Impedir el “tiro de gracia” contra la Sanidad Pública
Solo será posible mediante la unidad de acción de la ciudadanía afectada junto a trabajadores, sindicatos y profesionales, debiendo avanzar hacia una gran movilización estatal por la Salud y la Sanidad Pública.
Las CCAA pretenden prescindir de al menos 21.000 sanitarios de refuerzo contratados durante la pandemia. La de Andalucía, de los 20.000 sanitarios que reforzaron su sanidad durante la pandemia, ha cesado a 8.000 que dejaron de trabajar el 1 de noviembre. También Galicia ha anunciado que entre noviembre y diciembre prescindirá de los 1.200 sanitarios contratados para la pandemia. Algunas autonomías, como la de Murcia, Madrid, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha y la valenciana, han ido disminuyendo sus efectivos de apoyo en los últimos meses y otras como Cataluña, Baleares, Canarias y La Rioja, por ejemplo, de momento los mantienen.
Al respecto, no se hizo esperar la respuesta de la Coordinadora andaluza de Mareas Blancas que se ha movilizado desde el pasado 23 de octubre exigiendo no solo la renovación del contrato de los 8.000 profesionales que a partir del 1 de noviembre ya no estarían en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino que se contratara a otros 8.000 sanitarios para hacer frente a las necesidades. De ellos, 4.000 irían a Atención Primaria para que esta cumpla con su función, para que se apliquen los programas de prevención y promoción de la salud y para que la espera para una cita sea como máximo de 72 horas y que la consulta sea de 10 minutos. Los otros 4.000 serían para reforzar centros de especialidades y 20 hospitales, con lo que podrían abrir desde las 15 a las 22 horas.
Es evidente que los recortes de personal aumentan la carga de trabajo para un colectivo laboral que ya está más que agotado, además de que la pandemia no se ha terminado, y ahora sobre todo con la próxima campaña de vacunación contra la gripe la situación es claramente insostenible debiendo responderse mediante la lucha consecuente contra ella en los centros de trabajo y en la calle. La movilización de la ciudadanía afectada junto a trabajadores, sindicatos y profesionales que ya ha comenzado en Andalucía, debe extenderse al resto de autonomías, incluso al conjunto del Estado, debiendo avanzar hacia una movilización estatal por la Salud y la Sanidad Pública.
Bien les vendría, tanto en el Ministerio de Sanidad como en las Consejerías de Sanidad autonómicas, tener en cuenta el documento que la Organización Mundial de la Salud ha hecho público “Generación de resiliencia en los sistemas de salud en pro de la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria durante y después de la pandemia de COVID-19” – Documento de posición de la OMS.
En este documento se señalan 7 aspectos clave a tener en cuenta por los países a la hora de abordar la pandemia y la postpandemia entre los que destacan la necesidad de potenciar la atención primaria de salud, el refuerzo de los sistemas sanitarios, de la cobertura universal, de la salud pública, promover la investigación, la gestión de riesgos de emergencias y de la participación social y de la reducción de desigualdades. Todos ellos aspectos imprescindibles para abordar las necesidades del sistema sanitario público en el Estado español. Sin embargo lo que más llama la atención es la inacción al respecto del Gobierno central y de los autonómicos.
Tanto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como en el proyecto de Presupuestos Generales del estado para 2022 no se recogen de manera significativa estos objetivos, siendo claramente insuficientes las cantidades que se dedican a estos temas, llamativamente en el caso de la Atención Primaria, y que contrastan con otros países de la UE en cuanto al porcentaje de fondos europeos destinados a reforzar el sistema sanitario (España es el tercer país de la UE que dedica menor porcentaje).
Mientras tanto el supuesto “gobierno progresista” de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se fotografía en un acto de firma del Plan de Colaboración en la Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud con la Fundación Amancio Ortega, en una nueva donación que “es de Amancio Ortega pero no es de Amancio Ortega”, ya que la adelanta el Gobierno de España, aunque supone, desde ya mismo, un marketing publicitario de primer orden para el magnate. Pedro Sánchez ha dado alta relevancia a la firma de este convenio de colaboración público-privada, rubricado en un solemne acto en el palacio de la Moncloa, entre el gobierno de España y los vicepresidentes de Inditex muy vinculada a paraísos fiscales para eludir cientos de millones de euros anuales que permitirían mejorar nuestros servicios públicos y potenciar nuestra atención Primaria (AP), que se ha quedado tiritando tras la pandemia, lo que está provocando un fuerte incremento de la mortalidad evitable de pacientes que llegan demasiado tarde para ser rescatados.
Los 280 millones de euros de la “donación” no se van a emplear en disminuir las listas de espera ni en mejorar la AP y dotarla de más médicos, enfermeras, psicólogos o fisioterapeutas, sino en comprar nada menos que 10 costosos equipos de una tecnología de la que solo están instalados 24 en el resto de Europa. Tras esta adquisición, España dispondrá de 12 equipos de Protonterapia, 1 de cada 3 de los existentes en Europa.
Según el informe de la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias de España, “aunque la protonterapia mostró mejores resultados en algunos cánceres, sobre todo cerebrales infantiles, no fue un tratamiento más eficaz, efectivo, coste-efectivo y seguro que la terapia fotónica o la terapia de iones para la mayoría de tipos tumorales.”
Según la estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud aprobada en el Consejo Interterritorial de Sanidad en enero de 2021, el cáncer está aumentando por el empeoramiento de nuestros hábitos de vida, la obesidad, el tabaquismo y los tóxicos ambientales, además de por la realización de cribados, no siempre con el respaldo científico suficiente, que incrementan el diagnóstico de cánceres inexistentes. En las dos últimas décadas la incidencia de cáncer de mama y de cáncer de próstata ha crecido por encima del 100% en España, mientras que la mortalidad ha disminuido solo discretamente. Porque no nos engañemos, no son equipos de protonterapia nuestra necesidad prioritaria, sino programas de promoción de la salud que permitan disminuir la carga de enfermedad creciente y mejorar la calidad de vida de nuestra población.
En los últimos años cada vez es más evidente que el incremento de gasto en fármacos y tecnologías, auténtico nicho de negocio para los magnates como Amancio Ortega, no se acompaña de un aumento en la salud ni en la calidad de vida de la población, sino que por el contrario esta está empeorando. Según el informe sobre la salud en el mundo de la OCDE, tras décadas de aumento de la supervivencia de la población esta comienza a descender, especialmente en países desarrollados, lo que se evidenció claramente entre los años 2014 y 2015, con una pérdida de esperanza de vida en España de casi 5 meses de media. La tendencia 2015-2019 es similar (el informe no incluye la pandemia Covid). Por otra parte, la gestión empresarial de la sanidad pública, centrada en fármacos y tecnologías, no en la promoción de la salud, incrementa los años de vida en pacientes con determinadas enfermedades, pero vividos con mala salud.
Ahora, con la situación paradójica de la disminución del personal sanitario, precisamente cuando la AP se encuentra bajo mínimos y las listas de espera, producto en parte de la desatención de enfermos no covid durante la pandemia, se han disparado, la generalización de innovaciones tecnológicas que pueden suponer peores resultados en salud, suponen la ocupación de espacios y gasto en material y personal sanitario que podrían utilizarse para actuaciones más beneficiosas para la salud de nuestra población.
Sin dudas debe de rectificarse esta situación, priorizándose en los próximos presupuestos, del Estado y de las CCAA, la Atención Primaria, la Salud Pública y el aprovechamiento al 100% de los recursos del sistema sanitario público, como los elementos clave para el necesario reforzamiento de la Sanidad Pública y la preparación de nuestro sistema sanitario ante las más que probables nuevas emergencias sanitarias.
Parece que por lo que llevamos apuntado, y seguimos observando en el día a día de la Sanidad Pública, no queda otra que la movilización permanente hasta conseguir que se atiendan las reivindicaciones señaladas.