La quinta ola de la pandemia y el neoliberalismo

Es un virus, pero al mismo tiempo es una enfermedad que podría llamarse la pandemia neoliberal. Además de sus temibles consecuencias de salud, tal vez la crisis global que supone produzca los anticuerpos contra la infección neoliberal.

El afán por relanzar las actividades en torno al turismo, el ocio nocturno y otros sectores se traduce en una explosión de contagios por la variante delta que las puede, a su vez, condenar, al ser más contagiosa y con más proclividad a eludir el efecto de las vacunas. Con ello se retrasa la salida del túnel de la pandemia al diferir el logro de la llamada inmunidad de grupo, calculándose por los expertos la necesidad para ello de un mayor porcentaje de población vacunada del previsto inicialmente. Un aspecto determinante en el surgimiento de nuevas variantes, más  transmisibles y con “escape vacunal” es que el virus siga circulando por el mundo por lo que es fundamental, para impedirlo, que las vacunas lleguen a los países que no las tienen, acuciando la democratización de la vacunación, convirtiéndola en bien común de toda la humanidad mediante la liberación de las patentes y la producción y distribución de vacunas para todos.

En esta quinta ola,  de comienzo en barrios acomodados o céntricos, la mayor afectación por la infección se ha estado dando en población juvenil, cuya incidencia se ha multiplicado, pero está tirando del resto de edades. Hay incidencias altas también en las demás franjas de edad, también en mayores que aún no están plenamente vacunados con la doble pauta de la vacunación o que, estándolo, no han desarrollado respuesta inmunitaria suficiente cosa que ocurre con una probabilidad baja. Respecto al número de personas con la pauta completa que se están contagiando, los expertos explican que, si bien se dan algunos casos, no se trata de una situación generalizada. Del número de personas ingresadas ahora mismo en los hospitales, en ascenso tanto en planta como en UCI, un 83% no está vacunada, y de los que están vacunados, están a medio vacunar el 11,5% y con pauta completa el 5,5% restante.

Lo cierto es que, de modo irresponsable, se trasladó a la sociedad que todo estaba bajo control, sin obligatoriedad de mascarillas, liberalización de horarios, turismo, fútbol…, con una elevada Incidencia Acumulada cercana a 100 casos/100.000 habitantes que podía dispararse en cualquier momento, lo que se propiciaba por el aumento de la movilidad con las vacaciones, con la falta de control de las medidas por parte de las administraciones, un porcentaje limitado de población vacunada (50% con la vacunación completa) y con los habituales negacionistas e incumplidores. Es decir, todo indicaba que estábamos ante un potencial estallido que, finalmente, se ha producido.

Está claro que la presencia mayoritaria de población joven entre las personas infectadas limita la gravedad de esta ola, pero conviene no olvidar que la mortalidad sigue estando presente entre las personas más jóvenes (mortalidad por Covid-19 en menores de 29 años 0,3%; entre 30 y 39 años 0,5%; entre 40 y 49 años 1,2%; entre 50 y 59 años 3%, entre 60 y 69 años 9,5%, entre 70 y 79 años 22,8% y en mayores de 80 años 29,6%) y que algunas personas vacunadas no están totalmente inmunizadas, por lo que pueden padecer la enfermedad. Sin dudas, se ha pecado de optimismo y se han antepuesto consideraciones económicas a la salud pública.

A mayor circulación del virus, más probabilidad de que surjan nuevas variantes, se multiplican los casos de Covid persistente, del que aún faltan muchos estudios, y no se estaría teniendo en cuenta la situación de la Atención Primaria (AP), encargada de hacer todo el seguimiento de los pacientes con coronavirus. Esta quinta ola está teniendo su principal impacto mayoritariamente en una AP descapitalizada, saturada y que no ha recibido los refuerzos que se prometieron, además con una parte del personal en vacaciones que, obviamente, no ha sido ni va a ser sustituido.

Las cosas empeoran dependiendo de las distintas CCAA, con el esperpento de Madrid que además se dedica a desviar fondos públicos para los negocios privados con sobrecostes y malísimos resultados, ahí está su política de vacunación fuertemente privatizada a la que acaba de incorporar a empresas como el Corte Inglés y Acciona, sin utilizar los recursos públicos disponibles ( ni los centros de salud infrautilizados ni los recursos municipales que le han ofertado) y que han llevado a que, a uno de julio, en Madrid hubiera nada menos que un millón de vacunas sin administrar, eso sí, puedes vacunarte a las 5 de la mañana en el Zendal, porque lo que importa es el titular periodístico y no la eficacia de la campaña de vacunación.

Hay que rectificar, volver a poner en marcha restricciones de utilidad comprobada y sobre todo potenciar la Atención Primaria para responder con eficacia a la situación de salud que continúa siendo preocupante. Pero la cosa no pinta bien en el medio plazo, resulta indignante descubrir que en el famoso Plan de Resiliencia y Recuperación la Sanidad Pública a la que tanto se prometió reforzar tiene un tratamiento menor (el tercer país de los 21 que lo han hecho público que menos destina al sistema sanitario), un 1,53% lejísimos del 22,68% de Italia, el 17,8% de Alemania o el 14,9% de Francia e incluso del 8,3% de Portugal. Ya se ve que las promesas del Gobierno se han quedado en muy poco.

En concreto para la Atención Primaria, dicho plan presupuesta 0 euros para la misma y se remite a unas hipotéticas cantidades, que no se cuantifican, a aportar por el Ministerio, CCAA y UE, es decir, promesas ilusorias difíciles de concretar y más aún de que se hagan realidad. Mientras tanto la AP está derivando hacia un proceso de destrucción que se escenifica claramente en las dificultades de la población para acceder a una cita, y en las tremendas demoras para citas telefónicas y no digamos presenciales, y al hecho de que en muchos casos ambas se suman (primero te dan una cita telefónica y después la presencial) y que en Madrid pueden alcanzar los 20 y 30 días respectivamente, una situación intolerable que rompe con la accesibilidad y la calidad asistencial y que arroja a la población a las urgencias hospitalarias y/o a la medicina privada.

Por supuesto, como es habitual, con unas escandalosas diferencias entre CCAA pero también entre unos centros de salud y otros. Por eso es necesario y urgente incrementar los recursos, acabar con las limitaciones e inequidades de acceso, la medicalización, la masificación y las malas condiciones laborales del personal.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que se precisa adoptar las siguientes medidas en la AP de todos los Servicios de Salud Autonómicos:

1. Incrementar el presupuesto sanitario para alcanzar el 25% del presupuesto sanitario público, recuperar las plazas amortizadas desde la crisis del 2008 e incrementar las plantillas para que se ajusten a las demandas de salud de la población, y un compromiso de cubrir todas las bajas por jubilación que se van a producir en los próximos años.

2. Paralizar el proceso de cierre de centros de salud y reabrir los cerrados en horarios de mañana y tarde.

3. Recuperar la accesibilidad y la atención presencial en los centros de salud. Limitar las consultas telefónicas y telemáticas a temas complementarios, al tiempo que se dota a los centros de medios digitales necesarios para que las consultas en línea tengan la dignidad y la calidad requeridas.

4. Reforzar los equipos incorporando nuevas categorías profesionales a los centros de salud para satisfacer una buena parte de la demanda asistencial, que recae irracionalmente sobre las consultas médicas.

5. Orientar la actividad de la AP a la promoción, prevención, rehabilitación, a actividades comunitarias dirigidas a actuar sobre los determinantes de la salud generadores de inequidades.

6. Acabar con la precariedad y la inestabilidad del personal de Atención Primaria.

7. Poner en marcha sistemas de participación social en AP.

Se trata de aspectos clave para recuperar la Atención Primaria de Salud, reforzada, motivada y con los medios suficientes para poder abordar y resolver más del 80% de los problemas de salud de la población y hacer frente a los nuevos eventos pandémicos que probablemente vendrán, junto a una Salud Pública que también debe reforzarse.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública exige, por lo tanto, un esfuerzo presupuestario del Gobierno central y de las CCAA para responder a los retos que tiene planteado este primer escalón asistencial que es clave para resolver los problemas de salud. Se trata de convertir los aplausos y las promesas en hechos concretos.

Arturo Borges Álamo, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública