“Que todo cambie para que todo siga igual”

Sobre el anteproyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias aprobado por el Gobierno de coalición.

Siguiendo escrupulosamente dicha máxima lampedusiana, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos continúa con lo que parece ser una cascada de “derogaciones que no lo son”. Ahora, supuestamente, le toca a la Ley 15/97, de 25 de abril, “sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, ley privatizadora impulsada por el PP en 1997 y apoyada entonces por el PSOE, CC, PNV y CiU.

En honor a la más absoluta verdad, la derogación de la Ley 15/97 no se contempla propiamente en el programa del Gobierno de coalición PSOE-UP, tan solo se habla en el de una “revisión” con lo que puede decirse que en este caso el PSOE ha andado con “mano de orfebre” al proponer una nueva ley que solo “revisa”, aunque formalmente derogue, añadiendo algunas precisiones a los mecanismos privatizadores de la 15/97 que figuran en ella y seguirán plenamente operativos.

También se hablaba en el pacto de gobierno de que “en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Continuar con la penetración de empresas privadas en la sanidad pública es un flagrante incumplimiento de dicho acuerdo.

El texto aprobado por el Gobierno de coalición calca el apartado 2 del Artículo único de la Ley 15/97 que dice: “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

No deja de ser curioso, y patético, el papel de comparsa de Unidas Podemos en este caso. Empezando por el débil acuerdo de “revisión” que ahora se continúa con tragar el enorme sapo de que, como señala la Ministra Darias, el anteproyecto en ciernes “es de todo el Gobierno” a lo que responden desde UP que “plantearán enmiendas en el trámite parlamentario”. Habrá que ver si se da el caso, en coherencia, de que dichas enmiendas decaigan al contar solo con el apoyo de UP y pocos más, frente a la “vieja coincidencia externalizadora” entre PSOE, PP, CC, PNV, JuntsxCat y unos cuantos más.  

En lo que hace a la llamada “izquierda a la izquierda del PSOE” se da una total pérdida de papeles y referencias ideológicas en comparación con la posición aún combativa de IU durante el debate parlamentario de la Ley 15/97.

En este caso de ahora, el PSOE ha actuado con plena adscripción a sus más añejos compromisos con los intereses oligárquicos que inspiraron el “Informe Abril” y no por casualidad no dejó, ni va a dejar, salvo que la movilización ciudadana y profesional lo impida, que, incluso en el terreno de las palabras, no se vaya más allá de una simple “revisión” de la Ley 15/97. 

Corría el año 1990, el PSOE gobernaba con mayoría absoluta, 175 diputados de 350, Felipe González llevaba ocho años en el poder y aun le quedaban otros seis más. El Ministro de Sanidad, Julián García Vargas, a raíz de una proposición no de ley presentada en el Congreso por el diputado del CDS Carlos Revilla,  constituyó la “Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud” presidida por Fernando Abril Martorell, esta estaba formada por ocho expertos. El Informe presentado en el Congreso de los Diputados en abril de 1991 fue conocido como “Informe Abril”. En él se hacía un análisis profundo del Sistema Nacional de Salud y daba unas recomendaciones que, si bien en aquel momento se guardaron en un cajón, fueron aplicándose lentamente por los Gobiernos siguientes del PSOE (incluido el de Zapatero) y usada como manual por los Gobiernos del PP. En él está la base del desmantelamiento actual de la Sanidad Pública.

Ahora, aunque en el anteproyecto que comentamos se diga que la Ley General de Sanidad establece la prevalencia de la gestión directa sobre la privatización, sin dudas una iniciativa derogatoria “de verdad” debe también contemplar la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el Gobierno de Felipe González, en el que se establece la política de concertación con las empresas del sector sanitario privado.

El Gobierno proclama como “preferente” la gestión directa y pública de la sanidad pero no excluye que pueda estar en manos de empresas privadas y aunque esos casos se supone que deberán justificarse más que en la actualidad, el referido anteproyecto es coherente con los principios ideológicos del neoliberalismo, tras el que se parapetan sectores con intereses lucrativos en el terreno sanitario, como mutuas patronales, compañías de seguros privados,  colegios de médicos,  patronal de las clínicas privadas y la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias.

Finalmente, aunque se recogen algunas medidas positivas, el anteproyecto de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad propone evitar que haya más copagos y liberar del copago ortoprotésico a quienes ya están exentos del farmacéutico y también recoge la aplicación “homogénea” en todo el territorio del Estado de la recuperación de la universalidad aprobada en 2018, de ninguna manera compensan su negativo sesgo privatizador que terminará por liquidar nuestra Sanidad Pública.