La deriva oportunista de Enrique Santiago y su grupo condenan al PCE a su posible desaparición

No hay más alternativa para la militancia del PCE que reclamar el respeto y el cumplimiento del mandato congresual del XX Congreso.

En la edición digital de Mundo Obrero se ha publicado el documento oficial de la Conferencia Política celebrada entre el dos y el cinco de octubre pasado en claro fraude de ley. En este texto leemos que el PCE propone «construir un nuevo instrumento político» que supere a Izquierda Unida, «no su reforzamiento», mediante la creación de un movimiento político social que constituya una ampliación del espacio político actual de Unidas Podemos, «trascendiéndolo de una mera alianza electoral a un proyecto de convergencia política que se dote de procedimientos democráticos propios, autónomos, participativos reglados y de normas permanentes de funcionamiento, que no se puedan cambiar sin el consenso de todos y donde quepan todos los actores que se reclamen de izquierdas…»

Un proyecto de «nuevo sujeto político», una propuesta de convergencia política con procedimientos democráticos propios y autónomos y con normas de funcionamiento permanentes, es decir, dotados de estatutos, conducen de manera inexorable al registro de un nuevo partido político -Unidas Podemos- ante la Administración Pública, única forma de abordar la elaboración de candidaturas en los diferentes procesos electorales y el control económico de las subvenciones y cuotas de afiliados/as, sin que ambos aspectos se conviertan en una fuente inagotable de conflictos. Pero también una nueva organización política que garantice el mantenimiento del mismo programa socialdemócrata que hacen suyo los promotores de este proyecto.

Esta situación ya se produjo con la constitución de Izquierda Unida, primero como movimiento político y social en 1986 y, más tarde como el partido político que hoy es, en noviembre de 1992, precisamente para evitar entonces que las fuertes discrepancias en las materias reseñadas terminaran por convertir a la primitiva Izquierda Unida como movimiento político social en una auténtica jaula de grillos y asegurar al mismo tiempo la continuidad de las políticas oportunistas.

El encubrimiento de las siglas del PCE con la puesta en marcha de Izquierda Unida en 1986 y de toda propuesta revolucionaria, se consolidó en los sucesivos Congresos de esta organización de 1991 a 2013. Es en el XX Congreso del PCE de diciembre de 2017 —que podríamos nominar como el IX de la organización de las y los comunistas españoles, en cuanto recupera en los textos congresuales los principios del marxismo-leninismo que se mantuvieron vivos desde 1920 en el Programa y en los Estatutos del VIII Congreso de 1972— cuando el PCE, al recobrar el marxismo-leninismo, plantea la necesidad de recuperar las competencias del Partido, incluidas las de naturaleza electoral, así como la visibilidad —salida del armario— de la organización ante la clase trabajadora y las capas populares.

Así, en el Documento Político Primera Fase XX Congreso del PCE, p. 39, podemos leer: «Es por ello que acordamos dejar sin efecto los acuerdos del XIII Congreso y del Comité Federal de 21 de junio de 1992 sobre cesión de competencias y trasladar este acuerdo a los Estatutos del partido mandatando al Comité Federal (Central) a que haga la revisión necesaria de los mismos».

En el mismo Documento, en su página 33 leemos: «Desde el punto de vista funcional y organizativo, y de forma congruente con los aspectos de contenidos señalados, necesitamos, en primer lugar, un partido fuerte, un partido con plenitud de funciones. Un partido, por tanto, que recupere sus funciones electoral e institucional, fuera de cualquier limitación o cesión estatutariamente reglada y de las servidumbres estatutarias que estructuralmente encorsetan una respuesta ágil y libre a cualquier coyuntura sobrevenida. Ello no implica en absoluto ninguna voluntad previa de concurrir en solitario a procesos electorales, sino sencillamente de conservar toda la independencia y soberanía para decidir, en cada caso, cómo, cuándo, con quién, sobre qué base programática y bajo qué fórmula jurídica se concurre a un proceso electoral.»

La deriva oportunista de Enrique Santiago y su grupo se ha impuesto por el momento en un proceso de Conferencia Política lleno de marrullerías, y tiene como finalidad práctica la de mantener al PCE no ya solo en el armario de Izquierda Unida, sino también en el guardarropa de un nuevo partido político -Unidas Podemos- sometido a las políticas reformistas, contrarias al mandato congresual, de sus encubridores.

Es este el camino emprendido por la actual dirección del PCE, que controla Enrique Santiago y su grupo, la que puede conducir en un futuro próximo a la desaparición del PCE, una organización que sigue siendo patrimonio de la clase obrera y cuya militancia ofrece cada día nuevas muestras de batallas y de luchas encaminadas a la recuperación de éste como partido de vanguardia organizada del movimiento obrero y de todo nuestro pueblo.

No debemos olvidar que esta deriva reformista, vigente en el aparato rector del PCE desde hace más de cuatro décadas, que hoy pretenden prolongar Enrique Santiago y los suyos, ha sido una verdadera tragedia para el Partido, para la clase obrera y para el conjunto de las capas populares españolas. Convirtió al Partido en una organización electoralista, alejada de la lucha de clases; lo ocultó para que dejara de ser un punto de referencia visible para a la clase trabajadora y capas populares en la lucha contra el neoliberalismo y por la emancipación social y provocó, al mismo tiempo, la diáspora de los comunistas en nuestro entorno. Contribuyó de manera decisiva a la sustitución del sindicalismo de clase combativo por otro de colaboración de clase, lo que produjo un incalculable daño en CC OO, colocándola a remolque de los intereses del capital y, finalmente, favoreció de manera determinante la configuración y el sostenimiento posterior del régimen postfranquista del 78.

El objetivo prioritario hoy, de acuerdo con el mandato congresual, es el de recuperar al PCE como organización marxista-leninista, dotada de una nueva dirección política respetuosa de la legalidad partidaria. La continua transgresión de ésta por Enrique Santiago y su grupo, les incapacita para seguir ocupando –usurpando- las altas responsabilidades que en su día les otorgase el Comité Central. Necesitamos ya una nueva dirección política que haga posible, desde el respeto al XX Congreso, un partido revolucionario para la clase obrera y las capas populares, alejado de todo oportunismo. Solo una organización de este tipo, consecuentemente revolucionaria y bien visible, podrá ser capaz de abordar una política de confluencia tal y como ésta se define en nuestro programa político vigente.

En este sentido, el XX Congreso del PCE determinó, con claridad meridiana, que los procesos de confluencia tenían que llevarse a cabo “en torno a la ruptura con el régimen” de la Transición – página 57, segundo párrafo del Documento Político-, así como que en este proceso de confluencia “el PCE (debía) ser la fuerza de vanguardia de la Ruptura” –página 16, párrafo 4 del Documento Político- y que “la alternativa (pasaba) por la articulación de un bloque social y popular, de carácter rupturista que sea capaz de organizar un contrapoder al legalmente establecido” –página 17, párrafo 7 del Documento Político-.

Tampoco debemos olvidar las decisiones congresuales de que “Las bases del proyecto de Estado del PCE para España” son el “Estado Republicano”, el “Estado Soberano”, así como la “nacionalización de los recursos naturales y los sectores estratégicos de la economía, reestructuración de la deuda y pago únicamente de las obligaciones legítimas del Estado. Protección de la soberanía frente al capital monopolista internacional y la oligarquía nacional“, con la “recuperación de la soberanía plena, salida de la OTAN, la UE y el Euro” y el “Estado Federal” con “el reconocimiento de los derechos nacionales, históricos, lingüísticos y culturales de las distintas naciones que componen a día de hoy el Estado Español”, incluyendo el “ejercicio del derecho de autodeterminación”-página 19, párrafo 4 del Documento Político.

Esta concreta confluencia acordada en el XX Congreso del PCE descansaba sobre la condición de nuestra organización como Partido revolucionario y republicano que se establece como principio informante de toda su actividad política en el artículo 1, apartado 5º de sus Estatutos.

No hay pues más alternativa para la militancia del PCE que la de exigir el respeto y la aplicación del mandato congresual del XX Congreso. Este es el camino para salvar y recuperar al PCE que necesitan la clase obrera y las capas populares.

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