El deterioro del sector público y los desafíos de su mercantilización
En respuesta a esta evolución, necesitamos poner voz al deterioro del sector público y abrir un debate riguroso sobre el futuro de nuestros servicios comunitarios. Defender lo público no significa idealizar el funcionamiento de las administraciones ni ignorar sus evidentes y corregibles carencias, significa que determinados bienes no pueden estar sometidos a las reglas del mercado porque constituyen el fundamento mismo de una sociedad libre, cohesionada y democrática. El futuro de lo público no es únicamente una cuestión de gestión es, sobre todo, una cuestión de democracia.
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Toda sociedad acaba pareciéndose a aquello que decide proteger. Durante buena parte impartida de compromiso con el patrimonio colectivo público, como garante de igualdad, cohesión social y desarrollo territorial. La denominada «particularidad asturiana» expresaba claramente esta singularidad diferencial de nuestra Comunidad Autónoma con respecto al conjunto de España.
Sin embargo, también la sociedad acaba pareciéndose a aquello que decide abandonar, y no sólo como consecuencia de los efectos derivados de la reconversión industrial de los años 80, que supuso el desmantelamiento de HUNOSA y la privatización de Ensidesa, Astilleros o Endesa, o más tarde de la empresa armamentística Santa Bárbara, con una gran destrucción de empleo industrial y una pérdida significativa de soberanía económica para la Comunidad Autónoma.
Años más tarde, Asturias experimentó una segunda oleada privatizadora, mantenida en el tiempo y apenas visible para la ciudadanía: Un proceso silente de subcontrataciones, externalizaciones, conciertos y concesiones administrativas. Fórmulas de colaboración público-privada en las que aparentemente los servicios continúan siendo públicos, en su titularidad y financiación, pero cuya gestión y provisión ha pasado a depender de operadores privados, que tienen como objetivo prioritario la obtención de beneficios económicos.
La combinación de financiación pública y gestión privada es transversal, ocurre en la mayoría de los servicios sociales, las infraestructuras del sistema sanitario, las empresas tecnológicas, una tercera parte de los centros escolares, en múltiples funciones de carácter administrativo autonómicas y municipales, en la prolongación de la concesión de la autopista del Huerna (AP-66), gestionada por AUCALSA … Una privatización silenciosa que, por su extensión y permanencia, puede resultar más trascendente que las grandes privatizaciones industriales del siglo pasado.
El resultado es un modelo híbrido en el que la financiación continúa siendo pública, mientras la gestión y, en ocasiones, incluso la planificación de los servicios se transfiere progresivamente al ámbito privado. Las consecuencias van mucho más allá de la organización de los servicios, el Estado y la propia Comunidad Autónoma dejan de ser proveedores directos para convertirse en financiadores , reguladores y supervisores de actividades ejecutadas por terceros. Mientras que los ciudadanos dejan de ser titulares de derechos para convertirse en usuarios de prestaciones.
Poco o nada queda de «la particularidad asturiana» y todo parece indicar que Asturias podríamos estar entrando en una nueva etapa de privatización con la implantación de universidades privadas y el desembarco de grupos empresariales de la sanidad, como Ribera Salud o Quirón. No son simples externalizaciones de servicios, sino que introducen la lógica del mercado en sectores estratégicos vinculados al conocimiento, la salud y el bienestar, en lo que hasta ahora había constituido el núcleo del Estado del bienestar y los derechos sociales.
En respuesta a esta evolución, necesitamos poner voz al deterioro del sector público y abrir un debate riguroso sobre el futuro de nuestros servicios comunitarios. Defender lo público no significa idealizar el funcionamiento de las administraciones ni ignorar sus evidentes y corregibles carencias, significa que determinados bienes no pueden estar sometidos a las reglas del mercado porque constituyen el fundamento mismo de una sociedad libre, cohesionada y democrática. El futuro de lo público no es únicamente una cuestión de gestión es, sobre todo, una cuestión de democracia.
