Enrique Santiago contra el PCE
Cualquier alternativa organizada que pretenda un verdadero cambio en la dirección del PCE y una nueva propuesta para levantar una organización comunista, pasa necesariamente por abordar el proceso congresual desde el más amplio debate político y público entre los miembros del Partido, de abajo hacia arriba.
El pasado 27 de febrero, el Comité Central del PCE aprobó los documentos a debate, el calendario, la propuesta de reglamento y horario, el número y distribución de las delegaciones entre sus organizaciones territoriales, fijando la fecha de celebración del Congreso del PCE en los días 8, 9 y 10 de julio próximo.
A fecha de hoy, esta importante documentación no ha sido remitida a los militantes de la organización, ni tampoco ha sido publicada en el Mundo Obrero, ni en la página web del PCE, pese a que el proceso congresual se ha puesto en marcha.
La responsabilidad de este hecho, contrario a los Estatutos, recae en Enrique Santiago y su grupo. Los estatutos [1]artículo 18 establecen como principios rectores del centralismo democrático, la necesidad de que la toma de decisiones «debe ser fruto de un debate participativo en base a la igualdad en el conocimiento y la completa información», el de «la libertad de expresión desde la amplia participación en el debate colectivo», así como el derecho de la militancia a «la libre participación en el debate y la elaboración de la línea política».
Ocultando a la militancia la documentación del próximo Congreso del PCE se transgrede de forma grave la legalidad partidaria. Esta circunstancia ha sido mitigada con el voluntarismo de camaradas que han logrado hacerse con los documentos y los han remitido a sus más cercanos. La realidad es que la inmensa mayoría de la militancia desconoce todavía esta documentación, que Hojas de Debate publica al final de este texto.
De lo que se trata es de obviar el debate político, obstaculizar la participación activa de los militantes, convirtiendo el proceso congresual, la actividad más transcendente de la vida partidaria, en un conciliábulo propio de una sociedad secreta. Sin debate político, sin participación militante en la elaboración de la línea del partido, de abajo hacia arriba, a Enrique Santiago y su grupo le resultará más fácil ese trabajo de fontanería –del que son expertos- para amarrar a una mayoría de delegados que le permita continuar en la cúspide de la organización y continuar con su nefasta trayectoria que puede desembocar en la desaparición del PCE.
Desde que Enrique Santiago ocupara la secretaria general, hace ya cuatro años, varios miles de militantes han causado baja en la organización en un proceso que continúa imparable. Un verdadero desastre.
En realidad, Enrique Santiago y su grupo, no sostienen propuestas políticas de ningún tipo, salvo la de voceros de la socialdemocracia belicista. Por eso, ni siquiera constituyen una corriente, tendencia o una fracción en el PCE. Son solo un grupo que comparte vanidades y ambiciones personales.
El artículo 50 de los Estatutos establece que «El Congreso del PCE es el órgano supremo», fuente de toda la legalidad partidaria. Obligación básica de todo militante es el respeto a los Estatutos y al Programa aprobados en el Congreso, es decir, difundiendo, defendiendo y aplicando, como indica el artículo 17 de las normas estatutarias, la política del Partido en todos los espacios donde actúe. Es evidente que el cumplimiento de este deber elemental, es aún más exigible para aquellos miembros del Partido que ocupan puestos de máxima responsabilidad en la dirección, como así lo recalca el artículo 22 de los Estatutos.
Desde la celebración del XX Congreso en diciembre de 2017, son muchas las transgresiones a la legalidad partidaria cometidas por afiliados que ocupan altas responsabilidades en la dirección de la organización. La última de ellas, en fecha muy reciente, ha provocado un generalizado rechazo de la militancia, atónita al conocer cómo los miembros con carnet del PCE en el Gobierno Sánchez, apoyan el envío de armamento ofensivo a Ucrania con el subsiguiente respaldo a la OTAN y al ejecutivo belicista del que forman parte. Enrique Santiago, con anterioridad, había expresado ya en junio del pasado año, el respaldo a la celebración en Madrid, en junio de 2022, de la cumbre de esta alianza militar, brazo armado del imperialismo. Con esta actuación, violentan la decisión congresual de luchar por la salida de España de la OTAN y contra la presencia de bases militares extranjeras en nuestro territorio. No es de extrañar que un buen número de organizaciones territoriales hayan reclamado la celebración de un Comité Central extraordinario para cuestionar la presencia de miembros del PCE en el Gobierno de coalición, con motivo de la decisión de enviar material bélico de carácter ofensivo a Ucrania.
Estos mismos afiliados vulneraron, de manera repetida en estos últimos cuatro años, los principios del centralismo democrático y de la democracia interna regulados en los artículos 18 y 19 de los Estatutos. Apartándose del artículo 6 del Anexo I, procedieron a sancionar y a discriminar a numerosos militantes por el hecho de que discrepaban en el debate político de las posiciones de ciertos dirigentes, y procedieron, en no pocas ocasiones, a desmantelar incluso a organizaciones enteras, con tal de impedir la actividad de los militantes no afines a sus posiciones contrarias al XX Congreso. Ahora, abierto el proceso congresual, continúan actuando de igual forma.
El incumplimiento generalizado de los acuerdos del gobierno de coalición se ha debido, entre otros motivos, a que militantes con altas responsabilidades en la dirección del Partido, no han respetado la obligación estatutaria de realizar una actividad política encaminada al desarrollo de una amplia movilización popular que lograse modificar la correlación de fuerzas en favor de la clase obrera y de las capas populares. En su lugar, han puesto todo su empeño en defender a un ejecutivo que, además de belicista, pone en marcha todo tipo de medidas neoliberales contrarias a los intereses populares.
Estas y otras tantas infracciones a la legalidad congresual han provocado, como hemos señalado antes, que numerosos militantes hayan abandonado las filas del Partido, hartos de tantísimos incumplimientos al mandato congresual.
Es necesaria, por tanto, una nueva dirección que trabaje por la recuperación de un PCE del siglo XXI desde el respeto escrupuloso a la legalidad partidaria y a los principios del marxismo-leninismo, entendidos no como un dogma, sino como una guía para la acción.
La indignación en las filas del PCE crece imparable. El descontento es generalizado. Numerosas organizaciones territoriales muestran el desacuerdo con Enrique Santiago y su grupo y cuestionan las medidas que adoptan tanto dentro como fuera del gobierno de coalición.
Sin embargo, hemos de resaltar que cualquier alternativa organizada que pretenda un auténtico cambio en la dirección del PCE y, sobre todo, una nueva propuesta para recuperarlo y convertirlo en una organización comunista mediante el impulso de una candidatura alternativa, pasa necesariamente por abordar este proceso congresual desde el más amplio debate político y público entre los miembros del Partido, de abajo hacia arriba, dando a conocer todas las iniciativas y propuestas que se planteen al conjunto de la militancia, rompiendo así con el secretismo que quiere imponer el grupo reformista. Solo mediante un debate político abierto e intenso, propio de comunistas, se podrá convencer a la militancia, a los futuros delegados y delegadas congresuales, sean de la lista que sean, a que tomen la palabra y voten un cambio radical en la dirección de la organización que la convierta en el PCE que necesita la clase obrera y las capas populares.
Documentación del XXI Congreso del PCE:
Aportaciones de las aéreas al debate de XXI Congreso
Notas
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