La emergencia de Salud Pública y la lucha de clases
Se ha manifestado la lucha de clases bajo el confinamiento y después, con las primeras medidas de ajuste que han empezado a adoptar algunas multinacionales, potenciando la contradicción capital-trabajo donde el papel de la militancia comunista debe ir dirigido hacia un fortalecimiento del sindicalismo de clase.
En cuanto a la emergencia de Salud Pública por Covid-19 que hunde sus raíces en el capitalismo en versión ultraliberal, la situación actual es de generalización planetaria como corresponde a su caracterización como pandemia facilitada por la inapropiada preparación inicial de la Organización Mundial de la Salud como sistema internacional encargado de prevenirla y/o disminuir su impacto, estando por un lado deficientemente financiada y apoyada por los distintos Estados y al mismo tiempo recibiendo fondos de las multinacionales farmacéuticas y las industrias de tecnología sanitaria que la mediatizan como se puso de manifiesto en la gestión de la pandemia de Gripe A de 2009-2010 para descrédito suyo. No obstante cabe resaltar que en el pasado la OMS ha advertido de las amenazas de pandemia y su pérdida de autoridad se tradujo en menor capacidad ejecutiva al respecto en relación con los Estados miembros.
Se ha puesto de manifiesto que es fundamental articular la planificación eficaz y eficiente en el plano internacional para esta pandemia y para las próximas que más tarde o más temprano probablemente se producirán. En este sentido la decisión de Trump de retirar los fondos aportados por EEUU, y posteriormente de retirarse de la OMS, complica aún más la situación descrita. En su propio país Trump había recortado fuertemente los presupuestos del CDC (Centro de Control de Enfermedades) encargado de la vigilancia epidemiológica dejando desguarnecido, no solo el flanco de la asistencia sanitaria ya que carecen de sanidad pública universal, sino también el flanco de la detección precoz de epidemias. En el marco del panorama internacional podemos enorgullecernos una vez más del internacionalismo demostrado por la República Socialista de Cuba.
Cuando llegan estas situaciones se precisa, además de una capacidad de intervención estatal para actuar con una planificación que priorice la pandemia como vimos en China que aún conserva ese instrumento, de un potente sistema sanitario público que cubra a toda la población y que tenga medios suficientes para prestar una atención sanitaria de calidad a todas las personas. Los procesos de recortes y privatizaciones, de adelgazamiento del sistema sanitario público, acaban pagándose en los momentos de crisis porque entonces no hay medios suficientes para responder ante un aumento de la demanda. Y esto es lo que ha ocurrido en el conjunto de los países y en el Estado español en particular, no siendo casual que las dos CCAA que menos dinero por habitante dedican a los presupuestos sanitarios y las dos más privatizadas sean las que han tenido la situación más complicada. En este sentido, la comunidad de Madrid es un buen ejemplo de ello ya que se cerraron cerca de 3000 camas en hospitales y ahora de prisa y corriendo se tuvo que improvisar un hospital de campaña.
Por otro lado, también en la CA de Madrid y aunque ya se tenían noticias desde principios de enero del nuevo virus de Wuhan y no fue hasta el 22 de enero que la OMS se hace eco de transmisión entre humanos y no llegó hasta el 30 de enero la declaración de “emergencia de salud pública de alcance internacional”, llama la atención que, como nos han informado, a una persona que estaba citada el día 28 de enero para ser operada de la rodilla en el hospital Príncipe de Asturias el día 25 la llamaron por teléfono para decirle que la operación se posponía sine die y que solamente se podían hacer las operaciones vitales debiendo reservar una planta del hospital para enfermos con una “neumonía rara” y no tenían espacio disponible. Se puede deducir que se estaban tomando ya previsiones que no se corresponden con la escasa capacidad de respuesta que se manifestó después si bien es verdad que el carácter particularmente explosivo del contagio desbordó a un sistema sanitario muy afectado por los recortes. Tampoco el Gobierno del Estado español fue capaz de intervenir con la rapidez necesaria poniendo determinados sectores estratégicos al servicio de atajar de modo prioritario la epidemia, tal es el caso de la producción de materiales de protección para la clase trabajadora, como incluso favorecen algunos artículos de la Constitución de 1978. Y sobre el papel de la UE solo cabe señalar su bochornosa actuación.
Sin dudas la tasa de positivos a la infección Covid-19 por 100.000 habitantes está influida por el numero de test realizados y la presencia de positivos asintomáticos entre la población puede ser elevada, especialmente en las CCAA que ofrecen tasas muy bajas de afectados. La dispersión de valores ha sido muy grande, entre el mayor valor de La Rioja y el menor de Canarias, una explicación plausible es la climatología, en general los virus respiratorios se contagian menos con temperaturas superiores a los 25º y obviamente la insularidad favorece el aislamiento. Por otro lado las tasas menores de afectados se produjeron también en las CCAA menos envejecidas (Canarias, Murcia, Andalucía y Baleares). Las tasas de fallecidos oscilaron también ampliamente, entre la menor de Canarias y la más alta de Madrid, en principio es congruente que poblaciones con menos afectados y menos envejecidas tengan menos muertes registradas, aunque el caso de Madrid es especialmente grave y parece depender también de la baja capacidad del sistema sanitario, tan privatizado y recortado, para responder, y de la mala gestión del gobierno regional. En este contexto llaman la atención dos CCAA con bajas tasas de fallecimientos, Asturias y Galicia que son CCAA bastante envejecidas, lo que puede ser probablemente por una mayor dispersión de la población en núcleos muy pequeños.
En el caso concreto del Estado español, y parece que también en el de algún otro como Italia, la pandemia ha sacado a la luz la situación desastrosa de la mayoría de las residencias de mayores en manos privadas que no cumplen con los criterios mínimos de seguridad, de personal, de cualificación del mismo, etc, con unos espantosos resultados en fallecimientos de una población ya de por si especialmente vulnerable. Se precisa de una amplia red de residencias de titularidad y gestión pública.
En cuanto a las medidas de prevención y tratamiento dado el hecho de que no hay aún medicamentos claramente efectivos ni vacunas, han sido primordiales las medidas preventivas de aislamiento y confinamiento para el control de la fuente de infección, además de la detección temprana de pacientes, para el corte de la transmisión y la protección de la población susceptible. Aunque el sistema sanitario y el conjunto de la clase trabajadora de los servicios públicos esenciales son la principal fuerza de lucha contra la enfermedad, la participación de la población general en las medidas de aislamiento y confinamiento también viene siendo indispensable para el control de la epidemia. El 13 de abril supuso la vuelta al trabajo de la clase trabajadora de las actividades económicas no esenciales lo que suponía un peligro para su salud y para la estrategia de aislamiento y confinamiento al ceder a las presiones empresariales para preservar dichas actividades productivas. “Nuestras vidas valen más que sus ganancias”, decía un cartel sindical francés de estos tiempos: en algunas grandes empresas de actividad muy poco esencial en estos momentos, pero a resguardo de los ceses decretados por la alarma, los trabajadores ejercieron (unilateralmente) un “derecho de retirada” por el riesgo que se les hacía correr, reconocido por la legislación del país vecino. ¿Cuántas veces hemos leído u oído sobre una clase obrera poco menos que reducida por una “posmodernidad” venturosa a las dimensiones de un residuo del pasado y en vías de extinción? La emergencia pandémica ha descorrido algunos velos ideológicos que distorsionaban la realidad social. Son fundamentalmente trabajadores quienes sostienen toda vida social. Y quienes más se exponen. Sanitarios, en primer lugar, y con ellos trabajadores de la limpieza, del transporte y el reparto, de la alimentación, dependientes de supermercados y grandes superficies, reponedores, cocineros de hospitales y otras instituciones,…
Sin hablar aún propiamente de “desescalada” del confinamiento se adelantó a partir del 26 de abril una medida de adaptación al colectivo de los niños, de 0 a 14 años, permitiendo bajo condiciones su salida a la calle. Aún sin tiempo para valorar la repercusión epidemiológica de dicha medida y bajo la evidente presión social y política pero sobre todo del sistema productivo se procedió a anunciar el 28 de abril un Plan para la transición hacia la “nueva normalidad” por parte del Presidente Sánchez para ir desescalando al tiempo que se realizaba un amplio estudio seroepidemiológico, iniciado el día 27 de abril y cuyas conclusiones se conocerán plenamente a finales de junio.
Mientras tanto, se han ido aplicando medidas sucesivas en 4 fases haciendo una monitorización continua de indicadores epidemiológicos y de capacidad sanitaria para que en caso de evidencia de rebrote infeccioso que amenace con desbordar el sistema sanitario dar marcha atrás de modo inmediato en las medidas adoptadas.
La lucha de clases sin dudas se manifestó bajo el confinamiento en las contradicciones generadas en el trabajo de los servicios públicos esenciales, por las condiciones de trabajo en la primera línea de lucha frente al coronavirus fundamentalmente, también en las condiciones de trabajo de otros sectores básicos como el de la producción y distribución de alimentos, etc. Y después, con las primeras medidas de ajuste que han empezado a adoptar algunas multinacionales, ha explosionado en las luchas de la clase trabajadora de Nissan, de Alcoa…manifestándose las contradicciones donde deben tener su expresión que es en la potenciación de la contradicción capital-trabajo y ahí el papel de la militancia comunista en relación a las direcciones reformistas de CCOO y UGT debe ir dirigido hacia un fortalecimiento del sindicalismo de clase, socio-político, democrático, asambleario, unitario, de masas, independiente de la burguesía e internacionalista.
Así mismo están particularmente dadas las condiciones para que el movimiento de defensa de la Sanidad Pública se manifieste con toda la fuerza que le imprime la situación actual para conquistar la derogación de la Ley 15/97 ley privatizadora impulsada por el PP y apoyada por el PSOE, CC, PNV y CiU. Dicha derogación no se contempla en el programa del Gobierno de coalición PSOE-UP, tan solo se habla en el de “revisión”. Tampoco se contempla la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad de 1986 impulsada por el Gobierno de Felipe González, en la que se establece la política de concertación o de convenios singulares con las empresas del sector sanitario privado para la realización de labores “complementarias” de la Sanidad Pública y que en realidad en muchas ocasiones se han convertido en principales dejando el carácter de complementaria para la Sanidad Pública. También hay que eliminar los copagos establecidos en el RDL 16/2012 del PP que no ha terminado de ser derogado por completo por el Gobierno de coalición PSOE-UP. La consecución de esas medidas concretas sería más palpable que el “compromiso” de Sánchez de reformar la Constitución para “blindar la Sanidad Pública”. Para ello ya se ha retomado la dinámica movilizadora el pasado 20 de junio.
Por mucho que desde el gobierno socialdemócrata de PSOE-UP se planteen lo que son en realidad insuficientes medidas para paliar el duro ajuste a la clase trabajadora y las capas populares es por lo que estas no pueden conformarse y limitar la inevitable respuesta política movilizadora a lo que es una sobreagudización de la crisis capitalista, en las vertientes sanitaria, económica, social y política, desencadenada por la emergencia de Salud Pública de la pandemia por Covid-19.
Con todo, el objetivo fundamental no debe ser otro que el de nacionalizar todo el sector privado de la sanidad, así como también la industria farmacéutica, tal y como indica el Programa Político aprobado en el XX Congreso del PCE cuando apunta a la necesidad de nacionalizar los sectores estratégicos de la economía (pág. 19).
Con la llamada “nueva normalidad” ya está volviendo la capacidad para la organización y la movilización y «Lo decisivo es ganar en el seno del conjunto del movimiento obrero el sindicalismo de clase, derrotando las posiciones del sindicalismo burgués. Las siglas de CC.OO. que están siendo hoy usurpadas por los reformistas, puede que vuelvan entonces a ser patrimonio de la clase obrera de nuestro país. Pero esa batalla ideológica por ganar la causa del sindicalismo revolucionario en el movimiento obrero y en las capas populares, arrinconando al sindicalismo reaccionario y burgués, solo podrá lograrse, como así fue durante la dictadura, con un nuevo PCE pertrechado en esos principios del marxismo- leninismo que hoy forman parte de su mandato congresual.»
Debemos seguir exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del XX Congreso del PCE
«para la recuperación de la soberanía plena, de salida de la UE y el Euro, de nacionalización de los sectores estratégicos de la economía frente al capital monopolista internacional». Esas propuestas de intervención son las que deberían ser aplicadas por el Gobierno de PSOE-UP en la situación actual por lo que el PCE debe abandonar dicho gobierno pasando a articular la organización y movilización popular por una salida antimonopolista y antiimperialista con orientación socialista. En ese marco volvemos a insistir en la necesidad de impulsar urgentemente pasos concretos y decididos para facilitar un proceso de reunificación de las y los comunistas del Estado Español.