Situación insostenible en el Servicio de Urgencias del Hospital de Motril

El derecho a la protección de la salud que recoge la Constitución obliga al Servicio Andaluz de Salud a dotar a todos los hospitales de un Servicio de Urgencias eficiente. Lo contrario podría constituir un presunto delito contra la salud pública o el de una omisión del deber de socorro y denegación de auxilio, tipos punitivos que regula el Código Penal.

Desde Motril Espacio Abierto, venimos denunciando a través de manifestaciones multitudinarias en Motril y su comarca la situación lamentable en la que se encuentra nuestro sistema de salud pública debido a la escasa inversión de la Junta de Andalucía que viene optando por transvasar dinero público a la sanidad privada en perjuicio de la sanidad pública, cuyo sostenimiento es fundamental a los intereses de la clase trabajadora y capas populares que no disponen de ingresos suficientes para acudir a los centros sanitarios privados.  Una situación que se agrava además con las políticas actuales de rearme militar promovidas por los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN que detraen de los ingresos de nuestros impuestos importantes cantidades para destinarlas a la fabricación de armas de guerra, perjudicando así los pilares del llamado estado del bienestar, uno de cuyos ejes es precisamente el de la sanidad pública, universal y de calidad.

Nuestro Hospital de Motril se muere y con él nosotros. La ciudadanía está dispuesta  a no dar ni un paso atrás y dejar extinto nuestro Hospital. No vamos a parar hasta que esta situación se arregle. Exigimos, por tanto, a la Junta de Andalucía, ya que es la que tiene las competencias en sanidad y es la máxima responsable de esta situación, que arregle esta situación de emergencia ya que se prevé un colapso este verano en el fundamental Servicio de Urgencias. Requerimiento que ampliamos al actual director gerente del Hospital de Motril y comarca, Don Maximiliano Ocete, corresponsable de la actividad sanitaria de este centro.

Hoy en día la situación es la siguiente: cinco facultativos del Servicio de Urgencias se dan de baja voluntaria dada las pésimas condiciones de trabajo a las que se les somete, a las que debemos añadir las bajas ya cursadas por maternidad, permisos por paternidad y por vacaciones reglamentarias que no se piensan cubrir, lo que provocará que en fechas muy próximas el Servicio de Urgencias quede reducido a la mitad de médicos que habitualmente lo atiende, máxime en una época en la que la población de la comarca se triplica por el turismo, aumentando así el número de potenciales usuarios. De 24 médicos nos quedamos con 12, sin olvidar al equipo de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería cuyas bajas no se cubren de manera reglamentaria y no se refuerza, además, en la época estival y que sin ellos el sistema público de salud no podría sostenerse, viéndose obligados a trabajar en unas instalaciones ya obsoletas donde todo este personal tan importante apenas tiene espacio para trabajar y atender a los pacientes de forma adecuada y profesional.

No solo es un problema de deficiente gestión; en realidad forma parte de un proceso de privatización de la sanidad que comenzó ya hace décadas. Existe dinero público, pero la partida presupuestaria cada vez va más dirigida a potenciar la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública, la única a la que puede acceder la clase trabajadora y las capas populares. La mayoría social dañada es precisamente la que tiene que movilizarse para impedir tamaño desatino.

Se han realizado obras de reforma en el Hospital de Motril, ¿para qué? ¿han servido acaso para mejorar la asistencia sanitaria, por ejemplo, en el Servicio de Urgencias?

Por otra parte, es preciso recordar que al Servicio de Urgencia acuden desde toda la comarca de la Costa pacientes con sintomatología de ictus, anginas de pecho o infartos y otras patologías graves, accidentes laborales, de tráfico o por otros siniestros graves que requieren atención inmediata. Con un deficiente Servicio de Urgencias en un centro sanitario cada vez peor atendido se verán obligados al traslado a Granada capital lo que supondría un retraso de no menos de una hora, tiempo decisivo que se pierde para poder salvar una vida o aminorar secuelas.

El derecho a la protección de la salud que recoge la Constitución obliga al Servicio Andaluz de Salud a dotar a todos los hospitales de un Servicio de Urgencias eficiente. Lo contrario podría constituir un presunto delito contra la salud pública o el de omisión del deber de socorro y denegación de auxilio, tipos punitivos que regula el Código Penal.

Desde aquí  reclamamos al director del Hospital de Motril, al Servicio Andaluz de Salud y a la Junta de Andalucía para que se ponga manos a la obra y resuelvan esta situación a la que ha abocado a nuestro hospital con su mala gestión. No queremos más excusas ni mentiras. La ciudadanía es consciente de lo que está pasando y sabemos que concretamente este año hay un mayor presupuesto destinado a sanidad. Solo hace falta voluntad política para cambiar esta situación. Los ciudadanos no queremos volver a la carretera como hace treinta años. No se juega con nuestra salud ni con nuestras vidas, nuestra sanidad no está en venta. Basta de precariedad para los trabajadores sanitarios, ellos son las manos que nos cuidan y ahora nos toca a nosotros atenderlos a ellos. Queremos y exigimos que nos devuelvan nuestra sanidad pública. Estamos resueltos a luchar por nuestro Hospital como lo hicimos en el pasado.