Caos en los centros de salud de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid

Una situación que contrasta con las múltiples ofertas de seguros privados y las propuestas de externalización y privatización de servicios en la Atención Primaria.

Los centros de salud de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid se encuentran en una situación de colapso como consecuencia de las decisiones que vienen adoptando la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Diaz Ayuso, y el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En ese contexto, se pone en riesgo la vida de las personas, la salud pública de la ciudadanía de la comunidad en el curso de la pandemia, al mismo tiempo que precariza y deteriora las condiciones de trabajo del personal de la sanidad pública que presta servicios en dicho ámbito.

Por este motivo, el Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de la Sanidad (MATS) ha presentado un escrito de denuncia el pasado 21 de junio ante el Defensor del Pueblo para que adopte «las medidas de investigación, así como todas aquellas necesarias, para corregir la situación tan sumamente grave que se está generando en la sanidad pública madrileña».

El MATS indica en la denuncia que mientras la presión asistencial viene descendiendo en las UCIS, las urgencias y los ingresos en la red hospitalaria, sin embargo, la sanidad de la Atención Primaria se encuentra en una situación crítica, especialmente en los centros de salud de determinados barrios de la zona sur de Madrid-capital, tales como Carabanchel, Orcasitas, Villaverde o Usera, «en los que las listas de espera para ser atendido telefónicamente por el Médico de Familia o Pediatra puede oscilar entre tres semanas y un mes, y en algunas ocasiones los tiempos de espera son superiores». Situación que da lugar a la formación de grandes colas de pacientes a las puertas de los centros de salud, mostrando de forma pública el caótico estado de la salud primaria.

Por otra parte, indica el MATS, el Plan de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid prevé para los próximos cinco años suprimir más de 2.000 empleos en los centros de salud de Atención Primaria, dado que el incremento de plantilla que aborda este Plan no cubre ni la tasa de reposición del personal que se jubilará en ese periodo temporal.

En la denuncia se expone el caso concreto de los centros de Atención Primaria adscritos al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid en los que la Consejería de Sanidad «no está cubriendo siquiera las bajas de los profesionales tanto por enfermedad común como por otros motivos, situándose el déficit estructural de las plantillas en un 40% aproximadamente. Ello tiene la consiguiente consecuencia en un impacto claro en la calidad asistencial a la población afectada y unas condiciones de trabajo para los profesionales absolutamente insoportables que tienen que atender a una media de 70 pacientes diarios».

Por otra parte, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria aprobó el pasado mes de mayo de 2021 un Plan de Contingencias de la Dirección Asistencial Centro que contempla «el cierre de 41 centros de salud sobre un total de 49 dejando a una población aproximada de 1.300.000 habitantes desasistida con solo ocho centros de referencia».

La carencia de profesionales y el cierre de centros de salud, deja en una situación de precariedad absoluta tanto a los profesionales como a los pacientes, no ofreciéndoles a éstos una asistencia sanitaria adecuada en los términos constitucionalmente reconocidos -artículo 43 y concordantes de la Constitución de 1978-, incumpliéndose las obligaciones internacionales contraídas en materia de salud pública expresamente contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 3 de enero de 1976 –artículo 12-.

Por último, la denuncia del MATS señala que la Comunidad de Madrid es, de todos los gobiernos autonómicos, la que menos invierte en Atención Primaria lo que ha provocado a un exceso de trabajo a los profesionales y una precariedad laboral crónica con unas tasas de temporalidad elevadísimas y todo ello en una situación pandémica desde hace ya más de un año, situación que contrasta «con las múltiples ofertas de seguros privados y las propuestas de externalización y privatización de servicios tan esenciales como son las teleconsultas.»