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La sucesión sin solución de continuidad de la judicatura franquista, compuesta entonces de manera fundamental por funcionarios de derecha y de extrema derecha, no ha posibilitado una renovación democrática seria del poder judicial, y los resultados están a la vista.

Al amparo de la Constitución de 1869 se promulga “con carácter provisional” la Ley de 15 de septiembre de 1870, Orgánica del Poder Judicial, que estableció la oposición como forma de acceso a la judicatura, y sentó las bases de una más eficaz independencia judicial, norma que ha pervivido hasta 1985, en que fue sustituida por la actual.

Para acceder a la judicatura los aspirantes debían presentar un certificado de buena conducta expedido por la administración franquista acreditativo de un comportamiento fiel a la dictadura.

Es mucho más democrático un sistema en el que sea el Parlamento el que designe de entre jueces y magistrados a los doce vocales de procedencia judicial, a que sean los propios miembros de esa carrera quienes los nombren.