El grupo dirigente del Partido Comunista de Canarias rechaza un Congreso extraordinario

Un grupo de militantes había planteado su necesidad con un escrito que respondía a un reciente Informe de la Comisión Política.

Corresponsal de Canarias

«La Comisión Política del Partido Comunista de Canarias ha elaborado un informe de 20 de octubre pasado que ha trasladado al conjunto de la militancia en el archipiélago canario.

Tras cerca de dos años de total inactividad política, la Comisión Política reaparece con la publicación de un informe que muestra una vez más la incapacidad actual, de facto y de derecho, de este organismo para participar en la dirección de la organización del PCE en Canarias.

Hay que empezar por señalar que tras la dimisión no sustituida por el Comité Nacional del responsable de Área interna, esta Comisión Política la conforman ahora solo dos militantes del Partido, el Secretario General Abel Fernández y la responsable de Comunicación Nayra Caraballero. Dice mucho que un organismo colectivo de dirección de la importancia del que nos ocupa, no alcance siquiera a disponer al menos de tres miembros que son los imprescindibles –artículo 34.3 de los Estatutos- para constituir el más modesto de los núcleos comunistas en el seno del Partido.

En el informe se indica que el grupo dirigente del Partido Comunista de Canarias «ha estado demasiado tiempo callado, sin explicar realmente al conjunto del partido el por qué de su posición y, sobre todo, sin dar una batalla de ideas imprescindible dentro del partido». Durante este tiempo ha estado «debatiéndose entre la dimisión colectiva y la hibernación de los órganos nacionales» y añade a continuación que «no eludimos la responsabilidad de nuestro silencio, ni tampoco de la ausencia de medidas políticas y organizativas que superara una situación que se ha ido empantanando con el tiempo hasta el punto de crear un ambiente podrido en el Partido».

Finalmente indica que «la mayoría real de este Comité Nacional, empezando por su Secretaría Nacional, asume con total claridad su responsabilidad, y en consecuencia se autocrítica, por la situación de desmoralización que ha derivado en la hibernación del órgano»

No cabe la menor duda de que la actuación del grupo dirigente del Partido Comunista de Canarias ha sido irresponsable y transgresora de deberes estatutarios, tal y como se reconoce de manera expresa en este informe, al haber adoptado de forma voluntaria una hibernación de la dirección de la organización que se ha prolongado en cerca de dos años seguidos, creando una situación de ambiente podrido en el Partido.

El artículo 13 del Reglamento sobre faltas contra el Partido establece que «Los actos u omisiones realizadas en forma colectiva por órganos regulares del Partido que, deliberadamente y de modo muy grave, atenten contra sus principios, incumpla los deberes estatutariamente establecidos o vulneren los derechos de los/as militantes serán objeto de expediente sancionador en virtud de un procedimiento semejante al establecido para la militancia».

La obligación de los órganos colectivos de dirección de reunirse al menos una vez al mes –artículo 45.2 de los Estatutos- ha sido sistemáticamente transgredida por el grupo dirigente del PCC. La responsabilidad de desarrollar la política del Partido en el ámbito de su competencia y la de desarrollar y poner en práctica las resoluciones decididas por los núcleos comunistas –artículo 37.1 de los Estatutos- también ha sido infringida. Todas y cada una de las normas de funcionamiento que regula el artículo 41 de los Estatutos y las competencias que se determinan en el artículo 47 del mismo texto, también han sido vulneradas por este grupo dirigente como consecuencia de la hibernación del Partido que reconocen haber provocado con su negligente comportamiento.

Como consecuencia de estos repetidos incumplimientos estatutarios de la máxima gravedad, en lugar de presentar la dimisión ante la dirección central de PCE y poner en marcha la celebración de un Congreso Extraordinario que elija una nueva dirección política en la organización de los comunistas de Canarias, el Comité Nacional toma ahora la decisión de retomar «sus funciones de organismo de dirección con plena consciencia de la situación actual del PCC». Para colmo, recaba ante el Comité Central del PCE autorización para el control de la afiliación directa y la organización de los núcleos donde estime por conveniente.

Mientras tanto, la dirección eurocomunista del PCE muy preocupada por incoar expedientes disciplinarios a los militantes que reivindican el respeto y aplicación del XX Congreso, permite y legitima el comportamiento antiestatutario del grupo dirigente del PCC.

¿Pueden estos dirigentes incumplidores reiterativos de sus obligaciones estatutarias continuar en la dirección del Partido Comunista de Canarias eludiendo sus responsabilidades?

Por otra parte, el informe de la Comisión Política hace referencia a camaradas de la organización que han venido mostrando preocupación por la deriva de la dirección del PCC, por esa hibernación del Partido que ahora reconoce el grupo dirigente del PCC. La forma de dirigirse a estos camaradas no puede ser más grosera. En lugar de llamarles militantes, camaradas, compañeros o cualquier otro término equivalente, utiliza el vocablo de «elementos» -punto 0.2 de la primera página-. Esta inaceptable locución es la que utilizaba el extinguido Tribunal de Orden Público, bajo la dictadura franquista, en las sentencias que condenaban a largos años de cárcel a los militantes del Partido Comunista por luchar en defensa de los derechos y libertades democráticas y por el socialismo.

Esta forma del grupo dirigente del PCC de comunicarse con la militancia del Partido calificando a todos aquellos que ejercen el legitimo derecho a la crítica –artículo 16.1 h) de los Estatutos- como elementos del Partido muestra de forma cabal cual es su verdadera catadura moral. El centralismo democrático y la democracia interna, pilares de la organización comunista –artículos 18 y 19 de los Estatutos- sólo son posibles si la relación personal y política entre los militantes se establecen bajo los principios de igualdad y respeto entre todos ellos, y con mayor rigor entre la dirección y la militancia de base. Con la forma con la que actúa el grupo dirigente del PCC no es posible, por tanto, el debate que regula nuestros Estatutos.

En otro momento, abordaremos las cuestiones de índole política que suscita el informe que comentamos. Y lo haremos, como siempre, desde el respeto a quienes comparten posiciones diferentes, incluso cuando de ellos recibamos un trato diferente.»

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