parece obedecer al deseo de mantener esta medida al menos hasta la celebración de las próximas elecciones legislativas, lo más tarde a julio de 2027. Si el PP y VOX logran conformar nuevo gobierno, es claro que inmediatamente, y así ya lo han dicho, aumentaran el gasto militar para el rearme hasta al menos el 5% del PIB lo que pondría en serio peligro, en palabras de Sánchez, la subsistencia misma de lo que queda del llamado estado del bienestar. Eso si con anterioridad a las próximas elecciones, Pedro Sánchez no claudica y procede a incrementar el presupuesto de rearme hasta el 5%, bien de una manera diáfana o mediante créditos ocultos y sin pasar por el Congreso de los Diputados como ha venido haciendo hasta la presente.

Las consecuencias serían catastróficas no solo para el conjunto de la clase trabajadora y las capas populares, sino también para la totalidad de la ciudadanía democrática, en términos semejantes a los sufrimientos que padecieron y que continúa soportando el pueblo griego derivados de los rescates impuestos por los dirigentes de la Unión Europea que solo atienden a los intereses del imperialismo o con los que actualmente padecen los argentinos con las políticas de Milei.

La “estrategia” de Pedro Sánchez y de todo su gobierno, incluidos quienes dicen oponerse al rearme pero mantienen asiento en el consejo de ministros y que son corresponsables de la decisiones de este, en supuesta contradicción con lo que ha firmado, aparte de las enormes dificultades jurídicas que implica, no está exenta de numerosas “debilidades” que la harían inviable si no media una fuerte movilización social transversal del conjunto de la ciudadanía democrática que obligue al ejecutivo actual y al que pueda más tarde, en su caso, sustituirlo, a mantener una política de paz y contraria al rearme europeo. Estas “debilidades” las abordaremos en el próximo capítulo de la serie.