Los centros de atención primaria, sumidos en el caos

El desmantelamiento de la sanidad pública avanza inexorablemente.

Hace casi dos años que cada día, a las 8 en punto de la tarde, los balcones y ventanas de toda España se llenaban de aplausos al unísono, como reconocimiento de la labor impagable que el personal de la sanidad pública estaba realizando en su lucha contra un virus absolutamente desconocido, y que estaba generando un ataque sin precedentes en más de un siglo contra la vida de nuestros conciudadanos.

Entonces, todo eran halagos, todo eran elogios, todo eran odas al esfuerzo y entrega de los sanitarios y sanitarias, que en gran número estaban siendo contagiados e incluso falleciendo, mientras tenían que trabajar en condiciones execrables y vergonzosas por no tener material necesario para enfrentarse con las mínimas condiciones de seguridad a ese virus.

Durante meses, se aludía al esfuerzo titánico que estos trabajadores y trabajadoras estaban realizando para intentar salvar a quienes se habían contagiado de Covid 19, se destacaban ejemplos de valentía individual y colectiva, se loaban a quienes incluso cumplían la terrible misión de ser los únicos acompañantes de quienes desgraciadamente morían en las salas de hospitales. Se llegó a pedir que el modelo sanitario se «blindara» en la Constitución española.

Pero todo quedó ahí.

Una vez el shock que supuso la llegada de la pandemia hubo pasado, una vez que los datos comenzaron a mejorar, los aplausos y los homenajes comenzaron a escasear hasta el punto de desaparecer y llegar a criticar a algunos sanitarios que por momentos se movilizaron para exigir mejoras en su situación laboral.

Hemos pasado del aplauso general a la indolencia absoluta, ante la auténtica situación de ese personal sanitario fundamental para un Estado «social y democrático» del que habla la carta magna.

No sólo se han dejado en el olvido el esfuerzo de estas personas, sino que se les ha castigado con despidos masivos (en Madrid 9.800, en Andalucía más de 8.000 sanitarios, 3.250 en Comunidad Valenciana, 4.700 en Castilla la Mancha…) hasta alcanzar cifras de despido cercanas a los 50.000 sanitarios en todo el Estado de los 90.000 que se hicieron como refuerzo para la pandemia.

Es en estos momentos cuando más se están echando de menos el refuerzo de personal, en una sanidad pública que ya era precaria antes de la pandemia, que ya sufría los embates de los recortes neoliberales y el desvío de fondos públicos a la sanidad privada mediante conciertos y adjudicaciones de servicios.

Es vergonzoso ver cómo día a día se desmantela la sanidad pública del Estado, mientras un gobierno supuestamente de izquierdas, auto denominado «el más progresista de la historia» no hace nada para revertir esa situación, sino por el contrario, sigue las directrices marcadas por la Unión Europea, y deja languidecer la sanidad pública (dejo aparte el análisis de la inacción con tintes delictivos del gobierno central con respecto a la previsión y protección de la población en las sucesivas olas de esta pandemia).

Pero ha sido en estos últimos días, cuando ha hecho aparición la variante ómicron del Covid-19,  cuando se ha hecho más patente el desbordamiento de la sanidad pública, cuando los servicios de atención primaria se están viendo sobrepasados por la afluencia de personas en los centros de salud, que o bien por síntomas, por búsqueda de test  y analíticas o por obtener el «pasaporte covid», están afluyendo hacia esos centros y que por falta de personal, por falta de previsión en materiales, por los despidos de personal sanitario, por no cubrir las bajas por enfermedad, jubilación o períodos de descanso de ese personal, por no haber sido capaces de prever esta situación y sobre todo, porque los distintos sistemas sanitarios autonómicos no han invertido recursos económicos en la sanidad pública, están desbordados.

Es casi misión imposible conseguir una cita médica antes de dos o tres semanas, lo que hace que muchas personas se vean obligadas a acudir a unas urgencias ya de por sí lastradas por la falta de personal, con lo que esos servicios se congestionan aún más.

Fuente: ElDiario.es 14.02.18

Todo esto está llevando a que la desesperación por la tardanza en la atención de un sistema público ineficiente (ojo, el sistema, que no los trabajadores) se traduzca en que aquellos que pueden, están recalando en la sanidad privada, que en menos tiempo aunque con un costo mucho mayor, atiende a los que no han podido esperar atención en la pública o a quienes tienen recursos suficientes para usarla, teniendo que aguantar el resto de usuarios de la sanidad pública, largas y vergonzosas colas para poder ser atendidos.

Esta situación genera un descrédito social de manera inexorable (es lo que busca el neoliberalismo) de la sanidad pública, siendo por tanto objeto de la crítica más descarnada posible por aquellos que no tienen la conciencia social suficiente para ver que no son los profesionales, que no es el sistema público, sino que son los políticos que han elegido para su gestión, los que generan o bien con su incapacidad organizativa manifiesta o por intereses políticos de Clase, el paulatino desmantelamiento de otro de los derechos fundamentales de ese «Estado del bienestar» que nunca llegó a tener los estándares de otros países, pero que sí era capaz de atender de una manera digna a los ciudadanos de este país, antes de que los intereses neoliberales, encarnados por la UE y el Ibex, y gestionados por los distintos gobiernos que hemos tenido hasta ahora, decidieran hacer de la sanidad un negocio y comenzaran a desguazarla y dejarla agonizar en plena pandemia.

Sólo la conciencia de un pueblo organizado y unido por la defensa de sus derechos, fundamentalmente por el derecho a una sanidad pública de calidad, será capaz de revertir esta situación, de lo contrario, será testigo de la pérdida de otro hito de la lucha social.

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