Nueva resolución judicial favorable a los militantes del PCE expedientados

El auto judicial declara la competencia de la jurisdicción civil para entender de las transgresiones de derechos fundamentales a los militantes.

Corresponsal en Granada. ANDALUCÍA.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de los de Granada ha dictado auto judicial el 21 de agosto último señalando que la jurisdicción competente es la civil y no la contenciosa administrativa, en la pieza declinatoria del procedimiento ordinario que instaron un numeroso grupo de militantes del PCE, por estimar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a consecuencia de los expedientes sancionadores que contra éstos les habían dirigido el grupo eurocomunista de la dirección del PCE. Se trata, además,  de una resolución muy razonada en derecho.

De manera inicial el Ministerio Fiscal había estimado que estos asuntos debían ser enjuiciados en Madrid por la jurisdicción contenciosa administrativa central, lo que dificultaba a estos militantes el ejercicio de las acciones judiciales. En fecha posterior y tras escrito de alegaciones por éstos, el Fiscal reconsideró el tema y se avino a estimar lo que pedían los militantes del PCE.

El Juzgado, mediante este auto, sienta ahora un interesante precedente que permite que cualquier miembro del PCE —y de cualquier otra organización política— pueda acudir al juzgado de lo civil más cercano a su domicilio para hacer valer el respeto de sus derechos fundamentales, frente a la posibilidad, ahora rechazada, de accionar sus intereses en Madrid, localidad en la mayoría de los supuestos alejada de los lugares de residencia de los afectados.

El procedimiento judicial continuará ahora por sus trámites hasta dictar sentencia. Por el momento, y como consecuencia de otro auto judicial anterior, el Juzgado levantó la suspensión cautelar de militancia, recuperando los expedientados todos sus derechos estatutarios, al estimar esta resolución que se había transgredido el derecho fundamental de defensa.

A principios de agosto pasado, estos militantes solicitaron de la dirección del PCE el archivo definitivo de los expedientes sancionadores para evitar, previsiblemente, una sentencia posterior que estimando la transgresión denunciada de múltiples derechos fundamentales, pueda constituir un dardo envenenado para que la derecha fascista y menos fascista lo dirija contra el PCE causándole un grave daño al prestigio de una centenaria organización de clase en cuyo mandato congresual asume el compromiso de una defensa consecuente de la clase obrera y de las capas populares, a través de la recuperación de la República mediante ruptura democrática y en una estrategia dirigida a la consecución de una sociedad socialista.

En el siguiente enlace se puede encontrar el texto íntegro de la resolución: https://issuu.com/hojasdebate/docs/auto-21-agosto-2020.

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