La migración africana y el racismo en Canarias
La clase trabajadora canaria debe afrontar por un lado la xenofobia, así como un Gobierno central que pretende convertir a Canarias en la Lampedusa atlántica.
Con origen en el expolio colonial y neocolonial al que se ha sometido a los países africanos y la aplicación de medidas que solo han servido para convertir las aguas territoriales de Canarias, entre otras, en una inmensa fosa común, donde yacen un número indeterminado de personas migrantes: Leyes de extranjería, externalización de las fronteras, Plan África, son todas medidas que han desplazado hacia el sur la ruta migratoria de quienes huyen del hambre, la miseria, la guerra, la persecución política y social. A todo eso se ha sumado la pandemia por coronavirus que empeora aún más las condiciones de vida, en los países africanos potenciando la migración y en los países europeos potenciando la xenofobia y el racismo.
En la “frontera sur de Europa” se sitúa a Canarias como territorio receptor convirtiéndola en un muro de contención, en una valla invisible, en un territorio cárcel para las personas que arriban a nuestras costas, sin intención de permanecer en el mismo, con el único objetivo de llegar al destino final de su proyecto migratorio, Europa y, en concreto, las ciudades y países donde pueden encontrar una oportunidad laboral y de vida futura.
Ni la Unión Europea ni el gobierno español están dando alternativas reales, más allá de las represivas, a los masivos movimientos migratorios africanos, ni a la catástrofe humanitaria que estamos viviendo en nuestro territorio. Dichas alternativas pasan por el traslado de las personas migrantes a otros lugares del Estado español y a países europeos, auténtico objetivo de las mismas, y ello debe hacerse de forma inmediata, dignificando las condiciones de traslado y acogida de estas personas. Y somos conscientes de cómo la migración presiona a la baja los derechos laborales conquistados duramente por la clase trabajadora de los países receptores, pero la defensa de esos derechos habrá de quedar en manos de la lucha de clases a desarrollar por el conjunto de la clase obrera, “nativa y extranjera”.
En el afán por impedir las llegadas a las costas canarias, parece que se va a involucrar a Frontex, Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, recientemente acusada, por parte de Human Rights Watch, de cometer prácticas ilegales en la ruta entre Turquía y Grecia. Puede actuar mediante efectivos de tierra, para retomar o profundizar la vigilancia en la costa africana. Parece que es lo que cabe esperar de un gobierno de coalición con un Ministro del Interior totalmente conservador que aplica las políticas migratorias del PSOE, iguales que las del PP, las de la Europa Fortaleza. Además se ha pronunciado en contra de derivar migrantes a otros sitios del Estado que incluso han ofrecido plazas para la acogida. Su posición la acaba de reforzar una sentencia del Tribunal Constitucional que avala las “devoluciones en caliente”.
Por otro lado Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que se habilitarán 7.000 plazas en carpas ubicadas en colegios cerrados, naves portuarias e instalaciones de Defensa en Canarias. Un campamento de emergencia “que más adelante contará con equipamientos prefabricados”. Lo que consagra el papel de territorio cárcel asignado a Canarias así como la nula influencia también en esta cuestión de Unidas Podemos que en su programa hablaba del cierre de los CIEs.
En ese contexto, la migración africana a Canarias está siendo manipulada por grupos fascistas que hacen del racismo una clave central de su actuación. Al calor del alarmismo de algunos cargos públicos o también de algún sector social que fomenta la xenofobia y el maltrato a las personas migrantes, como es el caso de las declaraciones del secretario de la CEOE en Tenerife justificando el rechazo de la patronal hotelera a acoger a las personas migrantes en hoteles vacíos. También llega mucho ruido desde las redes sociales, de modo que han ido llevando expresiones de todo ello a algunas manifestaciones que se han empezado a producir y que también han ido generando una respuesta organizativa y movilizadora de muchos colectivos que se están agrupando para parar la xenofobia, el racismo y el fascismo.
Para el pasado sábado 21 de noviembre y ante la convocatoria de manifestación ese día en Santa Cruz de Tenerife a cargo del partido fascista Identitarios, con el ambiguo lema de “sin integracion no hay inmigracion” se logró un amplio agrupamiento que abarcó a 189 organizaciones, colectivos y grupos de las siete Islas Canarias y de otros territorios del Estado que firmaron un comunicado exigiendo que no se permitiera dicha protesta xenófoba por las calles de la ciudad que además preveía pasar por la puerta de los hoteles donde se encuentran alojadas las personas migrantes, muchas de ellas menores de edad. Se advertía en dicho comunicado que “el Gobierno Español, el de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz son cómplices del blanqueamiento de la extrema derecha y responsables de lo que en ella acontezca si no toman las medidas necesarias para prohibir esta manifestación racista y violenta.”
Simultáneamente, se convocó a su vez una concentración para ese día 21, una hora antes que la otra en una plaza situada en el trayecto de la manifestación xenófoba, en defensa de las personas migrantes y con el objetivo de dejar bien claro que el fascismo y el racismo no tienen cabida en Canarias. Un día antes se producía la desautorización por parte de la autoridad gubernativa de la concentración antirracista que se realizó a pesar de la prohibición aunque la misma debilitó la aún pendiente contundencia en la respuesta tanto frente a quienes atizan la xenofobia, que se manifestaron en escaso número y convenientemente protegidos por la policía, como frente al Gobierno central que pretende convertir a Canarias en la Lampedusa atlántica.
Corresponsal de Canarias