Las transgresiones del Manifiesto-Programa del PCA al XX Congreso del PCE

La expropiación de fincas a los terratenientes y el reparto de tierras a los campesinos constituye un proceso revolucionario. Fuente: Corriente Roja, 17.01.18

Una atenta lectura del Manifiesto Programa y del Documento Político-Organizativo que la dirección del PCA defiende ante el próximo Congreso, detecta posiciones políticas contrarias al vigente mandato del XX Congreso del PCE.

El Comité Central del Partido Comunista de Andalucía convocó el pasado 20 de febrero el XIII Congreso del PCA para el día 6 de junio de 2021, aprobando los documentos a debate, las normas y el correspondiente calendario.

Uno de estos documentos es el «Manifiesto Programa del PCA». En las normas aprobadas para este evento congresual se indica que el «objetivo político es definir la línea política, la táctica y la estrategia de los y las comunistas andaluces dentro de los acuerdos del XX Congreso del PCE, actualizados en su última Conferencia Política

Se da la especial circunstancia de que el XIII Congreso del PCA se convoca con anterioridad a la celebración del XXI Congreso del PCE, que aún no ha sido acordado, y que por obligación estatutaria tendrá que celebrarse durante el presente año 2021 –art. 51.1 de los Estatutos-.

La norma habitual es que los congresos de las organizaciones de nación o región se celebren después del congreso del PCE y así se establece en el artículo 48.1 de los Estatutos de la organización. De manera excepcional cabe la posibilidad de que puedan tener lugar con anterioridad, pero el artículo 51.4 de los Estatutos previene que en tal caso «deberán celebrar una segunda vuelta del mismo tras la celebración del Congreso del PCE para adecuar la política y organización a lo aprobado en éste

Por consiguiente, y atendiendo a las consideraciones apuntadas, el Manifiesto Programa del PCA y el Documento Político-Organizativo no pueden contrariar el mandato congresual del XX Congreso, y si se adoptase una posición política diferente a éste deberá considerarse nula de pleno derecho. En primer lugar, porque una organización de nación o región no puede transgredir el mandato congresual del PCE ya que estos congresos solo pueden, según el artículo 47.1 de los Estatutos, «aplicar los acuerdos de los órganos de la dirección central teniendo en cuenta las características sociales, políticas y culturales de su ámbito de actuación.» En segundo lugar, porque las propias normas para el XIII Congreso acordadas por el Comité Central del PCA determinan, como hemos dicho antes, que el objetivo político del Congreso es el de «definir la línea política, la táctica y la estrategia de los y las comunistas andaluces dentro de los acuerdos del XX Congreso del PCE».

Dicho esto, de una atenta lectura de este Manifiesto Programa y del Documento Político-Organizativo que presenta la dirección del PCA a la consideración del próximo Congreso, puede detectarse posiciones políticas contrarias al vigente mandato del XX Congreso del PCE. Señalamos algunas de éstas:

Ilustración de Fernando Francisco Serrano.
Ilustración de Fernando Francisco Serrano.

a) En relación a la Unión Europea, el Manifiesto Programa del PCA expone la necesidad de contribuir «a la transformación de la Unión Europea en una verdadera unión política, democrática, liberada de las presiones de los poderes facticos y empresariales transnacionales, cuyas instituciones realicen políticas unificadas en el ámbito fiscal, monetario y cambiario que garanticen la convergencia de todos los ciudadanos y países europeos con derechos y condiciones económicas de sostenibilidad y cohesión social, territorial y ecológica»[i]. El documento defiende, por tanto, la viabilidad y la oportunidad de una reforma de la actual Unión Europea.

Sin embargo, el XX Congreso del PCE estableció, en su primera fase de abril de 2016, que: «El proyecto de la UE y el Euro han sido un terrible desastre para los pueblos de Europa, especialmente para la clase trabajadora y las capas populares. Los efectos sobre la clase trabajadora y sobre el tejido productivo de nuestro país han sido demoledores. Esto es un hecho absolutamente objetivo, fruto de un proyecto irracional y perverso cuya desaparición es cada vez más necesaria. Tanto la UE como el euro son irreformables dado que se han construido sobre los valores y los principios del capitalismo, y se han construido para servir los intereses del poder económico y financiero.»[ii]

En el Documento Político del PCE 2ª fase, diciembre de 2017, sobre esta misma cuestión indica: «La UE, como ente político-jurídico-económico supranacional europeo, se ha demostrado como un proyecto neoliberal irreformable por la propia autoprotección que le otorgan los tratados de Constitución, Maastricht y Lisboa. La UE es un proyecto de clase que actúa como avanzadilla del imperialismo, con una total dependencia de las decisiones de la OTAN y que se debate entre la implosión ultraderechista o la continuidad de un proyecto neoliberal supeditado al interés de los EEUU sostenido por la socialdemocracia y la derecha tradicional europea[iii]

Por otra parte, el Manifiesto Programa del PCA en ningún momento toma posición respecto al grave problema de la deuda, algo que el XX Congreso del PCE abordó al señalar que:«Debemos asumir la imposibilidad de pagar la deuda o, caso contrario, hipotecar al país por décadas.»[iv] así como «Nos negamos al pago de la deuda ilegítima y reclamamos instrumentos de soberanía económica y monetaria para hacer frente a cualquier crisis.»[v]

b) En lo relativo a la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, la propuesta de Manifiesto Programa señala de manera expresa que: «los y las comunistas pedimos la derogación de los aspectos regresivos de las reformas laborales...».[vi] Con anterioridad, Yolanda Díaz, ministra de trabajo y afiliada al PCE, había manifestado que la derogación de la reforma laboral no se podía hacer «técnicamente» de manera total ni durante la pandemia. 

Por otra parte,  el informe del reciente XV Pleno del Comité Central del PCE sustituye la derogación de la reforma laboral de 2012 por una nueva reforma laboral para acomodarse así a las exigencias que impone la Unión Europea para poder percibir los fondos europeos (NGEU). Se suplanta la «derogación de la reforma laboral de 2012» por la necesidad de acelerar la reforma laboral, expresión que se reitera cuando indica: «La situación de bloqueo para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social respecto a la puesta en marcha de la reforma laboral…» o, cuando finalmente señala la oportunidad de reivindicar «la puesta en marcha de una reforma laboral».

Este criterio se repite en el informe de la Comisión Política de 9 de abril pasado que reivindica la necesidad de una nueva reforma laboral, pero no de la derogación de las reformas laborales anteriores del PSOE y del PP, y ello con la finalidad ya apuntada de ajustar la legislación laboral a las exigencias de la Unión Europea en el marco del llamado Plan de recuperación para Europa.

Esta posición política se aparta de la decisión que adoptó el XX Congreso del PCE llamando a la militancia a luchar por la derogación integra de las dos reformas laborales del PSOE y el PP que tantísimo daño están provocando a los trabajadores.[vii]

Conviene recordar, asimismo, que el acuerdo de coalición gubernamental de diciembre de 2019 establecía (https://hojasdebate.es/opinion/que-fue-del-acuerdo-de-coalicion/) que: «derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012.» 

Además de infringir el mandato del XX Congreso del PCE, el documento de la dirección del PCA citado se aparta incluso de lo estipulado en el gobierno de coalición del que forma parte el PCE.

c) Llama la atención que ni el Manifiesto Programa, ni el Documento Político-Organizativo, dediquen una sola línea sobre las limitaciones actuales de los derechos y libertades democráticas, salvo la mención en la tesis 11 del Manifiesto que establece como objetivo político: «conservar las libertades y derechos conquistados» sin denunciar las restricciones actuales a este régimen de derechos y libertades. En especial, no consta en ninguno de los documentos señalados, como reivindicación básica, la derogación de la llamada ley mordaza.

El recorte de los derechos y libertades democráticas se denunció en el XX Congreso, que indicaba como principal exponente restrictivo la ley mordaza, «una clara medida disuasiva para reprimir la protesta social e infundir el miedo que la gente estaba perdiendo junto con sus derechos[viii]

La derogación de esta normativa se encuentra, además, recogida con el carácter de compromiso, en el acuerdo de gobierno de coalición que establece en su punto 5.6 el compromiso del ejecutivo de promulgar «una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la Ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.»

d) El Manifiesto-Programa aborda la cuestión agraria y expone que la reforma agraria en Andalucía debe centrarse en unos principios que enumera y entre los que no encontramos el relativo al cambio de la propiedad de la tierra. Sobre este importante tema se dice: «en el marco de la legislación estatal sobre expropiaciones y de la Ley 34/1979 de 16 de noviembre, sobre fincas manifiestamente mejorables que incumplan la función social de la propiedad, la Junta de Andalucía podrá iniciar procesos expropiatorios de las fincas rústicas para incorporarlas al Patrimonio Agrario Andaluz, especialmente en aquellas comarcas calificadas de interés social manifiesto

Con la normativa que se expone y la ley 8/1984, de 3 de Julio, de Reforma Agraria que creó el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, no se ha logrado ningún proceso real de cambio de la propiedad de la tierra. La compra a los terratenientes con dinero público de aquellas partes de sus latifundios menos productivos se ha venido realizando, en la mayoría de los casos, mediante abono de parte del precio con mejoras de accesos e infraestructuras, no para beneficio de la parte expropiada, sino para revalorizar aquella que quedaba en manos del terrateniente. Las 50.000 hectáreas expropiadas de este modo fueron luego privatizadas, junto con el desmantelamiento del IARA. El resultado ha sido una mayor concentración de la tierra en menos y peores manos. En la actualidad más del 30% de las grandes fincas andaluzas se encuentran en manos de bancos y de fondos buitre, que han abierto un proceso de uberización del campo.

El programa del XX Congreso del PCE, por el contrario, contempla la reforma agraria como un «un amplio proceso de distribución de la propiedad de la tierra. La posesión y uso de la tierra deben estar subordinados al principio de que sólo tiene derecho a la tierra, quien en ella trabaja, depende de ella y en ella reside con su familia.» La reforma agraria se concibe no solo como un reparto de tierras, que también lo es, sino como democratización de la estructura agraria, «lo que presupone transformar las relaciones de poder económico y político, causantes de la reproducción de la concentración agraria

Bajo el paraguas de la vigente legislación que invoca el Manifiesto, a la duquesa de Alba no se le expropió ninguna de sus propiedades agrícolas, aunque no hubo inconveniente en que recibiera la medalla de oro al mérito de las bellas artes, junto a Julio Iglesias, la medalla de oro de Sevilla, y fuese nombrada por la Junta de Andalucía hija predilecta de la Comunidad, madrileña de nacimiento, aunque andaluza de corazón, entre otras tantas condecoraciones.

La expropiación de fincas a los terratenientes y el reparto de tierras a los campesinos constituye un proceso revolucionario imposible de llevar a cabo a través de una legislación que nace, no desde la ruptura democrática, sino desde una reforma política cuya máxima proyección jurídica es una Constitución que dejó indemne hace cuatro décadas a la oligarquía, mantuvo los privilegios de la Iglesia Católica, restauró la Monarquía Borbónica, mantuvo el aparato de estado de la dictadura, nos sometió aún más al capital internacional y al imperialismo, decretó la impunidad de los crímenes del franquismo e impuso la pluralidad sindical y el sindicalismo de pacto social o burgués.

Miguel Medina Fernández-Aceytuno, militante del PCE y del PCA


[i] Manifiesto Programa del PCA, página 54.

[ii] Documento Político primera fase, abril 2016, página 28.

[iii] Documento Político segunda fase, diciembre 2017, página 10.

[iv] Documento Político segunda fase, diciembre 2017, página 13.

[v][v] Documento Político segunda fase, diciembre 2017, página 14.

[vi] Manifiesto Programa del PCA, página 48.

[vii] Documento Político primera fase, abril 2016, página 34-35.

[viii] Documento Político primera fase, abril 2016, página 13.

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