Manifiesto por la Equidad, Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud

La nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión que hoy afronta el debate de totalidad en el Congreso contiene mejoras, aunque no resuelve problemas que generan más inequidad.

Con el paso de los años el Sistema Sanitario Público ha ido teniendo numerosos problemas de funcionamiento y ha sido muy afectado por las políticas de privatizaciones y recortes de los diferentes gobiernos. La nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que afronta este jueves en el Congreso el debate de totalidad contiene mejoras sustanciales orientadas a eliminar las graves amenazas que tensionan nuestro sistema sanitario, si bien, a pesar de las mejoras, la Ley no resuelve algunos de los problemas que más inequidad generan. Sin duda, el paso del Proyecto de Ley por el Congreso debe ser una oportunidad para enmendar aquellas cuestiones que tanto la FADSP como medicusmundi venimos denunciando desde que se conoció el Proyecto, y que permitirían incrementar el nivel de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.

 Estas son en esencia las cuestiones que desde ambas organizaciones consideramos deberían plantearse:

1. La elaboración de un Libro Blanco sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) que realice un diagnóstico en profundidad sobre los problemas del mismo y las alternativas para abordar los retos de salud que tiene nuestro sistema sanitario público.

 2. La derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión y gestión pública de los centros sanitarios financiados públicamente, cerrando el paso a nuevas privatizaciones y favoreciendo la reversión de lo privatizado, entendemos que hablar de situaciones “excepcionales” sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control de la misma, no cambia sustancialmente el marco actual ya que es bien conocido como algunas de las CCAA utilizan estos “puertas entreabiertas” para poner en marcha una “barra libre” para privatizar el sistema sanitario, conviene recordar que hasta el presente la gestión pública debía de utilizarse de forma “preferente” con los resultados de todos conocidos. Se trata pues de una declaración de buenas intenciones, de marketing político, de difícil y poco probable cumplimiento.

3. Acabar con la existencia del modelo de aseguramiento paralelo y mayoritariamente privatizado que suponen las Mutualidades de funcionarios, que rompe la equidad, y que puede realizarse progresivamente mediante la incorporación al SNS de todas las personas que ingresen en la función pública, quedando el resto en el modelo actual a extinguir.

4. Disminuir paulatinamente el modelo de copagos hasta su desaparición para evitar que se perpetúe un mecanismo de financiación que penaliza a las personas más enfermas y/o con menos recursos económicos.

5. Garantizar la universalidad de la atención sanitaria a todas las personas que habiten en España, incluido aquellas personas que no tienen regularizada su situación en nuestro país, eliminando trabas administrativas de difícil cumplimiento. Se sigue exigiendo a los migrantes en situación irregular un informe preceptivo previo favorable que acredite su voluntad de residir en España, emitido por los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas. Sólo si cumplen este requisito tendrán derecho a ser atendidos desde el momento de presentar la solicitud, pero con riesgo de cobro de la atención recibida si el resultado es negativo.

6. Celebrar que la cartera de servicios común del SNS haya incluido la salud mental y los cuidados paliativos, y exigir la inclusión de la salud sexual y la salud reproductiva, así como el derecho a la Eutanasia (no aplicado por algunas Comunidades autónomas con gobiernos conservadores).

Entendemos que estos principios elementales, no recogidos en el actual Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), deben ser debatidos, como ya propusimos en su momento, y deben tener su reflejo en el Proyecto de Ley como medidas que redundarían en la mejora del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.