Nombres propios del Opus Dei en España
- La Logia italiana Propaganda Dos (P2) y el Opus Dei
- Sociedades secretas II) El Opus Dei
- Nombres propios del Opus Dei en España
Sociedades secretas, y III)
Hemos analizado en artículos anteriores unas someras descripciones de la naturaleza y objetivos de la LOGIA P2 en Italia y del Opus Dei en España. Veamos ahora quienes son en nuestro país algunos de los principales protagonistas de sus actividades.
Debemos reflexionar acerca de lo que indica el artículo 22.5 de nuestra Constitución del 78: «se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar».
Las constituciones formalmente democráticas establecen una serie de grandes principios que teóricamente garantizan la defensa y primacía de una serie de derechos y libertades de los ciudadanos, así como los mecanismos de integración y control del poder.
La constitución española consagra la existencia de un estado democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político -artículo 1-, y determina como sujetos especialmente relevantes de la acción política a los partidos políticos -artículo 6-, que deben ser democráticos en cuanto a su estructura y funcionamiento internos, sometiéndose los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que protege la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, libertad ideológica, religiosa y de culto, y en fin, el conjunto de derechos y libertades que consagra el capítulo II de la misma.
Establece la Constitución del 78 las disposiciones esenciales relativas a los diversos poderes del estado, la primacía del Parlamento, la división de poderes, como mecanismos básicos para impedir el despotismo.
Pues bien, no hay que hacer un excesivo esfuerzo para concluir lo mal que casan todos estos principios con la existencia de organizaciones secretas jerarquizadas, cuyos miembros, organizados transversalmente y situados estratégicamente en las diversos instituciones básicas del poder político y económico deben obediencia ciega al mando, supeditan sus razonamientos y puntos de vista a éste, si es que los tienen de manera independiente al dictamen de la jerarquía, cuyos principios y valores están residenciados en mecanismos ajenos a la organización política democrática. Maltrechas quedan la independencia y separación de poderes cuando una organización de estas características los ocupa. Porque destruyen la sujeción interna de los Tribunales a la primacía de la Ley cuando hay valores de obediencia jerárquica sectaria por encima de ésta. La libertad ideológica y religiosa quedan entredichas cuando la entidad secreta las considera perniciosas y ajenas, cuando no enemigas de sus propios valores, que imponen a través de su control por los más diversos mecanismos.
No digamos en qué situación queda el principio esencial de igualdad de todos los españoles cuando se administra una justicia “a la carta”, en muchas ocasiones excluyendo a los amigos de la aplicación de las leyes penales, incluso con la coacción a los enemigos y disidentes con las más diversas medidas, muchas de ellas directamente delictivas, pero con garantía de plena impunidad para sus autores.
De ahí que no haya sido un fenómeno infrecuente en la historia constitucional la desconfianza hacia estas organizaciones opacas.
El artículo 22.5 de nuestra Constitución prohíbe las sociedades secretas, consciente el constituyente de que las elites políticas las podrían utilizar para sostener los mecanismos de adquisición y conservación de su poder y asegurarse su preeminencia sobre el resto de la sociedad, mediante los mecanismos pretorianos de la lealtad, obediencia jerárquica y extrema cohesión, para así saltar y burlar los filtros institucionales, todo ello con la utilización del secretismo que los mantiene alejados de la observación pública.
Lamentablemente para nuestra sociedad, pese a la gravedad y prepotencia tan destacada de dichas sectas en España, (no olvidemos la organización Neocatecumenal de la que en otro momento hablaremos), ni los partidos políticos progresistas las critican ni las someten al mínimo escrutinio y control para impedir sus evidentes abusos.
Señalamos a continuación algunos nombres propios del Opus Dei en España:
FEDERICO TRILLO FIGUEROA Y MARTINEZ CONDE, hijo del que fuera alcalde franquista de Cartagena, gobernador civil y Procurador en Cortes, sus andanzas, sintetizando mucho, se inician con su incalificable proceder con ocasión del accidente del avión Yack 42, desde esa interminable serie de subcontrataciones como la que trajo consigo la muerte de 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003. Según un dictamen del Consejo de Estado de 2016 la tragedia se pudo haber evitado.
Como premio de su trabajo en este asunto, Trillo fue nombrado embajador ante Gran Bretaña por Mariano Rajoy. Ministro de defensa del Gobierno de Aznar durante la guerra de Irak, que apoyó con entusiasmo, denunciando con vehemencia la presencia de armas de destrucción masiva en aquel país.
Según el Diario.es de 7 de enero de 2017, era el «muñidor judicial del PP» y «si lo dejas solo en una habitación es capaz de apuñalarse a sí mismo», frase que se atribuye a Jose Maria Aznar o a Álvarez Cascos, según el citado diario que añade: «si existe una cloaca en el mundo de la judicatura nadie como Trillo sabe nadar en ella». Afirmación corroborada por el propio Rajoy cuando lo despidió en noviembre de 2011, en un mitin celebrado en Valencia con estas palabras: «gracias, te has estado ocupando de temas…en fin, no vamos a calificarlos», aludiendo sibilinamente a como habían pasado por sus manos todos los asuntos sucios en que se había visto implicado dicho partido.
Negoció todos los nombramientos de miembros del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial que se tramitaron en la época en que era miembro de la comisión constitucional del Congreso, y aún tuvo tiempo de preparar las querellas contra el instructor de caso Gürtel, Baltasar Garzón.
Apoyó Trillo, sin descanso, al ultra Enrique López, aupándolo al Consejo del Poder Judicial y luego negando la renovación del Tribunal Constitucional si no se admitía a éste como miembro, lo que finalmente aceptó Rubalcaba. Enrique López tuvo que dimitir por ser detenido por la policía cuando conducía borracho y sin casco por el paseo de la Castellana. En la actualidad es Consejero de Justicia del Gobierno de Ayuso en Madrid.
Federico Trillo dirigió la ofensiva del PP contra el Estatut de Cataluña promoviendo la recusación del magistrado progresista Pérez Tremps, que consiguió de manera harto discutible. De esta forma la mayoría conservadora hizo presencia en el Tribunal Constitucional que anuló determinados artículos del Estatut, con las consecuencias de todos conocidas.1
En modo alguno podemos dejar de referirnos, entre las múltiples tropelías cometidas por Trillo, al enorme daño ecológico infringido a la Manga del Mar Menor y a Murcia, cuando fue elemento clave para privarlo de la protección medioambiental y urbanística de que gozaba.
JUAN GABRIEL COTINO FERRER es otro de los destacados miembros del Opus Dei. Nombrado Director General de la Policía en 1996 cargo que mantuvo hasta 2002. En ese mismo año fue designado Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Más tarde consejero del gobierno de dicha comunidad y vicepresidente a partir de 2007. Finalmente presidió las Cortes Valencianas tras las elecciones de 22 de mayo de 2011.
Organizador del viaje del Papa Benedicto XVI a Valencia, desvió fondos en su beneficio, siendo imputado por prevaricación y cohecho.2 Implicado en el denominado caso Brugal, de concesiones irregulares del gobierno valenciano, impulsó la “concertación de plazas públicas en residencias privadas”, cuya principal beneficiaria fue la empresa Savia, propiedad de familiares de Cotino, junto con otros socios.3 La Fiscalía pedía contra él en uno de los sumarios que le instruía, la imposición de una pena de 11 años de cárcel por el desvío de 7.4 millones de euros.
Su fallecimiento por la complicaciones derivadas de una infección por coronavirus, ocurrido en 13 de abril de 2020, han cerrado las actuaciones penales en que estaba incurso.
JORGE FERNANDEZ DIAZ, inmerso en tal cantidad de irregularidades de contornos mafiosos que forzosamente se han de sintetizar, como cuando en la reunión que celebró con el Jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, respecto de algunos datos que podían utilizar para destruir la carrera política de adversarios catalanes, le indicó: «esto la fiscalía te lo afina, hacemos una gestión…».
Durante su mandato como ministro se usaron de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo para crear una estructura paralela policial vinculada al comisario Eugenio Pino, para dificultar las investigaciones sobre los casos de corrupción del Partido Popular, perseguir a los adversarios políticos y para el nombramiento de comisarios afines para el manejo de todas estas artimañas.4
Ha protagonizado el gravísimo caso Kitchen, por el que ha sido imputado, uno de los más graves de los muchísimos que desgraciadamente han ocurrido en nuestro país, y que se encuentra bajo investigación judicial en la actualidad.
Como reveladoras anécdotas de sus prioridades, condecora con la medalla de la Policía a Nuestra Señora María Santísima del Amor y a la Santísima Virgen de los Dolores de Archidona. Nombró comisarios honoríficos a Francisco Marhuenda y al sacerdote Silverio Nieto.
Un personaje que reúne todas las caracterizaciones atribuidas a la Logia P2, pero “a la española”, en la que según Andreotti, faltaba finura, «manca finezza», exagerando aquél su religiosidad hasta extremos grotescos con su obsesión de condecorar a las más diversas vírgenes, nombrar comisarios honoríficos a sus amigos beatos hasta formar una policía patriótica, presumir de su conversión súbita como un nuevo San Agustín, mientras hace gala de la ayuda que le proporciona Marcelo, su ángel de la Guarda que le asiste hasta para encontrar aparcamiento.
Mediante esta policía patriótica ha perseguido a los enemigos políticos del gobierno, trastocados documentos, llegando incluso a movilizar a más de 70 policías para vigilar a Bárcenas y su familia, no para colaborar con la justicia, sino para ocultar y destruir las pruebas que vincularan sus fraudes con el PP.
DIEGO PEREZ DE LOS COBOS, miembro del Opus Dei, coronel de la Guardia Civil, que dirigía la comandancia de Madrid, hasta que el Ministro del Interior Fernando Marlaska acordó su cese, hermano del que fuera Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco, que se significó por haber ocultado su militancia en el Partido Popular, hijos ambos del que fuera candidato de Fuerza Nueva en las elecciones generales de 1977 por Murcia. 5
Desempeñó un cargo clave como es el de director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad y Jefe del Operativo que trató de evitar el referéndum de independencia en Cataluña.
Como coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid fue cesado por el ministro Fernando Marlaska el 25 de mayo de 2020 y se ha considerado relacionado con el informe contra el gobierno que efectuaron dos subordinados suyos, repletos de falsedades y manipulaciones, para provocar el procesamiento del delegado del gobierno en Madrid, sobre los supuestos contagios en la manifestación del 8 M, ante la jueza Rodríguez Medel.6
Es muy significativa la concatenación de hechos del mundo judicial contra el actual gobierno que estallan mediáticamente en mayo pasado. Por un lado, la querella contra el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, y por otra, la serie de presiones de la ex Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que no reconoce su pertenencia a la Obra, pero sí su extrema religiosidad, y del opusdeísta fiscal Fidel Cadena, -por cierto, ambos acusadores en el juicio del procés-, que ejercieron sobre el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas, para que éste avalara las querellas contra el gobierno ejercidas por Vox y otros, relativas a la gestión de la pandemia del coronavirus.
Alberto García
NOTAS
1 La Vanguardia, 5 de febrero de 2007.
2 El Plural, 10 de noviembre de 2014.
3 El País 22 de junio de 2017.
4 Dictamen de la Comisión de Investigación, 21 de septiembre de 2017.
5 El País 17de julio de 2013
6 El País mayo 2020