No es país para viejos (buitre sí come alpiste)

Hace 3 años se hizo un cálculo de lo que costaría legalmente nacionalizar  el sector de las Residencias de Mayores. Entre 5.000 y 10.000 millones.  1.000 menos de lo que cuesta financiar a la Iglesia Católica cada año.  

El líder de Extremoduro, Robe Iniesta, aseguraba que un buitre no come alpiste.  En este artículo demostraremos que sí, que hay buitres que además de carroña,  comen alpiste. Y mucho.  

Europa es vieja. Y España más aún. De los 9,5 millones de habitantes mayores  de 65 años actuales (más del 20% de la población) pasaremos a 16 millones en  2050. Esto supone que de cada 100 españoles 37 estarán en la tercera edad.  Estas cifras, que para los estadísticos, demógrafos o sociólogos son números a  interpretar, para los buitres son carne en descomposición. ¡Y qué bien huele! No  es de extrañar que la gran burguesía internacional y autóctona haya bendecido  la “economía plateada” como un sector estratégico, una inversión segura para  lograr una importante rentabilidad, de la mano amiga de las Administraciones  Públicas.  

En el Estado Español hay alrededor de 5.600 Residencias de Mayores que  suman cerca de 400.000 camas. Actualmente hay en construcción otras 25.000  plazas y se calcula que en los próximos 12 años se irán implementando  225.000 plazas más, que precisarán una inversión de 11.000 millones de €. El  sector de los cuidados precisará 12.000 nuevos trabajadores hasta el año 2.030.  El 85% de las camas está en manos privadas, principalmente multinacionales,  fondos de inversión transnacionales, grandes capitalistas españoles e Iglesia  Católica. Estos señores controlan los 13 mayores grupos de Residencias en  España. De las cinco principales compañías, todas con más de 45 geriátricos,  dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalina Home y  Colisée), una a un fondo inglés (Domus Vi) y otra a un fondo de pensiones de  Canadá (Orpea). En el negocio nos encontramos con cinco de los hombres más  ricos del país: Florentino Pérez, los “Albertos” (Clece), Modesto Álvarez Otero y  Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Y la quinta fortuna de Francia: la familia  Mulliez (Amavir). Dos grupos están controlados por empresarios implicados en el  caso Gürtel: el condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José  Luis Ulibarri (Aralia). A todos estos animalitos, que presumen de crear riqueza y  juran por el libre mercado, Papá Estado les financia alrededor del 70% de las plazas. ¡Qué rico el alpiste!  

Para pasar de lo abstracto a lo concreto vamos a ilustrar el caso andaluz de una  conocida cadena de Residencias, hoy en manos de un gigante europeo del  sector: un empresario condenado a 6 años de cárcel (por ser testaferro del principal imputado en el Caso Intelhorce) se beneficia de un polémico tercer  grado que sorprendió incluso en el ámbito judicial. En menos  de una década pasa de montar su primera residencia a tener macroresidencias  por toda la provincia de Málaga y parte de Andalucía. La Junta de Andalucía le  concierta, en alguna de ellas, hasta un 90% de las plazas. Cuando sus dueños  consideran que se han forrado bastante, venden la empresa a la multinacional  de origen francés Korian, cuya Directora, antigua mano derecha de Christine Lagarde, se embolsa 1 millón de euros al año de emolumentos. El sector público  sigue concertando con ellos la inmensa mayoría de las plazas. En la pandemia,  según denunció el Comité de Empresa de uno de sus centros, sus trabajadores  no contaron con el material necesario de protección. Los contagios se cuentan  por cientos. Los muertos por decenas. Las instituciones responsables no  investigan con el debido rigor y la empresa se va de rositas. Caso cerrado y  represión contra los denunciantes. Solo una Directora da la cara por los  trabajadores y denuncia la verdad: hay orden superior de no dar el material de  protección para ahorrar costes. Solución: Directora despedida y venganzas  personales contra su entorno.  

Por otra parte, en las Residencias Públicas, que son una ínfima minoría en  nuestro país, se está apostando por una privatización a plazos a base de  externalizaciones (lavandería, cocina, limpieza…) creando trabajadores de  primera y de segunda y deteriorando el servicio y la atención a los residentes.  

La realidad laboral de un sector precarizado y feminizado, con un Convenio  basura firmado hace días por los sindicatos mayoritarios. Cargas de trabajo insoportables que  derivan en enfermedades profesionales no reconocidas y riesgos psicosociales  de todo tipo. Nulo reconocimiento profesional y personal. Para la sociedad somos  limpiaculos y para los patronos bultos de usar y tirar.  

Hace 3 años se hizo un cálculo de lo que costaría legalmente nacionalizar el  sector de las Residencias de Mayores. Entre 5.000 y 10.000 millones. 1.000  menos de lo que cuesta financiar a la Iglesia Católica cada año. Es solo voluntad  y determinación política. Es decirles a los buitres que se acabó comer alpiste y que  tampoco van a comer más carroña humana en este sector. Que ya han extraído  la plusvalía de los trabajadores durante toda su vida laboral y no van a robar  también sus pensiones cuando ingresan en una residencia. Es necesario apostar  por un modelo 100% público, humanizado, transparente, democrático, donde  residentes, familiares y trabajadores tengan voz y voto. Un modelo centrado en  la persona y sus necesidades.  

Los cuidados profesionalizados, cualificados y cargados de compromiso y  vocación que brindamos las trabajadoras de las Residencias son insustituibles. 

Muchas veces, y más tras la pandemia, escuchamos a gente afirmar  categóricamente que las Residencias son campos de concentración, que las  personas dependientes deben estar en su domicilio (atendidos, claro está, por  las mujeres de la familia o por trabajadoras internas del hogar). Nosotros decimos  que no. Que eso no es un trabajo, sino esclavitud y debe ser abolido. A los mayores hay que atenderlos desde la cualificación y desde un trabajo con  derechos. No desde la obligación moral o desde la extrema necesidad. La  mayoría de casos de maltrato y abandono se dan en el ámbito familiar y en el  domicilio, no en las Instituciones.  

Hacemos nuestra y finalizamos con la reflexión de la compañera de nuestro  sector y Eurodiputada de La Francia Insumisa, Anne-Sophie Pelletier: «Hay que  dejar de ver como normal los escandalosos beneficios de las multinacionales de  este sector y en cambio, hay que ver normal las socialización de las Residencias  con fines de lucro. La vejez solo puede vivirse dignamente si el Estado pone los  Recursos Humanos».